En política, pocas cosas movilizan tanto como la sensación de injusticia. Y Colombia tiene una memoria selectiva, pero emocional. Cuando el poder judicial se percibe como un actor político, no solo imparte decisiones: construye narrativas. Y las narrativas, en tiempos electorales, son dinamita.
Durante décadas, Gustavo Petro fue objeto de una persecución política, administrativa y fiscal que parecía destinada a enterrarlo definitivamente. Lo destituyeron. Lo inhabilitaron. Lo condenaron fiscalmente con cifras astronómicas. Lo señalaron como responsable de supuestos detrimentos multimillonarios. Lo quisieron borrar del mapa institucional. ¿El resultado? Hoy es presidente de la República.
La historia política colombiana ha demostrado algo incómodo para ciertos sectores: cuando la institucionalidad actúa con un sesgo que luce punitivo, el efecto puede ser exactamente el contrario al esperado. La victimización política, real o percibida, es uno de los motores más poderosos de ascenso electoral.
Alejandro Ordóñez destituyó a Petro cuando era alcalde de Bogotá. La Contraloría Distrital le impuso fallos fiscales de proporciones históricas. Se le atribuyeron responsabilidades por el modelo de basuras, por la reducción de tarifas de TransMilenio, por la recompra de acciones estratégicas de la Empresa de Energía. Cifras escandalosas. Titulares demoledores.
Y, sin embargo, uno a uno, esos fallos fueron cayendo. La justicia terminó desmontando las decisiones que pretendían anularlo políticamente. Lo que iba a ser su epitafio se convirtió en su campaña. Hoy la historia parece repetirse, pero con nuevos protagonistas.
Las decisiones recientes de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral han tensado al máximo la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial. Suspensiones de decretos, bloqueos a reformas estructurales, restricciones a transmisiones oficiales, frenos a consultas populares, inhabilidades en procesos internos.
Formalmente, todo cabe dentro del marco constitucional. Pero políticamente, el mensaje que recibe una parte del electorado es otro: que existe una confrontación abierta entre el poder judicial y un proyecto político específico. Y en esa confrontación emerge un nombre: Iván Cepeda.
Si la estrategia implícita es debilitar a la izquierda mediante decisiones jurídicas de alto impacto mediático, el cálculo podría estar siendo profundamente equivocado. Cada fallo controvertido alimenta una narrativa de resistencia. Cada suspensión se convierte en argumento. Cada restricción, en combustible electoral. En política, la percepción es tan poderosa como el hecho.
El Consejo de Estado suspende un decreto sobre salario mínimo. El Consejo Nacional Electoral limita la participación de un candidato en una consulta. Se ordenan rectificaciones selectivas. Se frenan iniciativas del Ejecutivo. Desde la óptica técnica, son actos jurídicos. Desde la arena política, son señales. Y las señales importan.
Porque cuando la ciudadanía empieza a interpretar que el debate ya no es ideológico sino institucional —que no se está confrontando un programa sino intentando contenerlo desde las alturas del poder—, la consecuencia puede ser una reacción emocional que termine fortaleciendo aquello que se pretendía contener.
La paradoja es brutal: en el intento por frenar un proyecto político, se le puede estar otorgando el mayor de los capitales en campaña —la épica de la confrontación. La pregunta no es si las cortes están actuando dentro de sus competencias. La pregunta es si están midiendo el impacto político de sus decisiones en un país donde la judicialización de la política ya tiene antecedentes claros de efecto boomerang.
Colombia ya vivió cómo un dirigente acosado institucionalmente terminó capitalizando esa presión hasta llegar a la Casa de Nariño. ¿Estamos frente al mismo fenómeno en fase temprana? Si las tendencias continúan y la narrativa de bloqueo institucional se consolida, Iván Cepeda podría no solo fortalecerse: podría convertirse en el principal beneficiario de una confrontación que, irónicamente, no inició él. A veces el poder no derrota: fabrica adversarios más fuertes. Y la historia política colombiana demuestra que cuando la justicia entra en la arena electoral —aunque no lo pretenda— termina influyendo en el resultado.
La pregunta queda abierta: ¿están las altas cortes impartiendo justicia… o están, sin proponérselo, construyendo al próximo presidente?
