En el torbellino de los hechos que constituyen nuestra historia republicana, no son escasos los atentados a personajes representativos que han sido causa de sucesivas olas de violencia que parecen no cesar aún en las primeras décadas del siglo XXI.
En los albores de la nación el libertador Simón Bolívar, fue víctima de un atentado la noche del 25 de septiembre de 1828, del cual escapó con la ayuda perspicaz de Manuelita Sáenz. Más tarde a mediados del siglo XX, Jorge Eliecer Gaitán, corrió con menos suerte al caer muerto en las calles del centro de Bogotá a manos de un tal Juan Roa Sierra.
Sin espacio para el sosiego, el fin de la década de los 80 y el fatídico 1990 nos deparó la muerte de varios aspirantes a la presidencia: Jaime Pardo Leal primero, luego, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro León-Gómez y además el genocidio de la Unión Patriótica.
Este recordatorio de infamias no puede omitir que en el mes de marzo de 2003 ante el presidente de la época, el alcalde del Roble, un pueblo perdido en las sabanas de Sucre, Edualdo “El Tito” Díaz, denunció que lo iban a matar, lo cual sucedió inexorablemente en menos de un mes. También los candidatos presidenciales mencionados y la opinión, tenían algo más que sospechas acerca de sus asesinatos.
Estos no son antecedentes menores y frente a este inventario fatal las autoridades no pueden ser displicentes, mucho menos en una campaña polarizada como la actual en la que se juega el destino frágil de la paz y la posibilidad de cambios que obliguen al país a repudiar o claudicar ante la corrupción generalizada.
En ese contexto el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, primer magistrado de la nación y máximo garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, declara al país que la denuncia que formula Gustavo Petro, ante la CIDH por los hechos de Cúcuta de la semana pasada, constituye una simple exageración y un espectáculo armado por el candidato para sacar réditos políticos.
Además de la tardanza del pronunciamiento, llama la atención que la evidencia de una agresión contra un candidato pueda motivar un reacción tan desdeñosa como la comentada. Creo que esta fuera de discusión que Petro, tiene el derecho de recurrir a la Comisión Interamericana a denunciar las circunstancias que la opinión pública ha conocido, mucho más si median los antecedentes que se han resumido aquí.
El señor Presidente aduce que el quejoso cuenta “con todas las garantías” de protección para adelantar su campaña, lo cual es cuestionable si se tiene en consideración el hecho simple de que el blindaje de la camioneta en que se transportaba el dirigente pudo ser afectado por piedras arrojadas por “espontáneos” que no simpatizan con el candidato.
Un ciudadano común como el autor de esta nota, carece de elementos para contradecir el dictamen del CTI de la Fiscalía, pero bien podría esperar más prudencia y ponderación del Presidente de un país que se ha acostumbrado a ver morir a tantos líderes.
