Ocurre cada vez que hay elecciones. No se sabe si los informes financieros que rinden las campañas políticas al Consejo Nacional Electoral son rendición de cuentas o rendición de cuentos. Ninguna elección ha escapado ni escapará de ellos. No es ni será nada nuevo.
Por muchas normas, por muchas legislaciones o por muchas resoluciones que existan y se sigan expidiendo para el control de los dineros que entran y salen de las campañas, es y seguirá siendo un simple “saludo a la bandera” o será algo del que los candidatos se han acostumbrado en hacer “rey de burlas”.
Aunque las normas obligan a que antes del final los informes sobre ingresos y gastos en las campañas deberán registrarse de manera periódica en el aplicativo “cuentas claras” del Consejo Nacional Electoral, y en la medida que se vayan generando o causando, también de esto se burlan los candidatos.
También se burlan de los establecidos topes de gastos, manejando “bajo la mesa” grandes sumas de dineros que ingresan de manera ilícita a sus campañas, y lo peor es que las autoridades lo saben.
De engañifas por ingresos ilegales a las campañas presidenciales recordamos un caso medianamente reciente, el famoso “Proceso 8.000”; con el que se le acusó al ex presidente Samper de recibir dineros ilícitos del “Cartel de Cali”.
Pero hay otros, y más recientes, son los procesos que no acaban de cerrarse y son los relacionados con el ingreso ilícito de dineros de Odebrecht a las campañas políticas de Oscar Iván Zuluaga y de Juan Manuel Santos, camino a la Presidencia de la República.
Y de nuestro terruño recordamos aquella grandiosa suma de dinero en efectivo que en 2007, procedente de la Pirámide DMG trató de ingresar ilícitamente a la campaña de Joaco Berrío a la gobernación de Bolívar.
También ocurrió en el 2015 con el ex congresista Jair Acuña, en Sincelejo, a quien se le sorprendió días antes del debate electoral con una tula de dinero para comprar votos en la campaña de su esposa a la gobernación de Sucre.
Ahora, del origen de estos dineros que ingresan delictivamente a las campañas políticas y que no se registran irrespetando las normas del Consejo Nacional Electoral se sabe muy bien que en su mayoría son dineros con orígenes en la corrupción, en el narcotráfico y en la bandidez, los que posteriormente, y a manera de lavado son recompensados en gran cuantía con la contratación y la burocracia en el gobierno.
Pero los candidatos no sólo tienen por costumbre infringir los topes de campaña, también tienen por costumbre quebrantar las normas que establecen los topes en los aportes de personas o entidades, como ocurrió en la campaña de Manuel Vicente Duque a la alcaldía de Cartagena cuando en cabeza de Luis Ricardo Dunoyer permitió una contribución superior al 2.5% reglamentario del tope de ingresos legales a su campaña, unos cuarenta millones de pesos, para que luego se supiera que tal señor para recompensársele se le había nombrado como director de la Escuela Taller Cartagena de Indias.
Esperamos, finalmente, que en esta ocasión no sean cuentos sino cuentas claras lo que rindan a las autoridades del Consejo Nacional Electoral los candidatos a elegirse por voto popular.
