En Colombia —y con mayor razón bajo el actual gobierno— nunca es del todo claro si estamos viviendo una realidad institucional, una fábula tropical, una comedia de enredos o una tragedia anunciada. A ratos, todo parece una mezcla extravagante digna de una saga de ciencia ficción. Pero si de fe se trata, este país ya tiene un santo patrono bien definido y, por lo visto, muy eficiente: San José. No el carpintero bíblico, sino la Fundación Universitaria San José, convertida hoy en la inesperada catedral de la “meritocracia” del Gobierno del Cambio.
Se nos prometió una nueva república fundada en el saber, el conocimiento y la ética pública. Se habló de erradicar la improvisación, desterrar la incompetencia y dignificar la función pública mediante la selección por méritos. Sin embargo, la realidad ha mostrado otra devoción: un fervor casi místico por los títulos exprés, los diplomas instantáneos y las credenciales de bolsillo. Una verdadera comunión académica donde el cartón parece importar más que el contenido.
Los episodios más recientes —y quizá los más escandalosos— de este sainete educativo tienen como protagonista a la Fundación Universitaria San José. Según denuncias ampliamente difundidas, al menos 24 funcionarios y contratistas del Gobierno Nacional habrían obtenido títulos de manera irregular, sin cumplir requisitos básicos exigidos por la ley, como la presentación del examen Saber Pro, condición indispensable para una graduación válida en Colombia.
Y como si el guion lo hubiera escrito García Márquez en su etapa más surrealista, aparecen casos que desafían cualquier lógica académica y cronológica. Un funcionario de la DIAN que, milagrosamente, se habría graduado el mismo día de cuatro carreras distintas —Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional—. O la secretaria del despacho presidencial, quien, según los registros cuestionados, obtuvo tres títulos universitarios en una sola jornada de julio de 2024. No es un milagro bíblico: es, al parecer, un prodigio administrativo.
No estamos hablando de anécdotas folclóricas, sino de títulos que habrían servido para acceder a cargos públicos y contratos estatales por más de mil millones de pesos. Es decir, diplomas que no solo adornan paredes, sino que abren chequeras del Estado.
El nivel de absurdo es tal que uno se pregunta si no estamos frente a un nuevo modelo educativo: la “universidad express”, donde el conocimiento se adquiere a la velocidad de un trámite y el mérito se mide en horas, no en años. ¿Para qué largas jornadas de estudio, prácticas, evaluaciones o tesis, si es posible acumular tres o cuatro carreras antes de que se enfríe el café?
Más desconcertante aún ha sido la reacción del presidente Gustavo Petro. En lugar de condenar lo que muchos consideran un fraude académico o, como mínimo, una burla a la legalidad, el mandatario defendió la supuesta legitimidad de avanzar “rápido” en los estudios mediante la combinación de ciclos y títulos, apelando además a la defensa de “trabajadoras y trabajadores humildes”. Un argumento que, por cierto, revive recuerdos incómodos de su paso por la Alcaldía de Bogotá, también salpicado por polémicas relacionadas con títulos académicos.
Nadie discute la dignidad del origen social. Lo que sí está en discusión es la honestidad del proceso. Porque si un gobierno que se autoproclama defensor del mérito y la transparencia justifica que una persona acumule varios títulos simultáneos sin cumplir los requisitos legales, entonces el discurso del “cambio” empieza a desmoronarse. ¿Cómo explicarles a millones de colombianos que estudiaron con rigor, sacrificio y años de esfuerzo, que el mérito ahora es opcional?
No sorprende, entonces, que críticos hablen ya de un “cartel de diplomas irregulares” enquistado en el propio aparato estatal. Un fenómeno que no solo compromete la reputación de una institución educativa, sino la responsabilidad de quienes nombran y contratan funcionarios basándose en credenciales, cuando menos, dudosas.
El Ministerio de Educación ha anunciado investigaciones y la Fiscalía observa el caso con lupa. Pero más allá de las consecuencias legales, el escándalo deja al descubierto un problema estructural: cuando desde el poder se relativiza el valor del mérito académico y se sugiere que los títulos no son relevantes para cargos de alta responsabilidad, se abre la puerta para que el conocimiento deje de ser un valor y se convierta en moneda de cambio político.
Así, en esta tragicomedia llamada “el cambio”, San José parece haberse transformado en el patrono oficial de los títulos exprés, muy lejos de representar la academia, la ciencia o el respeto por las reglas básicas de la educación. La moraleja es amarga pero clara: en la Colombia de hoy, parece importar menos lo que se sabe y más la habilidad para doblar las normas hasta que el cartón —no el conocimiento— hable por uno.
