El pasado lunes 3 de febrero, fueron varias las llamadas y correos electrónicos recibidos de amigos que hoy después de varios lustros de trabajo obtuvieron una pensión de jubilación; la constante de todos los mensajes era la queja y en muchos casos el asombro y el desconcierto al ir a reclamar sus mesadas pensionales y encontrarse con la realidad del pírrico incremento de estas, en solo un 3.8 %, para el presente año, de acuerdo al Índice de Precios al consumidor (IPC), determinado por el DANE para el año 2019.
Con todos los que mantuve comunicación por diferentes medios pude percibir su descontento e indignación, dado que año a año de seguir con la norma de incrementar las pensiones con base al IPC, se va generando una pérdida progresiva en el poder adquisitivo, ya que el incremento sólo compensa los aumentos o incrementos realizados en el año inmediatamente anterior, cuando todos sabemos que la gran mayoría de los incrementos a partir del nuevo año se realizan por lo menos teniendo como base el incremento en el salario mínimo, que para el año 2020, fue del 6%, lo cual nos muestra una pérdida de 2.2% para la presente anualidad.
Para ratificar el detrimento del bolsillo uno de los pensionados afectados me hizo llegar la notificación de su EPS, donde indica que el incremento para el 2020 del copago y la cuota moderadora se hará teniendo como base el incremento del salario mínimo y todos sabemos el natural deterioro de la salud por causa de los años y la necesidad de acudir a las entidades prestadoras de salud.
Otro, víctima de la discriminación a la cual están siendo sometidos los pensionados me hizo llegar un video donde un representante del partido de gobierno anuncia pomposamente una disposición legal donde señala que a partir del año 2020 el impuesto predial podrá incrementarse en el IPC más 8%, donde es fácil deducir que por lo general el incremento se realizará de acuerdo al techo permitido.
Siguiendo con la relación de las manifestaciones de pensionados, no puedo dejar de mencionar las del sociólogo, profesor universitario, que después de dictar por más de treinta y cinco años clases y compartir con sus alumnos sobre la relaciones sociales, la equidad y el papel del Estado como garante de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución, me señalaba con rabia, rayando en la impotencia que no tenía explicación alguna que justificara que para ir a una pequeña parcela a la cual se hizo en los linderos de Arroyo Grande por la vía al mar a partir de enero le toca pagar $ 15.000 cada vez que pase por el peaje Marahuaco, cuando hasta diciembre del año anterior pagaba $11.300, lo que equivale a un incremento de $3.700 es decir el 32,7% por trayecto, ahondando aún más en sus cuentas sin pena alguna dada la confianza, desahogándose me indicaba “figúrate que yo tengo una pensión de Cuatro Millones de pesos, el aumento de la mesada fue de $152.000/mes (3,8%) , con el nuevo valor de los peajes, si voy solo una vez a la semana a la parcela me gasto al mes en peajes $120.000,00 (15.000 x2 peajes x 4 veces al mes).
Es decir que prácticamente en pago de peajes se me va casi el 80% del aumento de la mesada pensional y para rematar sus cuentas, me dice y eso que no te he dicho que el seguro del carro lo aumentaron en un 12% con relación a lo pagado el año anterior”.
Buscando un alivio con voz quebrada me pregunta ¿que tendremos que hacer? ¿Ante quien toca quejarse? y a la vez se responde, con semejante abusos quien no sale a la calle a protestar; abusan de nuestras canas, y prosigue, en muchos sectores del gobierno consideran que los pensionados que devengamos más de un salario mínimo somos unos privilegiados que nos pueden dar por la cabeza cada vez que se les da la gana.
Igualmente reflexiona en silencio y después de una pausa me indica, toca ver con lupa que hacen los representantes de asociaciones de pensionados que tienen asiento en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, ya que se requiere prioritariamente que los incrementos de las mesadas pensionales independientemente del monto de estas, sean por lo menos igual al incremento del salario mínimo, lo cual no es un exabrupto, sino por el contrario, un llamado a la equidad por decir lo menos.
Nos preguntamos porque los altos dignatarios del estado comenzando por los congresistas los cuales devengan alrededor de los 32,7 millones al mes, si se les incrementan sus honorarios por encima del IPC, cuando en la pasada consulta anticorrupción de 2.018 más de once millones de votos señalaron que el salario de los congresistas tuvieran un tope de 25 SMMLV, lo cual a pesos de 2020 serían unos emolumentos equivalentes a 21,94 millones/ Mes y no los 32,7 Millones que ganan actualmente sin contabilizar aún el incremento para el año 2.020.
Al terminar de escuchar atentamente a los amigos pensionados, sus angustias e indignaciones, coincidían en que el camino para hacer efectivas sus demandas y generar la atención de los gobernantes es salir a las calles, protestando por el tratamiento injusto y discriminatorio a toda vista, por ello podemos reafirmar que no estamos viviendo lo que se señala en el Artículo primero de la constitución del 91, donde nos indica que Colombia es un Estado social de derecho, para reafirmar que en la práctica estamos lejos de ello y vivimos en un Estado de Privilegios, sino que lo digan el sector financiero y empresarial que se vieron beneficiados directamente con la reciente reforma tributaria o ley de crecimiento económico.
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