En Colombia, gobernar parece haberse convertido en un ejercicio de distracción estratégica: mientras más críticas recibe el presidente Gustavo Petro, más densa y aparatosa es la cortina de humo que despliega. La última jugada —más propia de un prestidigitador que de un jefe de Estado— es el ya conocido decretazo de las tutelas: el Decreto 799 de 2025, mediante el cual se eliminó la competencia exclusiva del Consejo de Estado para conocer las acciones de tutela contra el presidente y sus ministros. A partir de ahora, cualquier juez del circuito podrá decidir sobre estos procesos. ¿Descentralización? ¿Fortalecimiento del acceso a la justicia? No. Es una maniobra para debilitar los contrapesos institucionales y blindar al Ejecutivo frente a un escenario judicial cada vez más incómodo.
A primera vista, el decreto podría parecer técnico. Pero su impacto es estructural. La tutela es el mecanismo por excelencia para la defensa de los derechos fundamentales, y las acciones contra el Ejecutivo, por lógica institucional, requieren una instancia de alto nivel y calificada. Arrebatarle esa competencia al Consejo de Estado no solo mina las garantías de imparcialidad, sino que fragmenta el control constitucional, lo expone a decisiones contradictorias y lo vuelve más vulnerable a presiones políticas o ideológicas. Petro, inconforme con los fallos que lo contradicen, ahora busca modificar las reglas del juego para que esos fallos no lo alcancen.
Mientras tanto, el país real hierve. Las carreteras del Tolima, Huila, Cesar y Casanare están bloqueadas por arroceros y campesinos desesperados ante los altos costos de producción, el abandono institucional y la falta de cumplimiento de las promesas hechas al agro. Un gobierno que llegó con el discurso de la justicia social, hoy deja a los productores sin apoyo, sin diálogo y sin alternativas. Ante la indiferencia estatal, los cultivadores han recurrido al bloqueo como única vía para ser escuchados.
Como si fuera poco, el inminente aumento del precio del diésel —combustible vital para el transporte de carga y la maquinaria agrícola— amenaza con avivar aún más el fuego de la protesta. Es una paradoja grotesca: mientras el gobierno se jacta de combatir el hambre, adopta medidas que golpean directamente a los campesinos y a quienes sostienen la cadena alimentaria del país. La “transición energética” no puede hacerse sacrificando a quienes todavía labran la tierra con las uñas y empujan la economía desde el fango.
Todo esto ocurre bajo la sombra de las elecciones presidenciales de 2026. Petro parece estar diseñando su estrategia política con base en la confrontación institucional, la polarización constante y el desvío narrativo. Se presenta como víctima de las élites, de la justicia, del Congreso, de los medios… de todos, menos de su propia incapacidad de gobernar. Mientras tanto, los colombianos —ese pueblo al que dice representar— no encuentran alivio en los mercados, ni en los campos, ni en los hospitales.
El país está pagando el precio de un gobierno que privilegia el conflicto sobre el consenso, el espectáculo sobre la gestión, y la imposición sobre el diálogo. La reforma a las tutelas no es una simple jugada jurídica: es una señal de alarma democrática. Y los bloqueos arroceros no son hechos aislados, son el termómetro de una nación que ya hierve por dentro.
Petro sigue gobernando como si aún estuviera en campaña. Pero ya no basta con humo para esconder el desastre: el arroz se sigue pegando, los jueces se dispersan y los ciudadanos se cansan. Y cuando las cortinas de humo se disipen, quedará a la vista todo lo que realmente se estaba cocinando. La pregunta es: ¿quién asumirá la responsabilidad por el desastre?
