La continuidad de las llamas de la Amazonía ahora calcinando millones de hectáreas y masificando la mortandad del bosque y las especies en Australia, fortalece mi certeza de una mayor concientización y con el liderazgo y coordinación del alcalde Dau, la dinamización del Ecobloque y el cumplimiento del plan de acción que la Procuraduría exigió al Distrito y demás entidades competentes.
Llegó la hora de ejercer la autoridad con contundencia para detener los abusos multiestrato contra los bienes de uso público, recuperarlos, restaurar las zonas de bajamar usurpadas, los ecosistemas protectores agredidos y, de verdad, aconductarnos socialmente adaptándonos a un clima que aterra.
Hay avances y el tiempo glocal exige el salto del círculo vicioso al virtuoso, aprovechar el apoyo del Procurador, el Minambiente, resoluciones y sentencias favorables, y ante el loteo o la privatización del espacio público, la decisión de actuar unificados con una política anticorrupción sin tolerancias, miedos o complicidades.
Con lo que está pasando no hay tregua para impedir la destrucción de las barreras blandas que resumen CO2 y aportan servicios ecosistémicos. No se vale una avenida ecocida.
Es vital que la Capitania-Dimar aporte al Ecobloque y la Cumbre de Poderes el mapa o manto de zonas de bajamar, las restituciones inejecutadas por la alcaldía, lo apropiado con “escrituras de posesión” o con prescripciones de lo imprescriptible, y su avance normativo de recuperación directa de los bienes de uso público. Hay que cumplir con el Plan de Ordenación de la Ciénaga y la Bahía (POMCA) y el respeto a la ronda hídrica.
Es necesario cruzar la información con la oficina de Instrumentos Públicos y el Agustín Codazzi para conocer y actuar judicialmente frente a las sorpresas de la “propiedad” nacida del cambio del uso del suelo, y además poder elaborar un POT realista.
Sin justificación comunitaria hay que combatir el abuso con una Fiscalía activa, ante el descarado delito que deforesta y urbaniza el suelo entre Tierra baja y Puerto Rey.
Detener el cáncer que rellena el territorio “protegido” y reconstruir exige que las Fuerzas Armadas y la Fiscalía desarticulen y apresen a los autores intelectuales y materiales agresores de la soberanía y el futuro.
La ofensiva implica que los jurídicos del Ecobloque sean un frente común de defensa que frene a los abogangster, los acuse ante el Consejo de la Judicatura y haga cumplir la resolución 1263 del 2018 que garantiza la gestión de los ecosistemas de manglar.
No más burla a la sentencia que por alto riesgo ordenó reubicar Marlinda y Villagloria y continúan la venta de “lotes”, un poco menos en Villagloria, que participa en el proceso en el Tribunal.
El derecho a no tener derecho y el delito hay que enfrentarlo, incluyendo en la solución a los Consejos Comunitarios que han asumido la administración rigurosa del territorio y la Ley 70 que les ordena proteger la zona de bajamar, pastos marinos, corales y sus manglares, que son de la Nación. El fuego de Australia ya se ve en el sur.
