La Fiscalía General de la Nación hizo hoy un llamado a la ciudadanía para que denuncie y no permita que las redes de trata de personas se involucren en la cotidianidad de las comunidades y con el pretexto de ayudar a solucionar los problemas económicos, recluten jóvenes para explotarlas sexualmente y someterlas a tratos crueles e inhumanos en el extranjero.
Esta maniobra ilícita quedó en evidencia en una investigación de la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional, que permitió detectar a una estructura criminal que se habría ensañado contra la juventud de un barrio de La Dorada (Caldas) y alcanzó a cooptar a más de 100 niñas, adolescentes y mujeres, a quienes hicieron falsos ofrecimientos laborales, las llevaron a Trinidad y Tobago y obligaron a ejercer actividades sexuales.
El material probatorio y los testimonios de varias víctimas que después de 10 años decidieron revelar la cantidad de atrocidades que enfrentaron, pusieron al descubierto los roles cumplidos por esta red de trata de personas. Inicialmente, un grupo de mujeres recorría las calles de un sector específico en La Dorada (Caldas), contactaba jóvenes en condición de vulnerabilidad entre 15 y 19 años de edad, y les prometían trabajo como meseras, enfermeras o niñeras en Trinidad y Tobago, con supuestas retribuciones de hasta $30’000.000 mensuales.
Quienes se dejaron tentar de estas promesas que, al parecer, incluían documentos y una porción de dinero en condición de préstamo mientras iniciaban las presuntas labores, fueron trasladadas por vía terrestre hasta Cúcuta (Norte de Santander), recibidas por dos hombres en la frontera y transportadas en vehículos particulares hasta la población costera de Güiria, en el estado Sucre, en Venezuela.
Desde este punto en el mar caribe, las menores de edad y las mujeres eran trasladadas en botes hasta Trinidad y Tobago, donde presuntamente la cabecilla de la estructura las recibía e instalaba en un establecimiento comercial en Puerto España, que tenía la apariencia de hotel pero que, en realidad, era una casa de lenocinio.
De acuerdo con los elementos recopilados, a las víctimas les quitaban los documentos personales, las retenían en pequeñas habitaciones, vigilaban todos sus movimientos, les restringían la alimentación y el uso de servicios públicos, y las explotaban sexualmente con fines comerciales hasta que cumplieran con la totalidad de la deuda por el viaje y la manutención, que siempre era elevada a dólares para que pasaran meses y hasta años sin poder escapar del encierro.
La información obtenida indicaría que cuando las mujeres estaban próximas a cumplir con la cuota fijada, no querían trabajar, se enfermaban o estaban indispuestas, la jefe de la estructura las denunciaba ante las autoridades de migración de Trinidad y Tobago, que las detenían, procesaban por el ingreso ilegal a ese país y condenaban con cárcel.
En la declaración más reciente recibida en Colombia, una de las víctimas de esta estructura señaló que en el servicio de inmigración estuvo con 28 jóvenes colombianas reclutadas de la misma manera y que en la cárcel compartió celda con cerca de 80 mujeres, todas sometidas por la red de trata de personas.
Hasta el momento son cerca de 100 casos los que se tiene referenciados y las víctimas pertenecerían al barrio de La Dorada (Caldas) en el que la organización criminal tenía reconocimiento y aceptación; sin embargo, con los testimonios recibidos de las mujeres que llegaron de Trinidad y Tobago, se cree que habría jóvenes afectadas de varias ciudades del Eje Cafetero, Buenaventura y otros municipios de Valle del Cauca.
El trabajo articulado de la Fiscalía y la Dijin de la Policía permitió identificar a tres mujeres que conformarían el grupo señalado de reclutar víctimas para le estructura.
Luego de obtener las respectivas órdenes ante un juez de control de garantías, estas personas fueron capturadas en La Dorada (Caldas), ellas son:
- Edna Ruth Avendaño Esterling.
- Mónica Tatiana Avendaño Esterling.
- Angie Carolina Hernández López.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó a las tres mujeres en audiencias concentradas, les imputó cargos por el delito de trata de personas en concurso homogéneo y solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual fue otorgada y serán recluidas en la cárcel Picaleña en Ibagué (Tolima).
En la misma audiencia, la Fiscalía obtuvo orden de captura contra Krisna Maryana Beltrán León, alias “Andrea», la supuesta cabecilla de la red de trata de personas, quien vive en Trinidad y Tobago y coordinaría todo lo relacionado con la explotación sexual comercial de las víctimas, por lo que la Dijin de la Policía, a través del personal de Interpol Colombia, realizará los trámites necesarios para su ubicación, lograr la detención internacional y envío al país.
La Fiscalía advierte no creer en ofertas laborales en el extranjero con sueldos exorbitantes e invita a denunciar estos casos a la línea 018000522020 o desde el celular al 122, y desde el exterior al 0180009197478.
