En medio de la gran y marcada división ideológica que hay en el país se ha vuelto común escuchar que quienes protestan y se quejan por la corrupción, los malos manejos, los abusos y todas las irregularidades que pululan en nuestro país, es por que quienes se quejan quieren todo gratis, pero ¿qué tan verdad es esto?
Se entiende que algo “gratuito” es un producto o servicio que se obtiene sin pagar. En términos más generales, que un bien o servicio sea gratuito significa que éste es entregado a la contraparte sin una retribución equivalente. Esta equivalencia entre el valor percibido y el precio pagado es área de estudio y debate en economía y sociología. Mientras para algunos el valor de un bien viene dado por el trabajo que hay detrás, para otros es algo completamente subjetivo (personalmente, adhiero a esta última corriente).
La teoría económica establece que una transacción es justa si ambas partes quedan satisfechas en el intercambio de bienes, es decir, ambas partes ganan, como por ejemplo si una docena de huevos cuesta $1.800 y el vendedor queda satisfecho, y el comprador encuentra donde exista ese precio en el mercado, por supuesto, esto funcionaría a la perfección en países con mercados perfectamente competitivos como Nunca Jamás o El País de las Maravillas y Colombia no es ninguno de los dos.
Aquí NO existe competencia perfecta en mercados; esto significa que eventualmente podrían darse condiciones que obliguen a las personas a pagar un precio mayor que el valor percibido (por ejemplo, en caso de monopolio o colusión o el mismo paro nacional que hoy vivimos). Muchas veces, incluso, esa percepción de menor valor es posterior a la transacción.
En una sociedad más equitativa, con un sistema económico más consciente, como se estila en las sociedades modernas, el pago de los impuestos es proporcional (un porcentaje fijo de los ingresos de cada persona) o progresivo (que a mayor ingreso, se pague más porcentaje de impuesto). Por esta razón, en los tramos más altos de ingreso, los impuestos pueden llegar hasta el 35%. ¡Pero cuidado! No es el 35% sobre los ingresos totales, sino sobre la base imponible; es decir, (en términos simplones) los ingresos menos los costos en que la persona ha incurrido menos las inversiones que han realizado las sociedades de las que es dueño. Por “suerte”, las personas que pagan ese 35% tienen acceso a un ejército de contadores y abogados expertos en eludir gran parte de esos impuestos. “Planificación tributaria”, le dicen.
“Es menester del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud y la educación de cada ciudadano”. No señala necesariamente que deba ser gratuita, pero la clave está en el término igualitario.
Si aceptamos la premisa de que el valor es subjetivo, entonces un acceso igualitario implica necesariamente que la percepción de valor en salud y educación debería ser aproximadamente la misma en todas las personas sin importar su nivel socio económico.
En resumen, no es que los pobres quieran todo gratis. Lo que las personas quieren es que se pague lo que consideran justo. Muchas que han salido a marchar lo han hecho a partir de esta percepción injusta valor/precio (y por muchas otras razones), no porque quieran todo gratis. Un debate con altura de miras requiere ponerse serios en los términos del debate, con verdadera atención a los problemas, sin simplificaciones infantiles ni clichés, porque decir que “la gente quiere todo gratis” no tiene absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo en las calles.
