Mucha ha sido la información y desinformación que se ha venido entregando por diferentes medios de comunicación, fundamentalmente por las redes sociales, invitando y a la vez desestimulando la movilización ciudadana que se ha convocado para este jueves 21 de noviembre y que algunos erróneamente han señalado como Paro Nacional y hacemos esta precisión dado que éste conlleva a paralizar todo el aparato productivo del país, incluyendo los servicios públicos como el transporte, el comercio, las actividades académicas en instituciones públicas y privadas y demás acciones que conllevan a la dinámica económica del país.
Debemos comenzar por señalar que cuando diversas fuerzas sociales: centrales obreras, estudiantes, profesores, artistas, organizaciones comunales, sindicatos, madres comunitarias, campesinos, indígenas, transportadores y ciudadanos en general, deciden alzar su voz de protesta y hacer visible su descontento con la situación social y económica que se padece, es porque algo no marcha bien, de ahí que desconocer la realidad o tratar de desmentir las causas que se están esgrimiendo para salir a marchar, denota una desconexión entre los gobernantes y gran parte de la población.
El comienzo de la solución de los problemas se produce cuando los gobernantes son capaces de aceptar la situación y poder conjuntamente con los diferentes actores estratégicos analizar las causas y plantear soluciones; desconocerlos o evadirlos solo ayuda a acrecentarlos, por ello sacar excusas o culpar a fuerzas externas o a los antecesores en el gobierno, no es de buen recibo pues asumir una posición evasiva en nada ayuda a resolver los problemas y mucho menos a evitar la protesta.
A nivel nacional y solo para mencionar unos de los motivos para la movilización social del próximo 21 de octubre, lo genera el anuncio del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, de algunos de sus ministros como el de Hacienda e inclusive por iniciativa del jefe único y máximo del partido de gobierno Centro Democrático quienes han manifestado en diversas oportunidades y diferentes medios, la necesidad de abocar una reforma laboral y pensional, que en el fondo conlleva a afectar los ingresos y logros de los trabajadores, como ya ha ocurrido con reformas anteriores de este tenor, sin que se logren los propósitos planteados en las mismas, los cuales han girado en torno a disminuir la tasa de desempleo e informalidad en el país.
El máximo patrimonio que tiene un gobernante es la credibilidad y confianza que genera ante su población, que se traduce en la coherencia entre lo que expone y lo que hace, por ello es pertinente que las autoridades nacionales en cabeza del señor presidente digan de frente y con la mayor claridad y sinceridad cual es la posición del gobierno en cuanto a reforma laboral y pensional para disipar dudas, que solo generan incertidumbre ante la ciudadanía, dado los conocidos intereses particulares (Fondos de Pensiones) que se mueven y presionan para disponer en sus arcas de los billonarios recursos que se generan por los aportes respectivos.
Por otra parte, además de las reformas estructurales antes señaladas, debemos ser objetivos, comenzando por las autoridades gubernamentales y reconocer que el país no va bien, que se están dando situaciones que justifican la movilización y la protesta, para que el gobierno tome acciones y se conecte con la realidad, donde sus políticas se orienten efectivamente a disminuir la tasa de desempleo que sigue creciendo y con una informalidad también en incremento. Así mismo, es palpable como la situación económica cada vez se aprieta más para miles de colombianos, quienes ven como sus bolsillos son día a día más anémicos para atender los compromisos cotidianos afectados por alzas e incrementos injustificados como los aumentos en la facturación del servicio de energía eléctrica, todo por salvar una empresa extremadamente ineficiente como Electricaribe y que decir de los incrementos desproporcionado en los peajes en la vía Cartagena- Barranquilla (Vía al Mar), cuyos aumentos se situaron alrededor del 22%, viéndose precisado el Ministerio del Transporte a aplazar la vigencia de las nuevas tarifas, Lo anterior solo para mostrar situaciones locales o regionales para la movilización, aunque aquellas obedecen a políticas nacionales.
No puede ser desconocido ni pasar por alto como otras de las razones para la protesta, se genera por la serie de asesinatos que se han venido presentando teniendo como víctimas a miembros de comunidades indígenas, defensores de Derechos Humanos o representantes de organizaciones sociales, por ello se hace necesario que el Estado haga presencia real en zonas que históricamente han estado en el olvido y los organismos de seguridad brinden las garantías pertinentes para evitar que existan territorios donde organizaciones al margen de la Ley impongan su voluntad sometiendo por la fuerza a la población civil.
Debe ser una campanada de alerta para el gobierno, la protesta del próximo 21 de noviembre, la cual para que sea realmente exitosa debe ser masiva, en el mayor orden, sin infiltrados, sin actos violentos ni vándalos que las distorsiones y mucho menos sirva de excusa o justifiquen el empleo de la fuerza pública.
Pensemos que nuestros policías o miembros del ESMAD, una vez llegan a sus hogares y se despojan de sus uniformes son unos ciudadanos que sufren las mismas consecuencias que justifican la protesta. Por todo lo anterior el próximo jueves 21 de noviembre nos movilizaremos para que la sumatorias de voces pacificas sean escuchadas y se reflexione sobre el futuro patrio que entre todos debemos construir
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