En enero de este año advertí, en una columna sobre las conexiones empresariales que comenzaban a aparecer detrás de la millonaria contratación para enfrentar las inundaciones de Bocagrande y Castillogrande. No estaba frente a una simple licitación de infraestructura: estaba frente a un negocio público de casi $165 mil millones y a un presunto entramado de empresas que, al seguirles el rastro, empiezan a encontrarse una y otra vez en distintos procesos de contratación.
El proceso SAMC-SID-004-2025, adjudicado al Consorcio Protección Cartagena, contempla el diseño y la construcción de las obras de control de inundaciones en uno de los sectores más estratégicos y costosos de Cartagena.
Los otros dos competidores fueron los consorcios Control Bahía y CS Paseo Calamarí. Y es precisamente a partir de allí donde esta historia deja de ser una simple lista de nombres registrada en el SECOP y adquiere una dimensión que merece escrutinio público.
Cuando las mismas sociedades aparecen una y otra vez, se asocian con distintos actores y vuelven a coincidir en procesos de contratación de alto valor, la pregunta resulta inevitable: ¿estamos simplemente ante alianzas empresariales legítimas propias de la contratación pública o frente a un entramado de sociedades que se reacomoda estratégicamente alrededor de los grandes contratos de Cartagena? La respuesta no puede surgir de especulaciones, sino del cruce riguroso de documentos, antecedentes societarios y procesos de contratación.
Porque cuando en una contratación de esta magnitud comienzan a repetirse empresas, representantes, socios y alianzas en procesos sucesivos, el periodismo tiene la obligación de hacer algo más que mirar quién ganó. Hay que preguntar quiénes compitieron, con quién se asociaron, dónde vuelven a aparecer y qué conexiones existen entre ellos. Eso no significa afirmar de antemano que haya irregularidades; significa negarse a aceptar que semejante cantidad de coincidencias pueda despacharse políticamente con un simple “todo está en regla”.
Y mientras la administración vende el proyecto como una solución histórica para acabar con las inundaciones de Bocagrande y Castillogrande, la ciudadanía tiene derecho a conocer también la otra cara de la historia: quiénes están detrás de los consorcios, cómo se construyeron esas alianzas y qué tan transparente fue un proceso que puso sobre la mesa una cifra cercana a los $165 mil millones de recursos públicos.
Cuando se habla de cientos de miles de millones de pesos, la política debe responder por algo más que la fotografía: debe responder por los nombres, los contratos, las conexiones y las decisiones que están detrás del negocio público.
El proceso licitatorio SAMC-SID-004-2025 se deriva de la licitación LIP-SID-006-2025, la cual fue declarada desierta en octubre de 2025. En el primer proceso (LP-SID-006-2025) también se presentaron tres licitantes: Consorcio Bahía Cartagena, Consorcio Renovación Costera y Consorcio Alfa 2025.
Dos procesos licitatorios, un mismo objeto contractual y una estructura dividida en dos etapas: cuatro meses para los estudios y diseños y veinte meses para la ejecución de las obras. Pero al cruzar los nombres de las empresas que integraron los consorcios participantes en ambos procesos, aparece un dato que difícilmente pasa inadvertido: varias de las mismas sociedades se repiten, aunque no necesariamente en las mismas alianzas, sino asociadas con diferentes empresas en uno y otro proceso.
El patrón merece ser examinado con lupa, porque detrás de esas aparentes coincidencias empresariales podría estar una parte importante de la historia que rodea esta millonaria contratación.
En la licitación LIP-SID-006-2025, el Consorcio Bahía de Cartagena estaba formado por PAM Construcciones SAS, Solarte Nacional de Construcciones SAS y Estudios Costeros y Oceánicos SAS (ECO SAS). Y aquí aparece el primer hallazgo: PAM Construcciones SAS tiene como socia a la empresa Construcsion SAS de Diego Álvarez Hernández, quien hace parte del denominado ‘Clan Pavy’.
