Valientes aquellas personas que alzan la voz ante la injusticia. Valientes aquellos Colombianos y Colombianas que le ponen un nombre a lo innombrable y a los innombrables. A los corruptos, a los paras, a los narcos, a los empresarios deshonestos.
No nos gusta el delito pero nos atemoriza ser el sapo. Porque el sapo es en realidad un denunciante oportuno, un líder valiente, que ha sido perseguido históricamente en Colombia. Todavía lo es, como lo refleja el continuo asesinato en contra de defensores de derechos humanos.
Pero ante el terror de los fusiles, se sigue imponiendo la fuerza de nuestros líderes y lideresas. Lo vemos en los miles de colombianos que no se quedan callados a pesar de las amenazas. En ocasiones, aquellos que alzan la voz son nuestros conocidos, vecinos, primos o amigos. En nuestro afán de protegerlos, les pedimos que guarden silencio, que no se metan en problemas.
El líder entiende el riesgo, pero también entiende que su labor va más allá de su propio interés o del interés de su familia. De la misma manera, nuestro instinto de protección tiene que cobijar a voceros conocidos y ajenos. A gran escala, la solución no es pedirle a aquellos que defienden la vida y la tierra que cierren la boca. Al contrario, somos nosotros los que debemos actuar como un colectivo para defender a nuestros defensores. Ellos son una pieza fundamental de toda democracia funcional ya que mantienen a raya la tiranía.
Nosotros debemos mantener a raya a nuestros gobernantes. Les debemos comunicar que el asesinato de líderes sociales nos importa a todos y que exigimos no solo acción sino resultados. El debate sobre las posibles soluciones, que varía por contexto, debe comenzar en nuestra casa y grupo de amigos.
Los mecanismos actuales para la defensa de los líderes parecen ser insuficientes. Según Human Rights Watch, en Colombia tenemos la mayor cantidad de asesinatos contra defensores de derechos humanos en América latina. La comunidad internacional le ha llamado la atención al gobierno, pero nosotros tenemos el rol de alimentar el diálogo y el debate, de lo contrario, las soluciones serán propuestas en una campaña que ya comenzó, y el público, con poder de voto, será incapaz de diferenciar una de otra.
La militarización no parece ser la salida, en el Norte del Cauca, el Pacífico nariñense, el Catatumbo, ni en otras regiones. Tampoco enviar chalecos antibalas y guarda espaldas a líderes amenazados porque la protección es a medias y el enfoque es solamente a corto plazo.
Nuestra democracia pierde una batalla cada vez que un líder muere, pero también cuando este es retirado de su territorio por seguridad, porque esto significa resquebrajar los procesos y la vocería que ellos ejercen en sus comunidades.
El gobierno ha fallado en escuchar los pedidos de los líderes. El esquema de protección colectiva contemplado en el acuerdo de paz y defendido por una alianza de líderes en 15 municipios de la región Caribe, así como en otras regiones, ha quedado de lado.
Según Human Rights Watch, entre 2017 y 2019, el gobierno rechazó el 90% de 1.100 solicitudes comunitarias para estos esquemas de seguridad. El plan de protección de los líderes de las Juntas de Acción Comunal (que son los que más matan) y la creación de Zonas Futuro de Duque, que prometía un enfoque integral al problema, han quedado como otros proyectos, a medias.
Innovadoras propuestas ya existen y propuestas frescas vendrán, pero quedarán engavetadas sino exigimos su implementación. Más triste aún sería llegar a las elecciones de 2022 sin antes tener un debate nutrido acerca de este preocupante fenómeno. Las conversaciones las debemos empezar desde ya para alejarnos de la cultura del silencio que frena el progreso y destruye la vida.
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