“¡No den papaya! Están caminando por los caminos del derecho penal. Eso que están haciendo no es legal”. La advertencia del abogado Eduardo Matson retumbó como un campanazo en Cartagena, luego de que se viralizaran videos en los que dos funcionarios de la administración del alcalde Dumek Turbay Paz protagonizan operativos de control actuando fuera de la ley y sin competencia alguna.
Las imágenes hablan por sí solas. En una, se ve al director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín, en plena confrontación con lancheros y carperos en una playa de Cartagena, fuera de todo protocolo. En otra, el secretario del Interior, Bruno Hernández, somete violentamente por la espalda a un motociclista en un operativo contra el mototaxismo. Más que autoridad, lo que proyectan es autoritarismo.
Para Matson, no hay duda: lo que estos funcionarios están haciendo no solo es ilegal, sino temerario. “A Jaime Hernández habría que ubicarlo en la administración del mercado público o en una gerencia de playa. Para manejar seguridad, no sirve”, dijo con sarcasmo, mientras criticaba con dureza la actitud de Bruno Hernández: “No es policía, ni karateca, ni boxeador de la UFC. Está actuando mal. Esa no es su función”.
Pero esto no es nuevo. El concejal Javier Julio Bejarano ya había encendido las alarmas en una denuncia publicada en 724 | Noticias sobre la forma arbitraria en que Hernández Amín interviene en operativos como si estuviera en campaña electoral, más preocupado por reflectores que por los resultados.
Según el cabildante, el director de Distriseguridad actúa como si tuviera una cámara de televisión siguiéndolo todo el tiempo y convierte cada acción institucional en una escena para lucirse. “Le falta criterio y le sobra show”, sentenció Julio Bejarano.
El escándalo escaló aún más cuando el concejal denunció ante el Concejo Distrital de Cartagena que Hernández Amín estaría usando recursos públicos para su autopromoción política, mientras las cámaras de seguridad —las que deberían estar registrando hechos delictivos como el asesinato de Alix González Ramírez o la desaparición de la médica Tatiana Hernández— simplemente no funcionan.
“Lo que no vemos son los delincuentes, porque las cámaras están fuera de servicio. Pero sí vemos, en alta calidad y con edición profesional, a Hernández Amín en videos que parecen más de campaña electoral que de gestión pública”, denunció con indignación.
El señalamiento es grave: más que director de seguridad, Hernández Amín estaría actuando como un precandidato camuflado. Julio Bejarano citó la Ley 2345 de 2023, que prohíbe expresamente a los funcionarios utilizar recursos del Estado para promoción política, y fue directo: “Solo le falta decir ‘voten por mí’. Está usando el dinero del pueblo para proyectar su ego. Eso es inmoral y además, ilegal”.
Y mientras tanto, la ciudad sigue a merced de la delincuencia. Julio Bejarano recordó que Cartagena ha destinado más de 61 mil millones de pesos al fortalecimiento de la seguridad, sin que se vean resultados concretos. Las cámaras están apagadas, las alarmas inservibles y la sensación de inseguridad crece día a día. “¿A eso se está destinando el dinero que debía protegernos?”, preguntó con vehemencia.
El cabildante presentó una proposición formal para que el Concejo investigue el actuar de Hernández Amín, señalando que su rol cambia según el libreto del día: “Un día es jefe de seguridad, otro vocero de Dimar, de Umata o de la Capitanía de Puerto. Esto ya no es una administración, es una puesta en escena. Cartagena no es un teatro para improvisaciones ni un set de campaña”.
La bomba ha estallado y la ciudadanía está mirando. En una ciudad golpeada por la violencia, la extorsión y la impunidad, el debate ha dejado de ser sobre gestión pública: ahora se trata del uso ético, legal y responsable del poder. Mientras la administración guarda silencio, la ciudadanía exige respuestas. Porque Cartagena no necesita shows ni funcionarios con alma de vigilantes. Lo que necesita es seguridad real, resultados palpables y respeto por la ley.