Solarte Nacional de Construcciones SAS y ECO SAS son dos de las empresas que conforman el Consorcio Protección Costera, al que le otorgaron el nuevo proceso licitatorio SAMC-SID-004-2025. Por su parte, en este mismo proceso, Construcsion SAS ya no se presenta como socia de PAM Construcciones SAS, sino como uno de los miembros del Consorcio Control Bahía, junto con Panamerican Dredging SAS y Vallarta Ingeniería Especializada y Puertos SAS.
Vallarta Ingeniería aparece en el ‘Clan de los Sisbenizados’ y en cuya composición accionaria están Movicon Constructores SAS y MVC SAS, en donde se encuentran los nombres de Carlos Enrique Segovia de la Espriella, César Augusto Guerrero Puello, César Augusto Guerrero Muñoz y Joaquín Alfonso Esquivia Romero. Según una fuente, otro nombre que supuestamente podría estar relacionado con el ‘Clan de los Sisbenizados’ es el del condenado Amaury Segundo García de la Espriella.
Vallarta Ingeniería hace parte del Consorcio Marfil, al que le adjudicaron la licitación LP-SED-007-2025 para la reconstrucción y adecuación del Colegio Fernández Baena. Y la cosa no para ahí. A&D Alvarado y Düring SAS y Equipos y Terratest SAS formaron el Consorcio Renovación Costera en la licitación LP-SID-006-2025 y el Consorcio CS Paseo Calamarí en el proceso SMAC-SID-004-2025. Como antecedente está que el año pasado presenté denuncia ante la Fiscalía en contra de las empresas Construsion SAS y A&D Alvarado y Düring SAS.
El Consorcio Alfa 2025, que se presentó en la licitación LP-SID-006-2025, estaba compuesto por Lena Engenharia e Construções (empresa portuguesa con sucursal Colombia), CVLH Construcciones SAS y Socitec SAS. La primera (Lena Engenharia), junto con Ingenierías y Construcciones del Cesar SAS, hizo parte del Consorcio Puentes de Bolívar, tal y como lo documentara La Contratopedia Caribe en una columna de enero de 2026. Ingenierías y Construcciones del Cesar SAS está representada por César Caraballo Rosentand, quien es sobrino de Antonio Díaz Buelvas (Toño Díaz) y cuñado de Anthony Wong Lorduy (leer ‘El INEM, ¿de Cartagena o del Clan Díaz?’).
Por otro lado, Socitec SAS formó el Consorcio Mantenimiento INEM 2025 con la empresa Serviconstrucciones del Caribe SAS, en donde participaron en la licitación LP-SED-006-2025 para la adecuación del Colegio INEM de Cartagena. Serviconstrucciones del Caribe SAS es accionaria de la empresa Tend Construcciones SAS, a la que acaban de adjudicarle el Lote 1 del proceso licitatorio SAMC-SID-001-2026 para la construcción de los separadores la avenida Pedro de Heredia en los sectores de La Castellana y el Mercado de Bazurto (leer ‘El mapa oculto de la contratación: empresas, vínculos y dudas que golpean a la Alcaldía de Cartagena’).
La licitación del Colegio INEM fue entregada al Consorcio Fomento Educativo Cartagena, conformada por empresas que tendrían vínculos tanto con el Clan Díaz como con Javier Varela de Ávila, ambos con vasos comunicantes con José Julián Vásquez (leer ‘El INEM, ¿de Cartagena o del Clan Díaz?’).
Para rematar las coincidencias. El representante legal inicial del Consorcio Protección Costera (al que le adjudicaron el contrato del control de las inundaciones en Bocagrande y Castillogrande) era Farid David Ruíz Abisaad, quien habría sido reemplazado por Orlando Isaac Castellón Marrugo.
Si es la misma persona, Orlando Castellón fue jefe de planta de asfalto en la empresa Constructora Montecarlo Vías SAS de Gilberto Álvarez Mulford, en donde también trabajó Diego Álvarez Hernández, dueño de Construcsion SAS, que, como ya se mostró, participó en dos consorcios en ambos procesos licitatorios (LP-SID-006-2025 y SAMC-SID-004-2025). Gilberto y Diego hacen parte del ‘Clan Pavy’.
