Después de un mes de ausencia de esta tribuna, regreso con una certeza: en Cartagena las preguntas sobre la contratación pública siguen acumulándose más rápido que las respuestas. Mientras la administración de Dumek Turbay Paz intenta consolidar su narrativa de obras y transformación urbana, detrás de algunos procesos contractuales continúan apareciendo nombres, empresas y conexiones que merecen explicaciones claras.
Durante los últimos meses hemos seguido la pista de decenas de sociedades que han participado en contratos públicos y que, según los análisis realizados, presentan vínculos societarios, familiares, territoriales o comerciales que despiertan interrogantes sobre la forma en que se están tomando decisiones millonarias con recursos de los cartageneros.
La contratación pública no puede convertirse en un territorio exclusivo para unos pocos grupos con capacidad de moverse entre administraciones, mientras la ciudadanía observa cómo los mismos nombres reaparecen bajo nuevas figuras jurídicas. Por eso, más allá de los discursos oficiales, hay preguntas que siguen esperando respuestas: ¿quiénes están detrás de las empresas que ganan los contratos?, ¿cómo funcionan esas redes de relaciones?, ¿y qué controles está ejerciendo realmente la administración distrital?
A propósito del paro por la falta de agua en San Juan Nepomuceno (Bolívar), una de las empresas del ‘Clan de la Chepacorina’ hizo parte del Consorcio Acueducto Regional San Juan – San Jacinto 2017 al que se le adjudicó el contrato AB-OC-007-2017 (por un costo inicial de $13.465.377.008 y con múltiples adiciones de tiempo y dinero) para la construcción de obras para la optimización del acueducto regional de los municipios de San Juan y San Jacinto. El representante legal del consorcio fue Jairo Duque Paredes, quien es amigo y paisano del gobernador para la época del contrato: Dumek Turbay Paz (leer ‘¿Quién se está quedando con el dinero de Cartagena? Clanes, contratos y el poder detrás de Dumek Turbay’).
Cuenta una fuente que, supuestamente, las bombas de impulsión de agua instaladas en ese contrato las habrían hecho pasar por nuevas, cuando en realidad serían remanufacturadas. Y que, incluso, se averiaron y que para arreglarlas les habrían colocado repuestos genéricos en vez de originales. Sería bueno que Jairo Duque, Dumek Turbay y Miguel Torres Scaff (exgerente de Aguas de Bolívar) se pronuncien.
De lo que quiero hablarles hoy es la licitación SAMC-SID-001-2026 de la Alcaldía de Cartagena para la construcción de separadores en la avenida Pedro de Heredia en los sectores de La Castellana y el Mercado de Bazurto por un costo inicial de $1.608.647.431. Esta licitación es una muestra más de lo que he venido cuestionando en mis columnas.
La licitación fue dividida en dos lotes. El Lote 1 uno fue asignado a la empresa Tend Construcciones y Servicios SAS por un valor de $377.132.393, mientras que el Lote 2 a S&U Ingeniería y Proyectos SAS por $1.231.515.038.
¿Quiénes están detrás de Tend Construcciones y Servicios SAS?
A esta sociedad ya la había mencionado en el Episodio 5 – Parte 2 y Parte 3 de mis columnas en formato de audio, donde investigué acerca de la licitación CMA-SEGD-003-2024, adjudicada al Consorcio Intercanales 2024 y cuyo objeto fue la interventoría de la limpieza de canales pluviales. Este contrato fue gerenciado por Edurbe.
El Consorcio Intercanales 2024 estaba conformado por Tend Construcciones y Servicios SAS (50%), BSC Consultoría e Ingeniería SAS (40%) y Dávila Gómez Ingeniería y Construcción SAS (10%). Asimismo, el año pasado, la cité en las publicaciones ‘Los contratos de la Alcaldía de Cartagena y el «Clan de los Sisbenizados»’ y ‘Contratos en la mira: la Alcaldía de Cartagena y el poder oculto del “Clan de los Sisbenizados”’.
Desde entonces, no habían vuelto a aparecer en la contratación en Cartagena, solo en el municipio de Calamar (Bolívar) con los contratos MC-020-2025 (por $39.066.067) y SAMC-003-2025 (por $217.734.352).
Aparte de la contratación, una de las cosas más interesantes son los nombres de personas naturales y jurídicas con vínculos directos o indirectos con Tend Construcciones y Servicios SAS, entre las que están: Guadis María Reales Rivera, Luis Gabriel Villanueva Diago, Álvaro Javier Ballestas Arrieta, Amalia Rosa Garrido Ramírez, Elkin René Reyes Romero, Jhoiser Adonis Manjarrez Gari, Pablo Eugenio Castilla Negrete, Villanueva Ballestas SAS (VIBA SAS), Serviconstrucciones del Caribe SAS y la Asociación de Hombres de mi Tierra.
Tend Construcciones y Servicios SAS está conformada accionariamente por Amalia Rosa Garrido Ramírez (90%) y Serviconstrucciones del Caribe SAS (10%). Las acciones que hoy tiene la sincelejana Amalia Garrido fueron cedidas por Guadis María Reales Rivero, quien, junto con Elkin José Reyes Romero (oriundo de Montería), fueron los socios fundadores de Tend Construcciones.
