Lo que empezó como una revisión de rutina a una licitación pública terminó revelando una red de nombres repetidos, vínculos ocultos y documentos manipulados. No fue el monto lo que me alertó —aunque las cifras lo ameritan—, sino los rastros en los metadatos, los parentescos camuflados y las firmas ya conocidas por otros escándalos.
Lo más desconcertante fue encontrar que muchos de los protagonistas de estos millonarios consorcios están registrados en el Sisben como personas pobres o vulnerables. La madeja se fue desenredando sola: las mismas empresas, los mismos nombres, la misma estrategia reciclada para capturar contratos públicos desde distintos frentes.
El 16Dic2024, la secretaria General de la Alcaldía de Cartagena, María Patricia Porras Mendoza —prima de Andrés Porras Villamil (Contratista de la Alcaldía de Cartagena y presidente de la Fecolsurf)— firmó la Resolución 9101 adjudicándole la licitación CMA-SPD-001-2024 al Consorcio Mitigación 2025 por más de $8.250 millones.
El objeto del contrato fue la «elaboración de estudios detallados orientados a determinar la categorización del riesgo de inundación y establecer las medidas de mitigación correspondientes para cinco (5) zonas del Distrito de Cartagena de Indias». La Secretaría de Planeación, bajo el mando de Camilo Rey Sabogal, sería la dependencia encargada de supervisar el contrato desde el punto de vista técnico.
El Consorcio Mitigación 2025 estaba conformado por la ESAL Asociación de Hombres de mi Tierra (localizada en Cartagena y cuyo representante legal es Omar Alfonso Romero Garrido) con un 10% y Pablo Eugenio Castilla Negrete, oriundo de Montería, con un 90%. El representante legal del consorcio es Jeik Galván Pinedo.
Hasta aquí no había problemas. Sin embargo, cuando empecé a escudriñar la documentación presentada surgieron varias banderas rojas que alertaban sobre una posible cartelización y los personajes detrás de esta.
Lo primero que descubrí luego de la revisión documental fue que los metadatos tanto de la carta de presentación de la oferta como en el documento de conformación del consorcio indicaban que el autor de ambos archivos era Luis Gabriel Villanueva.
Ese nombre se me hizo familiar. Inmediatamente recordé que en el Episodio 5 – Parte 2 y Parte 3, donde investigué acerca de los cinco Contratos de Limpieza de Canales Pluviales de Cartagena que gerenció Edurbe el año pasado, surgió el nombre de Guadis María Reales Rivera vinculado a la empresa Tend Construcciones y Servicios SAS, junto con Elkin René Reyes Romero. Por otra parte, Guadis está también asociada con Luis Gabriel Villanueva Diago, ambos oriundos del municipio de Calamar (Bolívar), en la empresa Villanueva Ballestas SAS (VIBA SAS).
La primera pregunta que hay que hacerse es: ¿Qué hace Luis Villanueva Diago en archivos del Consorcio Mitigación 2025 si, de acuerdo a la documentación presentada en la licitación, él no hace parte de ninguna de las entidades consorciadas? La segunda pregunta sería: ¿estamos en presencia de un nuevo clan en las licitaciones de la Alcaldía de Cartagena?
Al indagar más contratos de la administración Turbay Paz, pude establecer que, en al menos dos más, los metadatos registraban que Luis Villanueva Diago era el autor de las cartas de presentación de las ofertas de los correspondientes consorcios ganadores de las licitaciones SMAC-SID-003-2024 (por un valor inicial de más de $503 millones y adjudicada al Consocio VJ Andenes 2024) y CMA-SEGD-003-2024 (por un valor inicial de $940 millones y adjudicada al Consorcio Intercanales 2024), lo que evidenciaba un patrón de comportamiento.
La presencia de Luis Gabriel Villanueva Diago en documentos del Consorcio VJ Andenes 2024 no es de extrañar, ya que el citado consorcio estaba compuesto por Orlando Enrique Jimeno Gómez y la empresa VIBA SAS. Luis Gabriel no solo es socio de VIBA, sino que, junto con su hermano Mauricio, son los representantes legales de la empresa.
La madeja comienza a desenrollarse al mirar las personas naturales y jurídicas que conforman al Consorcio Intercanales 2024: BSC Consultoría e Ingeniería SAS, Dávila Gómez Ingeniería y Construcción SAS y Tend Construcciones y Servicios SAS.
