Vinculados 65 presuntos responsables fiscales, entre ellos dos exministras de Educación y otros miembros de la Junta Administradora del FFIE, 40 contratistas de obra e interventoría y dos sociedades fiduciarias.
Con los $559.853 millones de pesos de este detrimento patrimonial podría financiarse la construcción de 123 colegios “Tipo 10” de 24 aulas de clase cada uno, con su biblioteca, laboratorio de física y química, laboratorios de multimedia y bilingüismo, escenarios para presentaciones artísticas y zonas deportivas, que equivalen a un total de 2.952 aulas de clase nuevas, para atender 118.080 estudiantes.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR determinó 6 fuentes de afectación fiscal: proyectos abandonados, mayores valores pagados por metro cuadrado, pagos en exceso del precio global fijo por obras complementarias, ambiente escolar no construidos, costos desproporcionados de interventoría y gastos administrativos sin pertinencia ni eficiencia asociados a la unidad de gestión del FFIE.
Al cierre de una indagación preliminar que duro 6 meses, el Contralor Delegado Intersectorial Número 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, profirió el pasado 26 de noviembre el auto número 1068 por el cual se ordena la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal.
De los 541 proyectos priorizados por el FFIE, 311 son objeto de investigación dentro de este proceso de responsabilidad fiscal y los 230 restantes que se encuentran en una fase muy inicial hacen parte de la estrategia de seguimiento “Compromiso Colombia”, que adelanta la CGR a través de sus Delegadas de Participación Ciudadana y Sector Social.
A junio de 2019, se encuentran terminadas 102 Instituciones Educativas, con 2.193 aulas, de las cuales apenas se han entregado 15, que corresponden a 230 aulas, para administración y puesta en funcionamiento por parte de las entidades territoriales.
La indagación preliminar por este tema se inició por denuncia de La W Radio, conocida de oficio por la CGR, motivo por el cual el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, declaró estos hechos de impacto nacional para que los investigara la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Debido a que en el menoscabo de los recursos administrados por el FFIE están involucrados recursos de las entidades territoriales, el Contralor General admitió y autorizó el control fiscal excepcional a partir de una solicitud elevada por veedurías ciudadanas.
El proceso de responsabilidad fiscal permitirá determinar quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y contratistas vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento, señala el Contralor General.
La indagación preliminar que dio lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fue adelantada durante seis meses por un equipo conformado por 7 ingenieros civiles, 3 contadores, 3 economistas y 3 abogados sustanciadores.
