Más de dos años y medio después de la llegada de Dumek Turbay Paz a la Alcaldía de Cartagena de Indias, la realidad parece haber sepultado una de sus principales promesas de campaña. El anunciado Plan Titán24, presentado como la estrategia que devolvería la tranquilidad a los cartageneros, terminó convertido en un símbolo del incumplimiento. Mientras los asesinatos selectivos, los atracos a mano armada, las extorsiones y otros hechos violentos siguen golpeando a la ciudad, la percepción de inseguridad crece y la promesa de recuperar las calles quedó en un simple discurso electoral. Entretanto, Distriseguridad ha ejecutado inversiones por miles de millones de pesos sin que los resultados logren convencer a una ciudadanía que continúa viendo cómo la criminalidad impone su ley en todos los sectores.
Al frente de esa entidad, Jaime Hernández Amín parece haber privilegiado la estrategia de imagen sobre los resultados. Las producciones audiovisuales de corte cinematográfico y las campañas de autopromoción contrastan con una realidad que desborda a las autoridades y mantiene a Cartagena entre las ciudades más golpeadas por la violencia.
En los corrillos políticos incluso se comenta que el propio alcalde habría impulsado, a través de concejales cercanos, cuestionamientos públicos contra el funcionario durante algunas sesiones del Concejo, en un intento por medir el desgaste de su gestión. Si esos rumores tienen algún sustento, surge una pregunta inevitable: ¿qué explica la permanencia de Jaime Hernández al frente de Distriseguridad pese a los pobres resultados que le atribuyen sus críticos? ¿Responde únicamente a la confianza del alcalde o existen compromisos políticos que siguen blindando su permanencia en el cargo?
A los cuestionamientos por los resultados en materia de seguridad se suman los escándalos que han salpicado a Distriseguridad. Uno de los más sonados fue el de 2025, cuando salió a la luz el caso de Amílkar Jair Venecia Barrios, conocido públicamente como ‘el asesor fantasma’. Aunque no tenía ningún vínculo oficial con la Alcaldía de Cartagena, asistía a reuniones institucionales presentándose como asesor e, incluso, utilizaba prendas con los logos de Distriseguridad y de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana (SICC).
El episodio desató fuertes cuestionamientos sobre los controles internos de la administración y dejó en evidencia las grietas de una entidad que, además de enfrentar el desafío de combatir la delincuencia, también tuvo que responder por situaciones que golpearon su credibilidad. La SICC era dirigida entonces por Bruno Hernández Ramos, quien dejó el cargo en la segunda semana de junio de este año y figura entre las fichas de Dumek Turbay para sucederlo en la Alcaldía de Cartagena.
Tanto fue el descaro que el nombre de Amílkar Venecia aparece en los créditos del Documento Técnico del Plan de Desarrollo de la administración Turbay (en la página 16, con un error tipográfico: ‘Amílcar Valencia’). Todo esto fue denunciado ante la Fiscalía y la denuncia sigue en etapa de indagación.
El silencio de la ‘Alcaldía de las Primeras Veces’ retumbó en toda la ciudad. Venecia mantuvo un bajo perfil hasta que descubrimos que el Concejo de Cartagena lo ‘premió’ con el contrato CD-149-2026, de cuatro meses de duración y un valor de $10 millones, que se terminó el pasado 22 de mayo.
Infortunadamente, los ruidos no pararon ahí. Hace un año, el contratista de Distriseguridad Leandro León Mena —hermano del expandillero y contratista de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, Jhon León Mena (alias ‘Jhonjaquesea’)— le propinó una trompada salvaje a una habitante de calle. Ante el repudio generalizado de la población, a Hernández Amín no le quedó otra opción sino desvincular al agresor.
En noviembre de 2025 siguió la racha: destapé que Tatiana Torres Tatis, quien había firmado cinco contratos con la Alcaldía de Cartagena desde el 2024, dos de ellos con Distriseguridad, presentó un diploma de Administradora de Servicios de Salud que la Universidad de Cartagena confirmó era apócrifo. Esto también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. Y, nuevamente, el alcalde Turbay y el director de Distriseguridad guardaron silencio.
Y cuando pensaba que ya no podía suceder un revuelo más en Distriseguridad, en mayo de este año, quedó al descubierto que Jaime Amín había contratado a seis miembros de la Fundación Cocolab, de la que él también hizo parte.
Y como si los cuestionamientos no fueran suficientes, surgió otro episodio que alimentó la controversia alrededor de Distriseguridad. En una investigación periodística revelé que tres contratistas de la entidad presentaron hojas de vida con diplomas sobre los cuales las respectivas instituciones académicas manifestaron no encontrar registros en sus archivos. Un hecho de enorme interés público que, de confirmarse en todas sus dimensiones, pondría en entredicho los filtros de contratación de la administración distrital. Sin embargo, el escándalo pareció estrellarse contra un muro de silencio: la mayoría de los grandes medios guardó prudente distancia y, en el Concejo de Cartagena, las voces de control político brillaron por su ausencia. La pregunta sigue vigente: ¿por qué un caso de semejante gravedad no provocó el debate y el escrutinio que merecía?
