Este veintisiete de abril no sólo estaremos recordando dos años del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, también estaremos evocando el pináculo de una de las tantas caras de la corrupción que impera en esta ciudad, y así mismo, lo que constituyó el principio del hundimiento de un fracasado y derrotado gobierno, el del tristemente célebre Manuel Vicente Duque.
Manolo, quien no fue implicado, ni enjuiciado, ni estuvo en la cárcel por ninguno de estos hechos de Portales de Blas de Lezo, siempre trató de exculparse de sus responsabilidades a pesar que ya no era nuevo su ejercicio como Alcalde, pues ya habían pasado dieciséis meses de su gobierno cuando ocurrió la tragedia aquella mañana del jueves veintisiete de abril del 2017.
El estrépito noticioso del siniestro hizo que salieran de sus madrigueras la recua de mal llamados servidores públicos de turno que venían, como muchos, o casi todos los anteriores, ejerciendo sus funciones de control y vigilancia sobre las construcciones bajo el depravado esquema de la inmoralidad administrativa, el soborno, el cohecho, la coima, el enriquecimiento ilícito, etcétera.
Han pasado dos años, y hasta ahora, nadie del gobierno distrital, ni de los constructores, han salido a responder ni a reparar a los familiares de las veintiún víctimas fatales, ni a las veintidós heridas; todo se ha reducido al empadronamiento de los afectados, y a una que otra convocatoria mediática de parte de la Procuraduría.
Si bien es cierto, repito, que el “manoseo” de la corrupción en la Oficina de Control Urbano y la Secretaría de Planeación del Distrito de Cartagena, así como en las Alcaldías Locales, en las Juntas Administradoras Locales, en las Inspecciones de Policía, y en las Curadurías, no es nuevo, ni creo que haya cesado, también es cierto que todos los inculpados, los de turno, los que llevan sobre sus hombros y sobre su conciencia, si es que la tienen, la veintena de muertos, hoy disfrutan de libertad gracias a la bendición de un despropósito jurídico que llaman “Vencimiento de términos”, el cual no es más que una de las formas de impunidad que impera en este país.
Al titular de la Oficina de Control Urbano de la época, el señor Olimpo Vergara, el mismo que estuvo prófugo de la justicia, cotidianamente se le ve de plácemes compartiendo en los Cafés y en los Centros Comerciales de la ciudad como si nada hubiese pasado.
Al señor Inspector de Policía, Alfonso Ramos De León, el competente de la jurisdicción donde ocurrió la tragedia, el remedo de justicia que tenemos lo premió recientemente con la misma “bendición” otorgándole la libertad por vencimiento términos.
De la señora Luz Elena Paternina, la que se desempeñaba como Secretaria de Planeación, poco se sabe después del aturdimiento y el “mea culpa” que la llevó a presentar su carta de renuncia que sin pensarlo dos veces le aceptó Manolo, el entonces alcalde de la ciudad.
De la señora Patricia Zapata, la alcaldesa de la Localidad donde ocurrieron los hechos, se conoce que fue vinculada a un blandengue proceso disciplinario sin que haya resultados a la fecha, ni creo que habrá.
Y finalmente, de vez en cuando se remueve la responsabilidad que pudo haber tenido en esta tragedia el señor Ronald Llamas, el titular de la Curaduría Urbana número uno; y para cerrar, alistémonos para no extrañarnos cuando dentro pocos días, los señores Quiroz, los acusados de urbanización ilegal, y otros delitos, queden también libres por vencimiento de términos.
¿Hasta cuándo seguiremos bajo el régimen de la impunidad?
