“Hay cosas que por sabidas se callan, y por callarse se olvidan”
No será a todos los procesos judiciales o investigaciones que cursan o están por hacerlo contra algunos servidores públicos a los que haremos alusión, sólo haremos mención a los más importantes o a los más sonados donde la administración de justicia pareciera no sacudirse de su perenne morosidad que mucho desdice de sus operadores y para quienes pareciera no existir ese derecho fundamental que dice que justicia que no es pronta, expedita y transparente no es justicia, y se convierte en un simple saludo a la bandera.
De las moras judiciales más sobresalientes, si así las pudiéramos llamar, y con las que pasamos del 2019 al 2020, la primera que podríamos evocar, comenzando por la última, es la decisión de fondo que deberá tomar el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena sobre la Tutela que admitió a finales de diciembre suspendiendo de manera temporal y cautelar el trámite a la Alianza Público Privada para la construcción del Corredor Portuario y Turístico de Cartagena y la Quinta Avenida de Manga, que en los estertores de su encargo adjudicó el alcalde Pedrito Pereira.
Otro proceso judicial que parecieran estar diluyéndose en el tiempo y con el que también pasamos de 2019 a 2020 es el que desde hace ya casi ocho años se les sigue a los señores Américo Mendoza Quesseps y Cesar Pión González, ex concejal y concejal actual de Cartagena, respectivamente, y a quienes desde junio de 2012 se les investiga por haber ordenado reajustar los honorarios de sus colegas concejales por un monto global de $7.200 millones sin contar con el respectivo e indispensable Certificado de Disponibilidad Presupuestal o CDP ordenado por la Ley; mientras tanto la Fiscalía aún no encuentra el camino para imputarle los cargos.
También esperamos que por fin este año 2020 se inicie el juicio que exonere o declare culpable al ex director de Cardique, Olaff Puello, a quien la Fiscalía abrió investigación por la firma irregular de más de 220 contratos por suma aproximada a los 28 mil millones de pesos, así mismo se le defina la situación jurídica a un grupo de ex funcionarios de esta Corporación Ambiental que se prestaron para estos procedimientos delicitivos; y a otros, contratistas, que se prestaron para ser testaferros para el ilícito.
Igualmente, otro saldo en rojo que tiene la Administración de Justicia es el de la apertura del juicio contra el ex alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez, contra su Secretario de Educación, el ex rector de la Universidad de Cartagena, Germán Sierra Anaya, y contra el particular y contratista, David Reynaldo Camacho Benítez, por el escandaloso y sonado caso de las pechugas a 40.000 y los bultos de canela.
Pero también para Duque Vásquez, así como a para su entrometido primo José Julián Vásquez Buelvas y para los catorce concejales de Cartagena involucrados y sindicados en la elección irregular y transgresora de la contralora distrital Nubia Fontalvo Hernández, y para la misma Contralora Distrital, se espera que en este 2020 comience el juicio que por imputación del delito de cohecho propio no les inició en 2019 la Administración de Justicia.
Se espera también que en este 2020 la jurisdicción penal asuma de una vez por todas las investigaciones del caso por las responsabilidades fiscales que en cuantía superior a los 26 mil millones de pesos dictó a fines de 2019 la Contraloría General de la República contra el ex gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, la ex Secretaria de Salud Departamental de Bolívar, Ana María Álvarez Castillo, y contra Nacha Newal Jiménez, ex directora de Aseguramiento y Prestación de Servicios de salud de esta misma entidad; así como por los sonados audios de la W.