Presten atención: la representante legal del Consorcio Intercanales 2024 es Amalia Rosa Garrido Ramírez, quien, a su vez, es la representante legal de Tend Construcciones y Servicios SAS, empresa que tiene como socia a Guadis Reales Rivera, quien también está asociada con Luis Gabriel Villanueva en VIBA SAS. Todo lo anterior indicaría que Luis Villanueva Diago sería el patinador de esas empresas. ¿Quién está detrás de Guadis y Luis?
El «Clan de los Sisbenizados»
Pero las cosas no acaban ahí. Resulta llamativo que Guadis, con escasos 28 años, no solo tenga dos empresas que suscriben millonarios contratos públicos, sino que esté afiliada al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben) en la categoría B1 (pobreza moderada). Pobre Guadis.
Y Guadis no es la única. Orlando Enrique Jimeno Gómez del Consorcio VJ Andenes 2024 también está afiliado al Sisben en la categoría D12 (no pobre no vulnerable), pese a que tenía el 90% de un contrato por más de $500 millones. En la misma línea está Amalia Rosa Garrido Ramírez que está en la categoría C15 (vulnerable).
Álvaro Javier Ballestas Arrieta, de Calamar (Bolívar), quien sale en el acta de constitución de Villanueva Ballestas SAS (VIBA SAS) está afiliado al Sisben en la clasificación C17 (vulnerable). En documentación de VIBA SAS aparece un personaje que me llevó a otros más. Se trata de Jhoiser Adonis Manjarrez Gari, quien se suma a la lista del ‘Clan de los Sisbenizados’ en la categoría C1 (vulnerable).
Jhoiser es el representante legal y socio de la empresa Constructora Middas SAS. El otro socio de esta empresa es Hernán Ramiro Daza Romero, quien se encuentra en la categoría A3 del Sisben (pobreza extrema).
El nombre de Jhoiser vuelve a repetirse en documentos de Avantiz SAS, empresa que hizo parte del escándalo que develáramos el 26May2025 en el Portal 724 Noticias acerca de la contratación de la Gobernación de Bolívar (leer ‘Alarma por irregularidades en contrato vial de $128 mil millones en Bolívar’).
Como recordarán los lectores, Avantiz SAS participó en dos de los cuatro consorcios postulados al citado contrato: el Consorcio Vial del Caribe y el Consorcio Caminos de la Prosperidad 2025. En el primero, su representante legal era Gustavo Andrés Rodríguez Tapia; en el segundo se registraba a Rafael Guillermo Dáguer Escobar, quien no solo no estaba misteriosamente en documentación de la empresa, sino que también es contratista de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico (DAAL) de la Alcaldía de Cartagena, bajo el mando de Merys Castro Pereira, prima del exalcalde encargado y actual funcionario de la dirección comercial de Cormagdalena Pedrito Pereira Caballero.
Pues bien, Gustavo Rodríguez Tapia está afiliado al Sisben en la categoría B3 (pobreza moderada). Pero no solo eso, sino que dos días después de la columna donde destapamos el escándalo (28May2025), Avantiz SAS decidió cambiar de representante legal a Alfonso Enrique Mendoza Castillo, quien también está sisbenizado en la categoría B3.
Más aún, documentos de VIBA SAS registran a Eduardo José Cárcamo Buelvas, quien era el representante legal de Consulting Work SAS. En septiembre de 2024, hubo un cambio: los representantes son Raúl Vargas Aguilar y Wilson Iván Márquez Pinto, quienes se unen al ‘Clan de los Sisbenizados’ en la categoría B2 y B3 (pobreza moderada), respectivamente. En un acta de 2020, se observa a Mayra Torres Guillén como secretaria de la reunión, quien también está afiliada al Sisben en la categoría B5 (pobreza moderada).
Eduardo Cárcamo también está en documentos de la empresa Petrochem Field Services Colombia SAS, en donde aparecen otros tres sisbenizados: Ray Gutiérrez Tinoco (C1 – vulnerable), José David Monterroza Serrano (A2 – pobreza extrema) y Miguel Antonio Vides Correa (A3 – pobreza extrema).
