Por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales la Fiscalía imputó cargos al exalcalde de Montecristo (Bolívar) y actual candidato al mismo cargo; Luis Gabriel Ávila González, y al contratista Víctor Eduardo Turizo Reinel.
El Juez del caso avaló la imputación de cargos, pero se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al político. Mientras la decisión para el contratista se conocerá en las próximas horas.
Las investigaciones indican que Ávila González, entre los años 2008 y 2011, cuando se desempeñó como alcalde del mencionado municipio, firmó varios contratos interinstitucionales, entre ellos, uno para la construcción de 80 baterías sanitarias en los corregimientos de Pueblo Lindo, Betania, Taburetera y Montebello, 20 en cada uno, por un valor total de $484’083.191.
La Fiscalía, al verificar las obras y hacer el peritaje correspondiente después de una denuncia, encontró que a pesar de que algunos documentos evidenciaban el recibimiento a satisfacción de las obras por parte del mandatario, estas no se habían terminado, pues quedaron baños sin puertas, sin techos, sin lavamanos, y además no se instalaron los tanques para los pozos sépticos que debían adecuar como lo estipulaba el contrato.
Por otro lado, un perito arquitecto determinó que para el año 2008 compraron unidades sanitarias por un valor de $6’000.000 cada una, mientras que para esa fecha tenían un costo en el mercado de $4’500.000, es decir que tuvieron un sobrecosto de $1’500.000.
Según lo establecido, en el año 2011 se suscribió otro contrato interadministrativo para la construcción de unidades sanitarias para los corregimientos de San Agustín, Regencia, Villa Uribe, Puerto España, El Dorado y Pueblo Lindo, por un valor de $1.029’179.500, de los cuales se pagaron como anticipo $514’589.750 que correspondían al 50% del valor total del contrato. No obstante, las obras solo fueron ejecutadas en un 30% y los materiales no eran de la calidad indicada.
Los contratos fueron inversiones con dinero de regalías, y está estimado que el peculado fue por unos $600.000.000.
