Es un hecho que la vida de los colombianos se encuentra sumida en la zozobra e incertidumbre, por cuenta del paro y las manifestaciones que han degenerado en la alteración del orden público durante el último mes. En efecto, los bloqueos de vías, el desabastecimiento, actos violentos, ataques sistemáticos a los bienes públicos y privados, heridos y muertos, acompañados de amenazas constantes de facciones vándalas, pretenden sembrar el caos a nombre de la manifestación pacífica y, hasta cierto punto, lo han logrado. Así lo constatan algunas ciudades en el suroccidente del país, principalmente Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, además de Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, entre otras.
No obstante, esta crisis ha de servir para salir fortalecidos como sociedad y Estado democrático, partiendo de la premisa que los buenos son muchos más y el suelo colombiano, una tierra fértil de promisión. Del mismo modo, sabiendo que los problemas que agobian a una gran parte de la ciudadanía desesperada, no deben ser la razón fundamental para engendrar odio y violencia, sino la oportunidad para entablar un diálogo constructivo que culmine en un pacto social deseado y aplazado. Sin duda, la vía pacífica es el único camino para alcanzarlo y es la mejor manera de acortar la brecha de la inequidad profundizada, para así poder saldar esa deuda acumulada durante tantas décadas.
Dentro de este contexto, las noticias falsas, la intemperancia e intolerancia, sumado a la proliferación de mensajes incendiarios de toda índole y contra personas indiscriminadas, ya sean del gobierno, la oposición, políticos, autoridades, manifestantes, ciudadanos, adeptos y contradictores, no ayudan en nada a que se atemperen los ánimos en procura de lazos de unión y reconciliación. Al respecto, llama la atención el siguiente twitter que circula en las redes sociales: “Si el 5 de junio no está normalizado el País en todos sus campos y la sociedad ha recuperado la tranquilidad, vendrá la mas (sic) poderosa reacción de Veteranos, Reservas, Reservistas y Ciudadanos decidos (sic) a rescatar la Patria. Dios salve a Colombia”.
A propósito de ese mensaje, un amigo ex diplomático, abogado, periodista y académico, radicado en Estados Unidos por cuestiones laborales, me escribió: “No sé qué tan cierto sea este o no. Pero me parece gravísimo que comiencen a circular estos mensajes fascistas… muy muy grave”. Sin el contexto requerido y sin saber a ciencia cierta si constituye una fake news, más allá de la crisis que vivimos, realmente sorprende este tipo de pronunciamientos. Y si la procedencia es genuina, merece una ampliación y clarificación del titular de la cuenta, porque en beneficio de la duda no es útil ahondar en el tema.
Sin embargo, cabe resaltar que las reservas y veteranos defienden permanentemente con su irrestricto apoyo la democracia y la libertad, pero siempre con apego a la Constitución y la Ley. Actuaciones de hecho no están dentro de sus valores, solo actúan en caso de un llamamiento por movilización de las reservas. Es decir, las de primera clase hasta los 50 años de edad. Es por ello que desde hace un tiempo, se viene buscando incesantemente la unión de la reserva, veteranos y sociedad civil de Colombia, para contribuir con una robusta agremiación a la preservación del estado de derecho, la defensa de los valores democráticos, la estabilidad institucional y la plena libertad.
En tiempos de crisis y en estos momentos difíciles, agravados por el nuevo récord de muertes por Coronavirus que este sábado ascendió a 540, los intereses oportunistas de toda pelambre y los cantos de sirena están a la orden del día. Para ejemplarizarlo, el mal ejemplo que han dado algunos congresistas con velados propósitos electoreros, amparados en objetivos nobles y altruistas que alientan a la “primera línea de manifestantes”, pero que en últimas se convierten en la gasolina que atiza el fuego del inconformismo.
Así mismo, el accionar interno de las disidencias de las Farc, el Eln y narcotraficantes, lo que explica la concentración de los desmanes en el suroccidente colombiano, corredor de movilidad estratégico para actividades ilícitas en el océano pacífico. Sin descontar la injerencia externa de los países contradictores de Estados Unidos, con soterrados intereses geopolíticos y económicos, que les favorece la desestabilización de Colombia.
Es por ello que frente a los brotes de anarquía debe prevalecer el estado de derecho, como lo demuestra el anuncio del presidente Duque la noche del viernes 28 de mayo, al adoptar la medida de asistencia militar para enfrentar la caótica situación en Cali y otras regiones del Valle del Cauca.
Adicionalmente, con el decreto 575 de la misma fecha, el presidente imparte instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público, ordenando a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá́ y Neiva, tomar medidas para retomar el orden y evitar el escalamiento de la grave alteración de la seguridad y la convivencia en sus jurisdicciones, dentro de las funciones constitucionales y legales.
Lo anterior implica su obligación de levantar los bloqueos internos en las vías y evitar la instalación de otros nuevos; medidas y acciones para reactivar la productividad y la movilidad en las vías; apoyo a las autoridades judiciales para la efectividad en los procesos de captura y judicialización de quienes incurren en actos delictivos; mantener informada a la opinión pública, nacional e internacional, sobre los avances en el control del orden público y las denuncias de las agresiones sistemáticas contra la población, la fuerza pública y los bienes; decretar toque de queda en caso necesario; y finalmente, ante la inobservancia de las medidas, los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a las sanciones correspondientes.
Todo esto es un paso más y focalizado, hasta agotar todos los recursos disponibles, antes de acudir al empleo de la facultad que tiene el presidente de la república para declarar el Estado de Conmoción interior, como extrema y necesaria instancia, cuando los brotes de anarquía desbordada y generalizada así lo indiquen. Esperemos que prevalezca la sensatez y no se llegue a esa situación, al subestimar la capacidad del Estado, la paciencia y el respaldo de la ciudadanía que no cohonesta con las expresiones de incomprensible violencia y salvajismo.