Los nombres que aparecen en esta investigación son Eder Taborda Barrios, Edwin Taborda Barrios y la esposa de este último, Diana De La Cruz Aponte. De acuerdo con la documentación recopilada, Eder y Diana aportaron diplomas de tecnólogo presuntamente expedidos por Tecnar, mientras Edwin acreditó una especialización atribuida a la Fundación Universitaria del Área Andina. Sin embargo, las respuestas emitidas por esas instituciones, según la investigación periodística, indicaron que no encontraron registros académicos correspondientes a esos títulos.
Con esas credenciales, los tres accedieron a contratos en Distriseguridad con honorarios superiores a los que habrían podido obtener de no haber acreditado esa formación. Ante la gravedad de estos hechos, en mayo de este año radiqué la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que sea la justicia la que establezca las responsabilidades a que haya lugar.
Si los hechos denunciados son corroborados por las autoridades competentes, Tatiana Torres, Diana De La Cruz Aponte y los hermanos Eder y Edwin Taborda Barrios podrían enfrentar investigaciones por conductas enmarcadas en delitos como falsedad en documento, fraude procesal, peculado por apropiación en calidad de intervinientes y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de establecer si existen méritos para formular imputaciones y determinar las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.
El 12May2026, luego de mi columna ‘Feria de diplomas fantasmas y contratos reales en Cartagena y Bolívar’, envié una petición a Distriseguridad en la que, entre otras cosas, solicité que se desvinculara a Diana De La Cruz y a los hermanos Taborda Barrios. La respuesta de la entidad llegó el 27May2026, firmada por el exsecretario Bruno Hernández Ramos, en calidad de director encargado. En el documento puede leerse lo siguiente:
«[…] respecto de los contratistas de Distriseguridad con diplomas de los cuales las instituciones educativas dicen no tener registros, se dieron instrucciones para que desde la oficina de Recursos Físicos y Humanos, se adelanten los trámites de correos y oficios con las universidades y se revise la validación de los títulos de los contratistas referenciados en la solicitud […]» (sic).
Luego de esta contestación esperaba que Distriseguridad me contactara nuevamente informándome acerca del resultado de sus averiguaciones de la validez de los diplomas. Dos meses han pasado y nada. Es así que decidí revisar la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) para ver si había alguna novedad en los contratos más recientes de estas tres personas: CD-126-2026 (Diana De la Cruz), CD-080-2026 (Edwin Taborda) y CD-091-2026 (Eder Taborda).
Me encontré con la sorpresa de que el único contrato que tiene un acta de terminación y liquidación es el de Eder Taborda. En la citada acta se documenta (a) que Eder presentó una carta de renuncia el 25May2026; (b) que se expidieron los memorandos internos 0560 del 25May2026 y 0710 del 03Jul2026; y (c) que solo se ejecutaron $17.08 millones del costo total inicial del contrato ($46.2 millones).
Antier, frente a este hallazgo, presenté una nueva petición para que Jaime Hernández Amín me confirmara si Edwin Taborda y Diana De La Cruz siguen aún vinculados a Distriseguridad, a pesar de que es un hecho probado que Tecnar y la Fundación Universitaria del Área Andina no tienen registros de los estudios de esta pareja. O, si fueron desvinculados, me diga por qué no aparecen en el Secop las actas de terminación de sus contratos.
Ojalá que el señor Hernández Amín use el coco y no me responda con una historieta llena de subterfugios igual a cuando lo pescaron mintiendo por lo de su licencia de conducción y lo del colapso de las garitas de los salvavidas.
El colmo es que, en algún momento, Jaime Hernández llegó a sonar como posible candidato a la Alcaldía de Cartagena para el próximo periodo. ¡Hágame el bendito favor!
El Plan Titán24 fracasó, la inseguridad y criminalidad disparada, un episodio de agresión, un caso de un ‘asesor fantasma’, contratos a seis de los socios de la Fundación Cocolab de la que Jaime Hernández también hace parte y cuatro contratistas con diplomas de los que no se tienen registros no son casos aislados. Es una muestra de la incompetencia y falta de transparencia de esta administración que, paradójicamente, se ha caracterizado por el autobombo. El agravante es que todo esto sucedió en las dos entidades encargadas de la seguridad de la ciudad: Distriseguridad y la SICC.
Si esto hubiera sucedido durante el periodo de William Dau, el Concejo de Cartagena, los medios y portales y creadores de contendido ya habrían inundado las redes sociales pidiendo explicaciones por todo lo que he denunciado. Pero no. Desde el 2024, en Cartagena no pasa nada malo y cuestionar y controlar la gestión pública se convirtió en sinónimo de odio y envidia. Dan grima con tanta estupidez y servilismo.
¿Y así Dumek Turbay tiene el descaro de insinuarle a los cartageneros que elijan a alguno de sus ungidos para él luego regresar en el 2032? ¡No nos crea tan aguacates!
