El 2019 se va y lo ambiental queda activado en el mundo y en las propuestas de un Paro que exige diálogo y cambios ineludibles en lo nacional.
En lo local el gobierno de William Dau y su lucha anticorrupción, es un estímulo para que todos avancemos en el fortalecimiento de la autoridad y acciones de fondo, ante la necesidad de detener el proceso depredador, su insensatez y agresiva desobediencia de la ley protectora.
Con franqueza, el principal logro ambiental del gobierno saliente fue configurar el Ecobloque, que junto con el plan de Acción exigido por la Procuraduría General, -que hay que cumplir-, obligó a sintonizarse con que la defensa de los bienes de uso público: las zonas de bajamar y los ecosistemas, requerían una política pública integral que reorganizara la participación de todas las entidades, y especialmente de la Fuerza Pública y la Fiscalía.
Siendo la defensa de la soberanía de orden público, la impunidad del daño continuado y la desesperanza ciudadana condenada a aceptarla, el comercio de escombros y de los rellenos en el territorio “protegido” convertido en “lotes”, pese al esfuerzo, evidencia que poco o nada ha pasado a las estructuras delictivas que -sin contención- cambian el uso suelo. Para no verlo no se califica así el grave delito; la depredación descarada entre Tierrabaja y Puerto Rey lo comprueba.
Hay avances en algunos compromisos pero ni la prevención ni la recuperación han funcionado con el rigor que se requiere, ante la ausencia de una decisión estatal de fondo liderada por la Procuraduría que tiene que acordarse y salir de una Cumbre de Poderes Públicos. El fin es modificar los procedimientos inocuos para que impere la Constitución y la Ley y pueda superarse la crisis de autoridad y su grave consecuencia ambiental.
Urge cambiar el enfoque institucional estandarizado a lo largo de los años que, por la impunidad, socializó el delito y estimuló la acumulación y extensión del poblamiento en zonas de alto riesgo, además de otras consecuencias en las rondas hídricas y el ecosistema de manglar.
Según el artículo 9 del Plan de Desarrollo Nacional y la dimensión de esta crisis que se replica en la zona marino costera del país, el Presidente como comandante en jefe de la Fuerzas Armadas, las Cortes, el Fiscal, el Contralor y demás entes ambientales, ante el llamado de la Procuraduría, tienen que contribuir a la derrota de la asociación delictiva que activa el delito ambiental, ejecutado por ambición o necesidad. La concertación entre los poderes públicos es inaplazable.
Hay que contener la agresión a los ecosistemas, recuperar las zonas, reubicar y lograr vigilancia, control y sanción eficiente. Vencer implica parar y revertir, y por ser una crisis con pasivos históricos, rebasa las posibilidades de un alcalde y su Ecobloque. La crisis climática exige un cambio: oír a la naturaleza, ejercer la autoridad y educar a la comunidad.
