Antes de dejarse deslumbrar por las imágenes digitales, las maquetas y la propaganda oficial, conviene hacer una precisión que algunos, por ignorancia o conveniencia, han querido pasar por alto: un teleférico no es un funicular. El primero transporta pasajeros en cabinas suspendidas de cables que se desplazan por el aire; el segundo utiliza vagones que recorren rieles y son impulsados mediante un sistema de cables. La diferencia parece elemental, pero resulta necesaria para entender el proyecto que hoy el alcalde Dumek Turbay intenta presentar como la gran obra que marcará su administración.
Bautizado con el sugestivo nombre de “Kalamary”, el teleférico recorrería el Cerro de La Popa, Bazurto, el Puerto de Cartagena y finalizaría en el Centro Histórico. Se trata, sin duda, de una obra concebida para fortalecer la industria turística y embellecer la vitrina de la ciudad. Lo que difícilmente podrá hacer, sin embargo, es aliviar el viacrucis diario de miles de cartageneros atrapados en un sistema de transporte público cada vez más deteriorado.
Pero el verdadero problema no radica en la naturaleza turística del proyecto, sino en la manera como el alcalde ha pretendido venderlo. Con el respaldo de un disciplinado ejército de influenciadores financiados con recursos públicos y la complaciente amplificación de algunos medios de comunicación, entre ellos El Universal, Turbay anunció con bombos y platillos el supuesto cierre financiero del teleférico, asegurando que la obra será ejecutada exclusivamente con inversión privada y que no comprometerá un solo peso del presupuesto distrital.
Esa afirmación, además de triunfalista, resulta cuando menos incompleta. El alcalde omitió señalar que el proyecto será desarrollado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), una figura que supone la participación articulada del Estado y del capital privado. No se trata simplemente de que un empresario construya una obra por su cuenta. La estructuración técnica, la gestión predial, social y ambiental, así como la construcción, administración, operación, mantenimiento y recaudo, hacen parte de un esquema en el que la institucionalidad pública asume responsabilidades y compromisos.
Decir que no existe participación pública equivale, cuando menos, a contar la historia a medias. Como si ello no bastara, el alcalde pretende además apropiarse políticamente de un proyecto que no nació durante su administración. El teleférico no fue concebido por Dumek Turbay. Es una iniciativa que viene de años atrás y que ha transitado por diferentes estudios y administraciones. Sin embargo, fiel a su estrategia de convertir cada anuncio en una plataforma de autopromoción, el mandatario actúa como si fuera el padre exclusivo de una obra cuya gestación comenzó mucho antes de su llegada al Palacio de la Aduana.
Mientras tanto, Cartagena continúa esperando soluciones para sus verdaderos problemas de movilidad. El transporte acuático por los cuerpos internos de agua, tantas veces anunciado como una alternativa eficiente para miles de ciudadanos, permanece archivado en algún escritorio oficial. De Transcaribe, el sistema que debía transformar el transporte urbano, prácticamente nadie habla ya desde la administración distrital. Su deterioro parece no despertar el mismo entusiasmo que los proyectos destinados a cautivar turistas.
No hay nada reprochable en promover obras que fortalezcan el turismo. Lo censurable es presentarlas como soluciones para toda la ciudad, omitir aspectos fundamentales de su estructura financiera y convertirlas en plataformas de propaganda política.
Finalmente, Cartagena necesita gobernantes que administren con transparencia, no expertos en mercadeo institucional. Porque cuando la publicidad termina sustituyendo a la verdad, los anuncios dejan de ser información para convertirse en propaganda. Y cuando eso ocurre, el teleférico deja de elevar únicamente cabinas sobre la ciudad y comienza también a elevar una narrativa oficial construida sobre medias verdades, silencios convenientes y un excesivo culto a la imagen del gobernante de turno.
