Colombia tiene una riqueza natural incalculable. Somos privilegiados en materia de biodiversidad a nivel mundial. Las cifras así lo demuestran al ser el segundo país más megadiverso, después de Brasil, con cerca de 58.312 especies registradas, entre ellas abundante variedad de aves y peces. Y muy seguramente son muchas las que faltan en el inventario, por lo que uno de los retos de este y los gobiernos futuros, es el de continuar en su búsqueda y descubrimiento.
Nuestra ‘casa común’ colombiana, como la llama el Papa Francisco, tiene 96 ecosistemas, de los cuales 86 son forestales, 16 sabanas y páramos, 8 son pantanos con vegetación herbácea y aguas abiertas, 7 son marítimos y 6 arbustivos. De estos, 36 están en alto riesgo de desaparecer por la falta de conciencia y cumplimiento de normas por parte de ciudadanos, empresarios y gobierno para preservarlos y protegerlos. Atrás no se queda nuestra fauna, la cual también está en rojo con más de 1.200 especies en peligro de extinción.
Por ello son necesarios todos los esfuerzos públicos y privados para su conservación y protección, pero también para, de manera racional, utilizarla tanto con fines académicos y de investigación como productivos, en la línea de lo planteado por el presidente Iván Duque de ‘producir conservando y conservar produciendo’.
Lo qué más azota a nuestra biodiversidad es la explotación ilegal en diferentes actividades. Una de ellas es la minería ilegal, que está presente en 24 de los 32 departamentos del país. Solo para medir su impacto en nuestro territorio, pongo como ejemplo la cifra revelada por el Ministerio de Minas y Energía, en la que da cuenta de que solo la extracción ilegal de oro de aluvión afecta 64.700 hectáreas de los departamentos de Antioquia, Chocó y Bolívar. Una catástrofe ambiental.
En este punto quiero resaltar el más reciente proyecto de ley que el ministerio de Minas y Energía radicó en el Congreso de la República para endurecer las penas de dos a cinco años por delitos de ecocidios y practicas criminales que afectan nuestro entorno natural, y crea el delito de “comercialización, beneficio y transporte de minerales con origen ilegal”, con lo cual se pondría ‘tate quieto’ a quienes persisten en lucrarse a costa de nuestros ecosistemas.
Los cultivos ilícitos, con las 200.000 hectáreas de coca sembradas, son otra causa grave de la deforestación y la contaminación. Además de la lucha para erradicarlos y frenar el negocio del narcotráfico, el presidente Duque anunció la aprobación del CONPES ‘Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques’, el cual busca implementar estrategias para controlar la deforestación, en especial en los 11 núcleos de mayor actividad ilegal, ubicados en 150 municipios del país, altamente afectados por la pérdida de cobertura de bosque natural.
Colombia cuenta con el 52% de su territorio en bosques. Pero lastimosamente se estima que entre el año 2000 y el 2019 se perdieron cerca de 2.8 millones de hectáreas de bosque natural. Por ello es muy importante la meta de siembra de 180 millones de árboles que tiene el gobierno, y el impulso de proyectos de reforestación comercial y protectora, así como la continuación de la política de Familias Guardabosques, que permite no sólo proteger nuestros ecosistemas, sino generar ingresos a las comunidades.
Finalmente quiero referirme a la importancia de nuestra flora y fauna con fines investigativos y posterior desarrollo productivo. Lamentablemente por la falta de actualización del marco normativo sobre acceso y uso de nuestros recursos naturales y por la tramitología se registra también su uso ilegal.
La investigación en materia de biodiversidad es clave para conocer cuál es la flora y fauna qué tenemos y su aporte para el desarrollo de medicamentos, control de enfermedades, y conocimientos de virus derivados de organismos vivos, entre otra información relevante. En esa línea es importante que el Gobierno Nacional establezca reglas claras sobre el uso de la biodiversidad como recurso genético con fines educativos y de investigación como está estipulado en la Constitución Política.
Para no olvidar: todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros ecosistemas y detener la pérdida de especies.
