El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y empleados de la Rama Judicial, (Asonal), Fredy Machado López, dijo hoy que apoyaran la Consulta anticorrupción pero se abstendrán de votar en la primera pregunta.
Promoveremos la abstención frente a la primera pregunta que pretende reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado indicados en el artículo 197 de la Constitución Nacional de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fijando este tope como máxima remuneración mensual, por las siguientes razones:
1.- Contraviene abiertamente el artículo 187 de la Carta Política, según el cual la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República, de suerte que la ley que se expida para acatar e instrumentalizar el mandato popular o, en su defecto, el decreto presidencial, según el caso, tal como lo dispone la Ley 1757 de 2015, difícilmente superará el control de constitucionalidad que se demande ante la Corte, toda vez que pugnaría con el postulado de la remuneración móvil consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional y el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, y el principio de progresividad y no regresividad en materia laboral previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
2.- Si bien la reducción salarial que se promueve se enfoca sólo a congresistas y altos funcionarios del Estado, lo cierto es que por estar atados a la remuneración de éstos, existe un alto riesgo que la de un vasto número de servidores públicos con ingresos medios y bajos (Rama Judicial, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Militares y Policía Nacional, etc.) resulte también disminuida por el “efecto dominó” que pueda tener, como seguramente sucederá con la de los magistrados de tribunales y homólogos, cuya remuneración representa el 80% de la percibida por los magistrados de las altas cortes (Leyes 10/87 y 63/88 y Decretos 610/98, 2668/98, 664/99 y 4040/04), circunstancia que aprovechará el gobierno entrante para impulsar enmiendas de ese linaje, que unidas a la sentencia que fijó el tope máximo de las “megapensiones” (C258/13), en la cual la Corte Constitucional reconsideró la teoría de derechos adquiridos, y a las anunciadas reformas pensional, laboral, tributaria y fiscal que exige la OCDE, el FMI, el BID y el Banco Mundial, dejan entrever, por su catadura neoliberal, que nuestra preocupación es fundada, amén de que la estrategia de rebajar salarios, empleada por el gobierno de Uribe Vélez (Ley 789 de 2002), no es la adecuada para combatir la corrupción, dado que es más factible enfrentarla escogiendo para tales cargos a ciudadanos de probada honorabilidad mediante un riguroso sistema de méritos, y menos para generar empleo, pues en vigencia de esa ley los trabajadores perdieron 28 billones de pesos (Agencia de Información Laboral, 28 de abril de 2018).
Frente a esta convocatoria popular, los judiciales debemos asumir una actitud de respaldo y acompañamiento para que el pueblo colombiano, víctima de este flagelo, eleve su voz contra sus autores y patrocinadores, pues pese a que la administración de justicia atraviesa por un mal momento, dado el descrédito a la que ha sido expuesta por los deshonrosos comportamientos de varios magistrados de las altas cortes, lo correcto es sumarnos a los esfuerzos que los sectores democráticos y las gentes de bien de nuestro país realizarán para extirpar de la sociedad tan ominoso legado de una clase dirigente que le apostó sin miramiento alguno al dinero fácil y al saqueo de los recursos públicos.
El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, denunció que anualmente en Colombia se dilapidan 50 billones de pesos por actos de corrupción (1 billón semanal), cifra que según la Sociedad Colombiana de Economistas representa el 4% del Producto Interno Bruto, pues advirtió que en la década 1991-2000 ese guarismo alcanzó la suma de 189 billones de pesos, es decir, 27 veces el recaudo de la reforma tributaria de 2017 (7 billones de pesos), dinero con el cual se podría pagar el servicio de la deuda de la Nación de 2017 (54 billones de pesos), o se garantizaría el acceso a un sistema de salud de calidad y cobertura total, o se desarrollarían tres líneas del metro para Bogotá.
La primera pregunta de la consulta anticorrupción
¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes SMLV, fijando un tope de 25 SMLV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?.
