Un grupo de 19 exministros y viceministros de Salud y Protección Social ha expresado su preocupación ante los recientes cambios en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) establecidos en la Resolución 2717 de 2024. A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, los exfuncionarios alertaron sobre los riesgos que estos ajustes representan para el sistema de salud colombiano, poniendo en peligro principios fundamentales como la legalidad, la transparencia y la eficiencia del gasto público.
Los exministros cuestionaron duramente el procedimiento seguido para la emisión de la resolución, indicando que careció del rigor técnico y metodológico necesario. Según argumentaron, la falta de estudios financieros adecuados podría comprometer la capacidad del sistema de salud para garantizar la atención a los ciudadanos.
En el documento, los firmantes señalaron que el Estado tiene la obligación de asegurar la financiación suficiente para la atención en salud, y que las decisiones sobre la UPC deben basarse en análisis técnicos que reflejen las verdaderas necesidades de la población y los costos asociados. De no ser así, advirtieron sobre posibles consecuencias graves, como el deterioro de la calidad de los servicios, barreras de acceso, desabastecimiento de medicamentos y retrasos en la atención médica, especialmente para pacientes con enfermedades complejas.
Los exfuncionarios también destacaron la importancia de los estudios técnicos, señalando que no deben considerarse una formalidad administrativa, sino una herramienta esencial para la sostenibilidad del sistema de salud. En este sentido, manifestaron su preocupación por el debilitamiento de la capacidad técnica del Ministerio de Salud, que en lugar de fortalecer su estructura, ha visto reducida la capacidad para evaluar la suficiencia de la UPC.
Otro de los puntos críticos planteados en la carta fue el estancamiento de la mesa técnica ordenada por la Corte Constitucional para evaluar la suficiencia de la UPC. Según los exministros, esta instancia aún no ha iniciado sus labores y la convocatoria no ha cumplido con los criterios de representatividad establecidos en el Auto 007 de 2025.
Los exministros también rechazaron declaraciones consideradas ofensivas por parte del presidente Petro y otros altos funcionarios, quienes se dirigieron de manera despectiva hacia senadores, pacientes, profesionales de la salud y exfuncionarios. Según los firmantes, estas declaraciones desvían el enfoque de la discusión, que debe centrarse en los aspectos técnicos y jurídicos necesarios para tomar decisiones fundamentadas en el sector salud.
En su misiva, los exfuncionarios instaron al gobierno a cumplir con las disposiciones legales y constitucionales, así como con los mandatos de la Corte Constitucional. Además, hicieron un llamado a los actores del sector salud y a la ciudadanía en general para que se sumen a la defensa del sistema de salud, más allá de los debates sobre la reforma.
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Finalmente, enfatizaron que la garantía del derecho a la salud depende de decisiones basadas en evidencia, planificación financiera adecuada y una institucionalidad técnica independiente, elementos claves para asegurar la sostenibilidad del sistema y su capacidad para atender las necesidades de la población.