Elkin Reyes, a su vez, es el representante legal y accionista de Serviconstrucciones del Caribe SAS, empresa que actualmente tiene una demanda laboral por el presunto no pago de honorarios a uno de sus exempleados en el marco del contrato 77-2018 entre Serviconstrucciones y la Universidad de Cartagena para la interventoría de la construcción del centro tutorial de la Universidad en el municipio de Cereté (Córdoba).
Guadis Reales, oriunda de Calamar, también está en los registros de Villanueva Ballestas SAS (VIBA SAS), en donde aparecen Jhoiser Manjarrez Gari, Álvaro Javier Ballestas Arrieta y los hermanos Mauricio y Luis Gabriel Villanueva Diago. Los tres últimos son paisanos de Guadis Reales.
Guadis Reales, Amalia Garrido, Álvaro Ballestas y Jhoiser Manjarrez tienen en común que están registrados en el Sisben. Jhoiser es contador público y está en documentación de varias de las compañías del denominado ‘Clan de los Sisbenizados’, detrás del cual, aparentemente, estaría Amaury Segundo García de la Espriella, quien fue condenado a 48 meses de prisión en el 2020 (leer ‘Clan de los Sisbenizados: los vínculos detrás del millonario contrato del colegio Fernández Baena en Cartagena’).
¿Por qué personas que reciben miles de millones de pesos en contratos están sisbenizados? ¿Será que son testaferros? ¿Cuál es la relación con Amaury García y de este con la administración Turbay?
- Carlos Slebi Palacios y S&U Ingeniería y Proyectos SAS
Esta compañía fue fundada en febrero de 2024 por los sisbenizados Shirly Álvarez Julio (contadora pública nacida en Arjona, con un 98%) y Edanil José Tabata Barrios (nacido en Caracas, con un 2%), quienes fungen como representantes legales principal y suplente, respectivamente. El domicilio inicial de la empresa era en el barrio Juan XXIII. Actualmente es en un apartamento del Conjunto Residencial Plazuela 21. Ambas direcciones en Cartagena.
Shirly Álvarez es también la representante de un negocio de venta y reparación de celulares llamado Multiservicio Electrisistem Accesorios. Edanil Tabata, por su parte, parece que es un apasionado de la música popular colombiana.
El primer contrato de S&U Ingeniería y Proyectos SAS con la Alcaldía de Cartagena fue el MC-SID-001-2025 (por un costo inicial de $122.319.852) para la «construcción de separador tubular en la intersección sobre la vía 90A con transversal Vía al Mar-Cordialidad», más exactamente en el puente peatonal del Centro Comercial Las Ramblas. Para este contrato, puede notarse que, pese a que la representación legal permaneció igual, la composición accionaria cambió, quedando de la siguiente manera: Shirly Álvarez con el 95% y Carlos Fabián Slebi Palacio con el 5%.
Es aquí cuando la cosa se pone interesante. El barranquillero Carlos Slebi era el representante legal del Consorcio Interventoría Centros de Salud de Santa Marta, responsable de la interventoría de la construcción de varios centros de salud (contrato CMA-PTS-007-2016) durante la administración del exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo Omar.
De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía de marzo de 2019, Carlos Slebi aparece vinculado dentro de la investigación que se adelantaba por presunto peculado por más de $4.000 millones. Igualmente, en 2020, la Procuraduría General de la Nación emitió un edicto de apertura de investigación disciplinaria en donde también está implicado Carlos Slebi. En general, en los últimos doce años, la plataforma TYBA Judicial registra 17 procesos judiciales relacionados con Slebi Palacios.
Y como si no fuera suficiente con sus líos legales, hay algo que genera aún más suspicacia: pese a que Carlos Slebi es ingeniero civil, quien aparece avalando las propuestas presentadas en las licitaciones de la Alcaldía de Cartagena (MC-SID-001-2025 y SAMC-SID-001-2026) es otro ingeniero barranquillero de nombre Jaime David Mejía Rodríguez. Pareciera que Carlos Slebi quiere mantener un bajo perfil debido a sus antecedentes contractuales.
Lo que resulta verdaderamente raro es que yo, viviendo a casi 3.400 km de distancia, pueda darme cuenta de todo esto, pero los comités evaluadores de la administración Turbay no. ¿Incompetencia o complicidad?
Es bien sabido que al alcalde Dumek Turbay solo le gustan los aplausos y las loas; y para eso tiene un grupo de áulicos conformado por contratistas, funcionarios, periodistas, dueños de portales digitales y creadores de contenido. El problema es que cada vez se les hace más difícil defender a esta administración con todo lo que se ha develado.
De todos los contratos que he revisado desde 2024, no he podido encontrar uno en el que no haya anomalías de algún tipo. Y, aun así, Turbay quiere que uno de sus ‘pupilos’ lo suceda en el Palacio de la Aduana. Los cartageneros no pueden dejar que eso pase.
Al final, los contratos pueden tener fechas, valores y firmas; pero la memoria de los ciudadanos también tiene archivos. Y Cartagena de Indias, después de tantos años de historias repetidas, debe aprender a mirar quién está detrás de cada movimiento.
