La destrucción del embarcadero de Playa Blanca no fue un accidente inevitable ni un simple capricho del mar. Fue la consecuencia anunciada de un proyecto que nació con anomalías en la licitación, vínculos incómodos entre contratistas e interventores y un discurso oficial que hoy se contradice para evadir responsabilidades. Lo que cayó no fue solo una estructura de madera: se derrumbó el relato de eficiencia y transparencia del gobierno de Dumek Turbay.
Las excusas del alcalde Dumek Turbay Paz no se hicieron esperar. No es de extrañar. Los que le hemos hecho seguimiento sabemos de su actuar. El abogado cartagenero José Ángel Morales lo resumió bien en un trino: «Tienen un manual para todo: si la obra se deteriora en unos meses, es responsabilidad del contratista. Si la obra se daña pasados un par de años, es culpa de la administración siguiente por no hacerle mantenimiento. La responsabilidad siempre es ajena».
Además, preocupa el grado de desinformación que mostraron los cartageneros en los diferentes foros de publicaciones en redes sociales acerca de los antecedentes de este proyecto que presentó anomalías desde su etapa de licitación y que fueron difundidas en mis columnas en el Portal 724 | Noticias y en entrevistas en el Canal Cartagena a mediados del año pasado.
El alcalde Turbay y su equipo de comunicaciones, expertos en cortinas de humo, trataron desesperadamente de acallar lo que era más que evidente. Y, en el proceso de eximirse de culpa, realizaron afirmaciones que dejan aún más dudas que necesitan ser aclaradas, ya que el embarcadero de Playa Blanca le costó a los cartageneros la bicoquita de casi $5.260 millones.
Este análisis que aquí presento se enfoca en dos aspectos básicos: (1) las anomalías del proceso licitatorio y (2) las afirmaciones del alcalde Turbay respecto a quién se hará responsable por los daños de la obra.
Anomalías del Proceso Licitatorio
Experiencia del contratista: la construcción del embarcadero fue asignada al Consorcio Embarcaderos Cartagena (Licitación LP-SID-005-2024). El consorcio está conformado por Ingeniería y Gestiones de Colombia SAS (Ingecol SAS) y Construlatina SAS (antes Sair Ltda).
Ingecol SAS es una sociedad cartagenera, cuyos representantes legales actuales son Alex Javier Martínez Miranda y Ambrosio José Fernández Martínez-Aparicio. Sin embargo, entre las actas de la compañía aparecen los nombres de Osvaldo Rodríguez Luna y José Gabriel Martínez Miranda. Osvaldo representa a Dinacol SAS, que es una de las empresas que construye el Gran Malecón del Mar. Por su parte, José Gabriel no solo es hermano de Alex, sino también trabajó para Dinacol SAS y aparece en el acta de constitución de la empresa Ingenierías y Mantenimiento SAS, la cual hace parte del consorcio que hizo la interventoría de la construcción de los embarcaderos (Consorcio CC Interventorías). Todos estos personajes son viejos conocidos del alcalde Turbay desde que este era gobernador de Bolívar.
Construlatina SAS es una de las empresas del denominado ‘Clan Barranqueño’ que presentó un documento, expedido por Ecopetrol el 29Ago2002, donde se certificaba que tenía experiencia en la construcción de muelles. El supuesto contrato, por un costo de más de $2.870 millones, se llevó a cabo entre el 23Mar2002 al 10Ago2002. Al presentarle una petición a la petrolera respecto al citado documento, esta respondió que no tenía registros de dicho contrato. Y que el único contrato suscrito con Construlatina SAS fue una orden de trabajo con fecha del 23Ago2002 (y un adicional) cuando se llamaba Sair Ltda por un valor de $11.1 millones para realizar un anclaje en un cuarto de máquinas (ver aquí la respuesta completa).
