Petro deja una crisis sin precedentes en el sector eléctrico: sin transición, sin seguridad ni soberanía energética; proyectos atrasados, déficit de energía firme, dependencia de gas importado mucho más costoso y un sistema que entra al fenómeno de El Niño con los pantalones abajo. Y sin respaldo: el gas natural y los combustibles líquidos representan el 21% de la capacidad instalada de generación eléctrica. Son los que contrarrestan las sequías, y ocurre que estamos importando uno y otros. En resumen: Petro nos dejó ad portas de un apagón. Cuatro años de enorme improvisación y de un ánimo destructivo que vamos a terminar pagando los colombianos.
La energía que debía entrar al sistema no ha entrado. Un ejemplo: en 2026 ha entrado solo el 14,9% de la energía que se espera y ya pasamos la mitad del año. Y el 60% de 42 proyectos de transmisión está atrasado. Ni nueva energía ni líneas para transmitirla. La energía que Petro prometió nunca llegó.
El resultado para la inversión fue fatal. Empresas como EDP y Statkraft desistieron de sus proyectos o se fueron del país. Y no es solo el sector eléctrico: en hidrocarburos, entre 2024 y 2025 salieron o anunciaron su salida del país siete empresas. Entre ellas, Shell, que dejó a Ecopetrol sola al frente del portafolio de gas costa afuera del Caribe. Son ejemplos reales: empresas que salieron, proyectos varados y megavatios que nunca llegaron. Lo hicieron por falta de confianza, por el aumento de las cargas impositivas, por cambios en las reglas de juego y por los intentos del pasado gobierno de meterle la mano ilegalmente a un sector que había demostrado que funcionaba.
Petro gobernó el sector como si la Presidencia pudiera reemplazar a la CREG y al Congreso. Hizo intervenciones con pésimos resultados. El caso de Air-e retrata el desastre. Bajo control del Estado, la deuda de la empresa con el mercado pasó de 530.000 millones de pesos al momento de la intervención, en septiembre de 2024, a cerca de 2,7 billones en junio de 2026: casi cinco veces más en 18 meses. Como con las EPS, las intervenciones solo deterioraron las empresas. Y ese deterioro tiene nombres, responsabilidad política y mucho ruido de corrupción.
Por su parte, medios de comunicación han dado alertas sobre contratos en el Fondo Fenoge por hasta 180.000 millones de pesos, uno de ellos por 95.000 millones, que fue suspendido. Hay alarmas de desgreño administrativo y banderas rojas sobre posibles casos de corrupción.
Petro recibió un sistema estrecho, pero lo entrega en déficit. Según XM, falta hoy un 3,5% de energía —con un apagón que ya parece inevitable—, que empeorará el próximo año a un 6% de faltante, equivalente a 5.468 GWh/año. Por el lado del gas, el respaldo tampoco está: durante 2025 el país importó, en promedio, 170 GBTUD, y los proyectos costa afuera que podrían reemplazar esas importaciones no entrarían en producción antes de 2029-2030.
Petro cambió seguridad energética por discursos ideológicos sin apego alguno a la realidad. Renunció a firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos: desde 2022 no firmó ni uno solo, frente a 71 durante el gobierno de Duque, 165 con Santos y 229 con Uribe. Hoy, de 282 contratos con la ANH, apenas 91 están en exploración. En junio de 2026, según el Gestor del Mercado de Gas Natural, el gas importado ya representaba el 32% de la oferta total del país y las reservas probadas, según la ANH, alcanzaban solo para 5,9 años. Se redujeron un 39% entre 2022 y 2025: por cada 10 pies cúbicos que producimos, apenas incorporamos tres nuevos.
Lo que ha pasado en Ecopetrol es inconcebible y tiene como responsables a Petro y a Roa. La operación resiste, pero su gobierno corporativo no es ni la sombra de lo que fue hace pocos años. La utilidad bajó de 33,4 billones de pesos en 2022 a 9 billones en 2025, una caída del 73%, mientras que el precio del Brent solo bajó un 31%. El EBITDA pasó de 75,2 billones a 46,6 billones, el endeudamiento subió de 1,5 a 2,3 veces el EBITDA y la vida media de sus reservas se redujo de 8,4 a 7,8 años, mientras Roa afronta investigaciones por corrupción antes y después de llegar a la empresa, sometida a un plan de negocio que abandona su naturaleza, a un acelerado desprestigio reputacional y a un desgobierno sin antecedentes.
Y lo anterior no es solo un problema empresarial: Ecopetrol concentra el 61,4% de la producción nacional de gas, es el principal proveedor de combustibles refinados —con cargas promedio de 417.000 barriles diarios en 2025 y un récord de 430.000 en el último trimestre— y controla infraestructura crítica de transporte y logística. Su desgobierno compromete directamente la seguridad energética del país.
En ese contexto, la nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, tiene una misión titánica: evitar un apagón que pareciera haber sido el propósito del gobierno saliente; trabajar con los ministros de Medio Ambiente e Interior para evitar bloqueos; ayudar a que los proyectos atrasados entren en operación; resolver los cuellos de botella de las consultas previas y las licencias ambientales; motivar a la ciudadanía a consumir energía de manera responsable —la decisión de establecer incentivos a la disminución y sanciones por mayores consumos es correcta, pero ha sido mal comunicada—; e incentivar el desarrollo de nuevos proyectos de todas las tecnologías: térmicos, hidráulicos, solares, eólicos, etc.
Y hay que decirlo con claridad: nada de esto es inmediato. Cada proyecto de hidrocarburos toma, en promedio, seis años desde la firma del contrato hasta la producción comercial. Lo que no se firmó en estos cuatro años ya tiene un costo.
Pero, además, tiene una tarea clave: consolidar una alianza muy fuerte con quien presida Ecopetrol, porque de esa empresa depende la logística del gas y de los combustibles líquidos para que las térmicas funcionen, especialmente durante la época de sequía. Ecopetrol tiene una posición dominante en el gas y en los combustibles líquidos en Colombia y, en gran parte, de esto depende la seguridad energética del país. Y arrastra, además, el hueco del FEPC: 8 billones de pesos acumulados a junio de 2026, con una proyección de cerrar el año cerca de los 12 billones.
Escoger bien la nueva administración es clave. Con conocimiento, experiencia y buena reputación en el sector. No pueden cometerse los mismos errores del gobierno anterior.
