Ante un juez de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), la Fiscalía General de la Nación presentó a cuatro personas, tres exfuncionarios y un contratista, quienes habrían participado en la celebración irregular de un contrato para abastecer a los centros hospitalarios de la ciudad con insumos médicos para enfrentar la Covid.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que, al amparo de la declaratoria de emergencia manifiesta, fue suscrito el mencionado contrato por 1.081 millones de pesos, de manera directa y en medio de presuntos sobrecostos en el valor unitario de los productos a adquirir.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contratación sin cumplimiento de requisitos legales a la exsecretaria de Salud de Cúcuta, María Constanza Arteaga Hernández; dos exfuncionarios de la misma entidad, Elberto Meza Mora y Gely Paola Torres Garibello; y al contratista José Nicolás Alvarado Meza. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
Irregularidades.
La investigación estableció que el contrato 543 del 15 de abril de 2020, fue celebrado de manera directa con José Nicolás Alvarado Meza, sobrino del entonces funcionario Elberto Meza Mora, quien supuestamente proyecto el concepto técnico de la convocatoria y la invitación publica para favorecer a su familiar.
Asimismo, se constató que la otra funcionaria, Gely Paola Torres Garibello, habría realizado el análisis financiero de las propuestas comerciales para garantizar el direccionamiento del contrato, al tiempo que se desempeñó como supervisora del mismo. Estas actuaciones ilícitas, al aparecer, fueron avaladas por quien fuera la secretaria de Salud de Cúcuta, María Constanza Arteaga Hernández.
Los señalados implicados en la conducta ilegal suscribieron un otrosí para reajustar los precios de los productos que no tenían IVA y estaban incluidos en el contrato original. La modificación disminuyó el valor del contrato a $912’182.000.
Este resultado investigativo hace parte de las acciones definidas por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para identificar y judicializar a los responsables de hechos de corrupción en el manejo de los recursos públicos destinados a atender las necesidades de los ciudadanos durante la pandemia.
