“Dialogando con sordos” es la expresión que mejor le viene a la ya habitual actitud de gobernantes y administradores de lo público que prefieren “taparse los oídos”, para no afrontar ni responder a los gritos de clamor por las calamidades que afectan a la ciudadanía. Es un perturbador estilo de administración que en vez procurar paz y armonía se torna en perverso esquema incendiario entronizado en los gobernantes a nivel nacional, regional y local, de la cual no escapa nuestra sufrida y Heroica Cartagena.
¿Dónde habrán aprendido este modelo depravado quienes nos gobiernan, si cuando buscan el favor electoral de los ciudadanos actúan de manera diametralmente opuesta, o sea, conciliadora, amable y atenta? ¿Dónde habrá que escudriñar para encontrar la razón de este cambio?
Al breviario de reclamaciones ciudadanas que parecieran no inmutar en lo mínimo al gobernante día a día se le cuelgan más súplicas sin que tengan atención y menos, solución alguna.
A la cotidiana nómina local de reclamos sin contestación ni solución alguna, galopantemente se le agregan otros; diferentes a los que ya nos hemos prácticamente acostumbrado, como son, la inseguridad, el caos vehicular, la ocupación del espacio público, la vergüenza del “Reloj Público” “detenido en el tiempo”, la incontrolable prostitución en el Centro Histórico de la ciudad, el pandillismo, el desbordado microtráfico, y otros más.
Pero a la anterior lista de perennes reclamaciones locales hay que sumarle otras que también van en la misma vía, en la de hacerse eternas y sin respuesta ni solución. No hay contestación ni solución al justo reclamo del desmonte de los peajes internos en la ciudad, ni para la reapertura del Mercado Sectorial de Santa Rita, ni para la reconsideración del valor de los pasajes en Transcaribe y el establecimiento de una tarifa diferencial para estudiantes, ni para el “requete” anunciado traslado del Mercado de Bazurto, ni para al dragado de los cuerpos internos de agua, ni para la recuperación de las orillas robadas al Caño Juan Angola.
Tampoco hay respuesta clara para el problema de las inundaciones y el desbordamiento de los canales pluviales, ni para el mejoramiento de la infraestructura educativa, ni para la terminación y dotación de los cuatro hospitales locales.
Pasando a lo regional, “la sordera” de los gobernantes no es menor. La mayoría de los empobrecidos municipios del departamento de Bolívar han gritado por mucho tiempo para que se les instale el servicio de agua potable, el de alcantarillado sanitario, se les dote de los elementos indispensables para el saneamiento básico, y se le adecúen sus carreteables y vías de comunicación, ante lo cual no ha hay respuesta; situación que es igual ante la desesperanza y desprotección los campesinos que precariamente labran la tierra.
¿Y qué decir de la justa reclamación que busca la recuperación de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena asfixiada por la negativa de los directivos del Claustro de San Agustín de girarle o transferirle los recursos necesarios para su funcionamiento y así pueda atender a los pensionados de avanzada edad que se mueren en las puertas de los hospitales? Tampoco hay respuesta alguna.
En lo nacional, la situación sí que es caso aparte y agravada. De manera frecuente son los reclamos y protestas por la burla y las incumplidas promesas a los educadores, a los transportadores, a los ganaderos y agricultores, a los pueblos de la Guajira y el Chocó, y la más actual, la desatención y hasta el desprecio por los justos reclamos de los pueblos indígenas del Cauca y Nariño, entre otros.
