El tema de la corrupción sigue siendo centro de preocupación de todos los colombianos, dada la alta incidencia que tiene en el deterioro de la calidad de vida de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que dineros del erario, que deberían invertirse para solucionar los grandes problemas, terminan en manos de los pillos, sin generar las sanciones penales y sociales severas que su conducta amerita.
Lo más preocupante de la situación, es que estos actos de pillaje se generan desde las más altas esferas donde no se escapa ninguna de las ramas del poder: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, haciendo metástasis hacia las regiones: gobernaciones, alcaldías y organismos de control, porque cunde el mal ejemplo.
En cifras del señor Contralor de La República, Edgardo Maya, se estima que la corrupción se lleva anualmente alrededor de 50 billones de pesos, es decir casi un billón semanal, con lo cual podríamos señalar que recuperando tres semanas de los dineros robados, cubririamos los presupuestos del departamento de Bolívar y su capital Cartagena de Indias.
Vale la pena señalar que el señor Contralor recientemente advertía que “la corrupción está acabando con el Estado”, afirmación o advertencia que no puede quedar en el vacío.
Ante ese monstruo destructor y generador de pobreza, como son los actos corruptos en la administración del Estado, con sus actores directos tanto del sector público como privado, es menester adoptar medidas ejemplarizantes, siendo necesario hacer un pare y plantear un propósito nacional, con un verdadero compromiso desde los diferentes poderes del Estado y organizaciones sociales, sin miramiento alguno a intereses personales ó de grupos estratégicos que en el desarrollo de sus actividades, han empleado prácticas corruptas para apropiarse de los recursos del erario.
Pudiera pensarse que señalamos algo utópico o demasiado romántico, sin embargo, la situación actual del país, considerando que la corrupción ha tomado ribete estructural e institucional, amerita acciones de fondo, para ello sería pertinente, tomar como referente lo que ha venido aconteciendo en un país centroamericano como Guatemala, que al igual que el nuestro, está amenazado por este flagelo; sin embargo, allí en diciembre del año 2006, es decir desde hace 12 años, se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por un acuerdo entre la ONU y el Gobierno Guatemalteco, como un ente independiente, para apoyar a la Fiscalía, a la Policía Nacional, a la sociedad civil y otras instituciones del Estado para fortalecer la justicia.
Dicha comisión ha realizado investigaciones contra pesos pesados de la política guatemalteca, es así como están en prisión alrededor de 200 personas entre funcionarios, jueces, empresarios, exmilitares incluido los expresidentes Otto Pérez Molina (Enero 2012- Sept 2015) y su vicepresidenta Raxana Baldetti, Alvaro Colon (2008- 2012), igualmente se encuentra en investigación el actual presidente desde 2016 Jimmy Morales Cabrera, quien declaró persona non grata al presidente de la CICIG y solicitaba la expulsión del país, acción que fue rechazada por el Tribunal Constitucional de Guatemala y respaldada por la población guatemalteca.
Vale la pena señalar. que quien preside la CICIG, desde 2013 por designación del entonces secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, es el jurista colombiano, Iván Velásquez Gómez, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, quien fue de los primeros investigadores de la parapolítica en el país.
Por otra parte, para combatir este flagelo, deben establecerse complementariamente a las penales, sanciones sociales, elevadas a rango constitucional, con normas drásticas para blindar el entorno donde se generan decisiones que comprometen dineros públicos. En ese orden de ideas señalamos como medidas suplementarias o adicionales las siguientes:
- Cancelación del título profesional o afín y prohibición de ejercer su profesión por tiempo indefinido.
- No podrá tener en el sistema financiero movimientos más allá del mínimo vital.
- No podrá pertenecer a ningún club social, deportivo, ONG o similares, so penas que los directivos de estos sean sancionados.
- No se le expedirá pasaporte y se procederá a la anulación de éste si lo tiene.
- Se le anulará el tiempo de cotización que haya realizado para acceder a la pensión de vejez.
- Prohibición para asistir a espectáculos públicos, tales como festivales, conciertos o eventos deportivos.
- No podrá firmar ningún tipo de escrituras o documentos que lo acrediten como propietario de bienes muebles o inmuebles.
- No podrán ejercer como docente en ningún tipo de instituciones de formación.
- cuando se trate de empresas las involucradas, estas no podrán volver a contratar con ninguna entidad del Estado, así como su representante legal.
- En casos excepcionales de sanción de cárcel por casa, la fachada de esta deberá estar pintada a rayas blanca y negro con aviso visible que señale casa-cárcel.
- Cuando se trate de servidores de la Rama Judicial, Legislativa, Órganos de Control y Fuerzas Militares, la sanción se hará extensiva a los familiares en primer grado de consanguinidad o de afinidad. (a fin de evitar el poder en cuerpo ajeno).
*Con las sanciones señaladas y aplicadas con rigurosidad, los corruptos quedarían muertos en vida.
