La huida del adolescente que iba a revelar detalles del ataque al senador Miguel Uribe Turbay prende las alarmas sobre el sistema de protección a menores involucrados en procesos judiciales de alto perfil.
En un hecho que ha generado conmoción nacional y fuertes cuestionamientos institucionales, se fugó el adolescente de 17 años que había sido señalado como testigo clave en el caso del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El joven, quien se entregó de forma voluntaria a la Fiscalía con la promesa de colaborar en la investigación y ampliar su declaración, estaba bajo medida de protección en un Centro de Emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, escapó alrededor de las 11:00 p. m. del lunes 28 de julio en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
El adolescente habría participado en al menos una de las reuniones de planificación del atentado perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá, donde Uribe resultó gravemente herido tras un ataque sicarial que sacudió al país. Su testimonio se consideraba fundamental para desentrañar la autoría intelectual y operativa del crimen.
La Procuraduría General de la Nación, en un comunicado enérgico, manifestó su rechazo a lo ocurrido: “Este despacho ha iniciado indagaciones correspondientes para establecer las responsabilidades de los hechos y las condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente. Exigimos a las autoridades trabajar con urgencia para dar con su paradero y así proteger el curso de la investigación”.
La fuga deja en evidencia graves fallas en el sistema de protección estatal, pues el adolescente no solo estaba colaborando con las autoridades, sino que se encontraba bajo la tutela directa del ICBF, lo que implica un protocolo de seguridad que, en este caso, claramente no fue eficaz.
Además, se pone en riesgo la integridad del joven, quien podría estar bajo amenaza por la información que posee, y se debilita una pieza clave para esclarecer uno de los atentados políticos más delicados de los últimos años en Colombia.
La fuga del testigo genera incertidumbre jurídica, política y social. ¿Cómo se permitió que alguien tan valioso para la justicia escapara de una entidad del Estado? ¿Qué medidas se tomarán para garantizar que no se repita un hecho similar?
Este nuevo capítulo del caso Miguel Uribe podría tener repercusiones judiciales profundas, y sin duda, golpea la credibilidad del sistema de protección de menores involucrados en procesos penales de alto impacto.¿Dónde está el testigo? ¿Y quién responde por su fuga?
