Mientras los Equipos Básicos de Salud en Cartagena de Indias recorren los barrios bajo el sol, sorteando toda clase de peligros en sectores marcados por la violencia, surgen denuncias que ponen bajo la lupa el uso de los fondos nacionales y las condiciones laborales de quienes sostienen el modelo preventivo en la ciudad.
Algo no está funcionando bien en el engranaje del sistema de salud pública de Cartagena de Indias. El programa de Equipos Básicos de Salud (EBS) —una de las apuestas más ambiciosas del gobierno del presidente Gustavo Petro para llevar atención primaria a todos los rincones del país— parece estar enfrentando un escenario que merece, al menos, una profunda revisión.
Varios trabajadores que integran los equipos en la capital de Bolívar han alzado su voz, pidiendo reserva de identidad por temor a represalias, y aseguran que las reglas del juego cambiaron en medio del camino. Según ellos, órdenes internas estarían priorizando la atención a pacientes de ciertas EPS, cuando la norma es clara: los recursos son nacionales y deben destinarse a toda la población del territorio, sin distinción.
¿Se trata de un simple malentendido administrativo o de una práctica que contradice el espíritu del modelo preventivo?
Los testimonios coinciden en un punto doloroso: la precariedad laboral. profesionales de la salud que diariamente caminan bajo el sol, casa por casa, llevando salud y esperanza a comunidades marginadas, aseguran que ahora enfrentan retrasos injustificados en sus pagos, cambios repentinos en las condiciones de sus contratos y filtros que no estaban contemplados en el acuerdo original con el Ministerio de Salud.
“Si iban a poner tantas trabas para pagarnos, no habríamos tenido que endeudarnos para cubrir la seguridad social. Somos OPS, no tenemos prestaciones, y muchos tuvimos que prestar dinero pensando que después nos pagarían. Pero no ha pasado”.
Se habla de honorarios estipulados oficialmente, que rondan entre $6 y $7,5 millones mensuales, según el perfil profesional, y de contratos que ya cumplieron sus metas con respaldo documental. Sin embargo, los pagos —denuncian— no llegan.
¿Puede un programa social sostenerse sobre el cansancio y la frustración de quienes lo ejecutan?
El presupuesto de los EBS, según fuentes consultadas, no proviene del Distrito de Cartagena, sino directamente del Gobierno Nacional. Eso implica que el control y la vigilancia del uso de esos fondos debería recaer en el Ministerio de Salud.
Si los recursos se están orientando hacia un grupo poblacional específico —como se sospecha—, el riesgo no solo es administrativo: es ético y político. Porque se estaría desdibujando el propósito del modelo que busca prevenir la enfermedad antes de que el paciente llegue a un hospital, y garantizar atención a toda persona residente en un microterritorio, incluso si no está afiliada al sistema.
La pregunta inevitable es: ¿Quién está vigilando que estos recursos se usen como fue concebido por la Resolución 3280? Y, sobre todo, ¿por qué el silencio institucional ante las quejas que ya circulan entre los equipos en terreno?
No se trata de condenar sin pruebas, sino de poner la lupa donde hay señales de alerta. El programa de Equipos Básicos de Salud es, en esencia, una iniciativa noble: lleva bienestar, prevención y acompañamiento donde el sistema tradicional no llega. Pero si lo administrativo empieza a sofocar lo humano, si la gestión local traiciona la misión nacional, entonces el modelo entero corre riesgo.
El Ministerio de Salud, como ente rector, debería revisar con prontitud lo que está ocurriendo en Cartagena de Indias. Porque la salud pública no puede permitirse fisuras de confianza ni zonas grises donde lo que debería ser un ejemplo termine siendo motivo de sospecha. ¿Estamos ante un problema aislado o frente a un síntoma más profundo de cómo se gestiona la salud en Colombia?