De todo lo anterior se derivan varios hechos notorios:
- Que el hecho de que en las empresas del constructor y el interventor haya dos hermanos pone en tela de juicio la objetividad necesaria para la supervisión de la calidad de la obra. El ratón cuidando el queso.
- Que resulta extraño que Ecopetrol dé cuenta de una orden de trabajo de solo $11.1 millones con fecha de 13 días después de la finalización del contrato del muelle de Puerto Berrío, pero no tenga registros de este último que fue 259 veces más costoso.
- Que, al no existir registros de dicho contrato, no hay manera de demostrar que Construlatina tenía experiencia en la construcción de muelles como lo exigían los requisitos establecidos en los pliegos de la licitación.
- Que a la solicitud presentada al secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte Restrepo, de pronunciarse al respecto, este no contactó a Ecopetrol, sino que se limitó a pedirles explicaciones al consorcio constructor, quienes, por obvias razones, negarían a toda costa cualquier denuncia de falsedad documental.
- Que lo expuesto arriba comportaría varias conductas punibles que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía 55 Seccional Cartagena, la cual, luego de ocho meses de ‘indagación’ (léase de no hacer nada) y como resultado de una tutela que les interpuse la semana pasada, finalmente expidió antier la orden judicial para dar inicio a las actividades de investigación y realizarme una entrevista.
Las afirmaciones del alcalde Turbay respecto a quién se hará responsable por los daños de la obra
No puedo siquiera recordar cuántas publicaciones desesperadas salieron desde las redes sociales del alcalde Turbay y algunos de sus alcahuetes asesores tratando de tapar el escándalo. Pero lo más hilarante fue ver el contraste del escenario apocalíptico que pintaban para excusar la destrucción del embarcadero, pero al mismo tiempo afirmaban que, pese a la fuerza del mar de leva, la protección costera dizque mostraba su efectividad. Ni para eso son buenos.
En la mañana del 02Feb2026, esto trinaba el alcalde: «[…] El embarcadero de Playa Blanca, cuya plataforma de madera fue desprendida por la furia incesante del oleaje, y como se ha dicho en repetidas oportunidades, será reconstruida por el contratista sin generar erogaciones adicionales al Distrito, pues para eso existe lo que se llama una «póliza de estabilidad de la obra», una garantía que asegura su calidad, seguridad y funcionalidad, protegiendo al contratante (Distrito) de deterioros o fallas, y cubriendo así riesgos más allá de la ejecución misma del contrato […]».
La póliza del contrato asigna $1.237.344.708 para cubrir la estabilidad y calidad de la obra, y tiene vigencia hasta el 07Oct2030. Por otro lado, al revisar la propuesta económica oficial del proyecto puede verse que las actividades de construcción del embarcadero de Playa Blanca fueron divididas en cuatro ítems: (1) Preliminares, (2) Cimentación y Bases Embarcadero, (3) Estructura Embarcadero y (4) Barandas, Defensas y Accesorios.
De acuerdo al alcalde, los pilotes no sufrieron daños, de lo que se desprende que, en teoría, los daños están relacionados con los ítems 3 y 4, los cuales tienen un valor de $2.487.423.507 y $564.524.112, respectivamente. El costo total de los dos ítems es $3.051.947.619. Es decir, la póliza solo cubre el 40.5% de ese monto, por lo que el contratista deberá cruzar los dedos para que los daños no excedan esa cantidad.
El diseño de la estructura fue realizado por la Secretaría de Infraestructura (en donde hasta el año pasado trabajaba Enovaldo Herrera Meléndez, pupilo de Alfonso Arrieta Pastrana), lo que la haría asumir la responsabilidad. Sin embargo, en el Anexo Técnico de la licitación (págs. 5-6) puede leerse que «[…] finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños […], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras […]».
Ahora bien, si el contratista va asumir los gastos de la reparación, esto implica entonces que ha aceptado que erró en uno o varios aspectos de la construcción, tal y como reza el Documento Base de los Pliegos Tipo (págs. 61-62): «[…] El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato […], por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción […]».