En la documentación del Consorcio Intercanales 2024, se observó a Jeffry Orlando Marsiglia, quien, pese a que no está en el Sisben, y de acuerdo al portal The Archipielago Press, fue capturado por porte de 733 gramos de marihuana en el aeropuerto de San Andrés Islas en 2016.
Por otro lado, una fuente me informa que, supuestamente, Rafael Dáguer Escobar es conocido de Briyan de Jesús Santoya Becerra y dizque este a su vez es amigo de Luis Fernando ‘El Tuto’ Majana Pupo, quien es cuñado del alcalde Turbay Paz.
Briyan está en documentación de la empresa Itaca Ingeniería SAS, cuyos socios son Vanessa María Santoya Becerra (hermana de Briyan y funge también como representante legal) con un 99.8% y la empresa Construcciones y Consultorías AC SAS con un 0.2%.
El representante legal de Construcciones y Consultoría SAS es Jorge Luis Cabaleiro Delgado, en donde también aparece su hermano Amaury como socio.
Dos datos curiosos: el primero es que en documentos de Construcciones y Consultorías AC SAS aparece Alexander Martelo Muñoz, quien, como todos saben por mis denuncias (Episodio 4 – Parte 1, Parte 2, Parte 3 y Parte 4), fue donante y contador de la campaña de Dumek Turbay a la alcaldía. Martelo Muñoz es contratista tanto de la Alcaldía de Cartagena como la Gobernación de Bolívar; entidades con las que ha suscrito respectivamente cinco y cuatro contratos entre el 2024 y 2025, que suman casi $262 millones. El segundo es que Enrique Chiquillo Rico, quien aparece como contador en varios documentos de empresas y fundaciones del ‘Clan Morales’, también está en archivos de Itaca Ingeniería SAS.
En la próxima entrega develaré todas las irregularidades del contrato CMA-SPD-001-2024. Espero que el secretario Camilo Rey y la secretaria María Porras le den una explicación a los cartageneros y por supuesto que los entes de control comiencen a tomar apuntes.
- Ñapa
Cuando pensaba que la investigación del caso del ‘Clan Barranqueño’ había terminado, salieron nuevas evidencias. Una fuente, que prefiere permanecer por ahora en el anonimato, me comentó que, supuestamente, la persona detrás de las cinco empresas del ‘Clan Barranqueño’ sería Héctor José Sosa Monsalve.
Hoy, 23Jun2025, presenté a la Fiscalía un oficio de ampliación de la denuncia por lo del ‘Clan Barranqueño’, en donde di detalles de los vínculos de Héctor Sosa Monsalve con Diego Sosa Robayo, Emelin Pérez Bobadilla y las empresas Pavicar SAS, JS Valores SAS, Dinacol SAS, SJJ Ingeniería SAS, Constructora Terluz SAS y Soluciones de Ingeniería Nómadas SAS.
En las cuatro últimas empresas surgen los nombres de Osvaldo Rodríguez Luna, Verónica Bolle Díaz, Luis Alejandro Marrugo Otero, Sergio Alexander Otero Humanez. Sergio Alexander y Luis Alejandro serían familiares de Guillermo Iglesias Otero, quien a su vez es el cónyuge de Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta de Corpoturismo de Cartagena, y aparentemente amigo de ‘El Tuto’ Majana.
Asimismo, al indagar más a fondo acerca de Héctor Sosa Monsalve salió a relucir que él y su hermano Omar Sosa Monsalve estuvieron vinculados en el asesinato de Rafael Jaimes Torra y Germán Augusto Corzo en 2002. Jaimes Torra era miembro de la Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol en Barrancabermeja, en donde los hermanos Sosa Monsalve eran contratistas a través de la empresa Servicios Marped Ltda (NIT 800.131.966-3, hoy Jascom Ingenierías SAS).
Omar Sosa Monsalve fue condenado a prisión. En los siguientes enlaces puede encontrarse información relacionada con el homicidio:
- https://drive.google.com/file/d/1QaKYkiJUrBzDlp2BsVHJgf2_y3u7oYqL/view?usp=sharing
- https://vlex.com.co/vid/resolucion-n-3997-tribunal-861303423
- https://www.ramajudicial.gov.co/documents/39795686/68942021/25.pdf/3bd4b587-c67d-4c3e-9aac-268224a32ecb
Por lo visto, las administraciones Turbay Paz y Arana Padauí tendrán mucho que explicarles a los entes de control y al país.