Como puede advertirse, procesos licitatorios que en apariencia transcurren de manera independiente comienzan a revelar conexiones y vasos comunicantes cuando se examina con detenimiento la composición de los consorcios participantes. Lo que sobre el papel parece una sucesión de procesos aislados, al ser sometido a una revisión minuciosa, empieza a dibujar un mapa empresarial mucho más complejo de lo que inicialmente podría suponerse.
El estudio hidrológico de la Secretaría de Infraestructura de Cartagena
Entre los documentos usados por la Secretaría de Infraestructura para armar el proceso licitatorio SAMC-SID-004-2025, se encuentra uno llamado ‘Informe Hidrológico Bocagrande-Castillogrande-Laguito’. El informe fue preparado en julio de 2025 por Enovaldo Herrera Meléndez, pupilo de Alfonso Arrieta Pastrana, y quien ha sido asesor del secretario Wilmer Iriarte Restrepo desde el 2024, a través de cinco contratos que suman casi $200 millones.
Puedo entender que el consorcio al que le adjudicaron el contrato para el control de las inundaciones debía encargarse del diseño detallado de la solución. Sin embargo, eso no es excusa para que la Secretaría de Infraestructura haya elaborado un documento tan técnicamente limitado para usarlo en una licitación de casi $165 mil millones, de los cuales fueron destinados $2.500 millones solo para el diseño.
El propio documento, atribuido a Enovaldo Herrera, estimó en 12 metros cúbicos por segundo el caudal pico de escorrentía. A partir de esa estimación se plantea evacuar el agua mediante cuatro estaciones de bombeo de aguas lluvias, conectadas a un tanque de almacenamiento temporal tipo cajón de 2.000 metros de longitud y cuatro metros cuadrados de sección transversal, para una capacidad aproximada de 8.000 metros cúbicos.
Cada estación estaría equipada con cuatro bombas sumergibles de 0,75 m³/s —cerca de 12.000 galones por minuto— y una cabeza dinámica de entre cinco y doce metros. Y es precisamente aquí donde comienza la verdadera discusión política y técnica: cuando se ponen bajo la lupa las cifras, los supuestos de diseño, la capacidad de las estaciones, la operación del sistema y la coherencia hidráulica de la solución propuesta, aparecen vacíos que merecen una explicación seria y documentada.
No se trata de lanzar acusaciones al aire ni de convertir una discusión de ingeniería en una pelea personal. Se trata de algo mucho más delicado: saber si la ciudad estuvo a punto de comprometer $165 mil millones sobre la base de estudios suficientemente rigurosos o si, por el contrario, la administración pretendió sacar adelante una licitación multimillonaria apoyándose en un soporte técnico que requería mucha más profundidad. Y si existen errores, inconsistencias o deficiencias, tendrán que ser explicados por quienes los elaboraron, revisaron, aprobaron y llevaron el proceso hasta una contratación de semejante dimensión.
Porque en Cartagena hay una diferencia que algunos funcionarios parecen olvidar: una cosa es equivocarse en un documento interno y otra muy distinta es ponerle precio al error cuando ese precio puede acercarse a los $165 mil millones de los recursos públicos. Esa es la pregunta que hoy queda sobre la mesa.
Me reservo, por ahora, cualquier comentario de fondo. En asuntos de esta naturaleza, las opiniones deben cederle el paso a los documentos. Por eso acudiré formalmente a la Secretaría de Infraestructura para exigir copia íntegra del expediente y de todos los soportes del diseño elaborado por el Consorcio Protección Cartagena. Allí veremos qué se hizo, cómo se hizo, quién lo hizo y, sobre todo, bajo qué criterios se tomaron decisiones que comprometen recursos y asuntos de interés público.
Espero que el secretario Iriarte comprenda que gobernar no es administrar secretos ni convertir el derecho de los ciudadanos y de la prensa a acceder a la información pública en una prueba de resistencia. Ojalá esta vez la Alcaldía responda de frente, porque si nuevamente hay que acudir a una tutela para conseguir documentos que deberían entregarse con absoluta normalidad, la pregunta dejará de ser solamente qué dice el expediente y empezará a ser por qué resulta tan difícil para esta administración mostrarlo.