Basados en los documentos antes citados y en las declaraciones del alcalde Turbay sosteniendo que el contratista asumiría las reparaciones, hasta ayer podía inferirse que la estructura estaba diseñada para soportar los embates de un evento meteomarino como el registrado hace unos días y que la falla del embarcadero se debió a causas de otra índole.
No obstante, esta mañana, Dumek Turbay Paz aseguró en una publicación que «[…] El embarcadero fue diseñado para responder adecuadamente a las condiciones normales y a eventos extraordinarios propios del entorno marítimo, incluidos fenómenos como frentes fríos y oleajes atípicos. Las afectaciones recientes se produjeron como consecuencia de un evento climático excepcional […]». En otras palabras, el motivo sería de fuerza mayor. Esto, hipotéticamente, eximiría al constructor de toda responsabilidad.
El consorcio contratista no se ha pronunciado al respecto, pese a que Dumek Turbay, vía ‘X’, los sentenció a asumir los daños. Dicen que el que calla otorga. Yo no sé si es que Turbay y sus amigos tanto del consorcio contratista como del interventor no se han dado cuenta de la dicotomía jurídica en la que se encuentran y las repercusiones que se derivan de lo que suceda de ahora en adelante.
Si yo fuera el contratista no me haría responsable de nada. Creo que estaríamos presenciando uno de los actos de altruismo más grande en la historia de la construcción cartagenera, porque asumir sin reclamo alguno la totalidad de la pérdida sería una clara e indiscutible aceptación de la culpa, que legalmente no conllevaría a la indemnización integral por estos hechos, que generarían daño emergente y lucro cesante. Como muchos de mis colegas ingenieros civiles ya se habrán dado cuenta, y las autoridades están en el deber de investigar, aquí hay algo que no cuadra.
Este antecedente obligaría al contratista a responder por cualquier daño que le suceda a la estructura por otro evento similar o mayor. Y recordemos que la póliza solo cubre hasta $1.237 millones y vence el 07Oct2030. Cuando se acabe el dinero y expire la póliza, ¿Quién pagará las reparaciones en caso de otro evento ‘excepcional’? ¿Cuándo el secretario Iriarte le informará a la ciudad para qué tipo de eventos meteomarinos exactamente está diseñado el embarcadero de Playa Blanca? ¿Qué dice la aseguradora (Seguros del Estado)? ¿Por qué el mutismo cómplice de los entes de control, la prensa local y nacional y Concejo de Cartagena dadas todas las anomalías reveladas desde la etapa de licitación de este proyecto? ¿El silencio se debe a coimas? ¿Dónde quedaron los principios de economía, planeación y responsabilidad de los que habla la Ley 80?
Hoy el alcalde Turbay intenta acomodar la verdad según la conveniencia del momento: primero culpa al contratista y promete una reconstrucción “sin costo para el Distrito”; luego habla de un “evento climático excepcional” que, jurídicamente, eximiría a todos de responsabilidad. No pueden ser ambas cosas. O la obra falló por errores de diseño y construcción, o fue fuerza mayor. Las dos versiones no caben en el mismo contrato ni en el mismo trino.
Si el contratista paga, admite culpa. Si no paga, el Distrito queda expuesto. Y cuando se agote la póliza y venza en 2030, el que terminará pagando será el ciudadano, el mismo al que le vendieron una obra “resistente” por más de $5.260 millones.
Lo grave no es solo que el embarcadero se haya caído. Lo verdaderamente escandaloso es que, con tantos indicios de irregularidades, los entes de control callen, el Concejo mire hacia otro lado y buena parte de la prensa guarde silencio. Porque cuando nadie pregunta, cuando nadie investiga y cuando nadie responde, la corrupción deja de ser sospecha y se convierte en sistema.
Aquí hay algo que no cuadra. Y cuando una obra pública no cuadra desde la licitación hasta su colapso, no es el mar el que debe dar explicaciones.
