Un golpe a la impunidad se dio este lunes con la condena de Alberto Jacinto Vásquez Vásquez, exnotario del municipio de San Jacinto, Bolívar, quien fue hallado culpable de facilitar el despojo violento de tierras a través de trámites notariales fraudulentos en favor de grupos paramilitares. La decisión fue tomada por una juez penal especializada de Quibdó (Chocó), tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
Vásquez deberá pagar nueve años y dos meses de prisión y una multa superior a 2.988 millones de pesos, al ser declarado responsable de los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir.
Según reveló la Fiscalía, el exnotario utilizó su cargo para dar apariencia de legalidad a la ocupación violenta de predios cometida por estructuras paramilitares como la ‘Casa Castaño’, el Bloque Élmer Cárdenas y el Bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en las regiones de Curvaradó y Jiguamiandó, entre 1996 y 2001.
“El exfuncionario avaló enajenaciones de predios a precios irrisorios, en lo que fueron auténticas compraventas forzadas, apoyadas en documentos falsos y firmadas bajo amenaza armada”, explicó un investigador del caso, adscrito a la Dirección de Justicia Transicional.
Estas operaciones obligaron a los legítimos propietarios y tenedores de la tierra a huir de sus territorios, abandonando sus bienes ante el temor de represalias por parte de los grupos armados.
Los terrenos despojados fueron posteriormente utilizados por los paramilitares para ejecutar proyectos agroindustriales de palma de aceite y desarrollar ganadería extensiva, en muchos casos dentro de zonas de reserva forestal, lo que provocó un severo daño ambiental. Además del desarraigo de las comunidades, el impacto de estos proyectos transformó el uso ancestral del suelo y favoreció intereses económicos ligados a la guerra y el despojo.
La condena contra Vásquez Vásquez es considerada una de las más relevantes en el país contra funcionarios que actuaron como cómplices civiles del paramilitarismo, al aprovechar su rol institucional para facilitar crímenes de lesa humanidad bajo una fachada de legalidad. Aunque la sentencia es de primera instancia y admite recursos, para las víctimas representa un paso hacia la verdad, justicia y reparación.
“Esto demuestra que el aparato judicial puede llegar hasta las estructuras de poder que, desde los escritorios, también sembraron el terror”, afirmó un abogado de las comunidades afectadas.
Con este fallo, la justicia le pone nombre y rostro a quienes, desde cargos públicos, ayudaron a legalizar el despojo armado, y abre la puerta para que otros casos similares sean investigados con igual rigor.
