La pandemia por Covid-19 nos ha forzado a revisar muchas cosas que, o dábamos por sentado o preferíamos no escudriñar. Tal es el caso de la situación de los médicos en Colombia.
El riesgo al que nos expone esta pandemia ha desnudado el inequitativo sistema de salud. No solo por la capacidad para responder a la crisis, sino también por la manera en que el personal del área sanitaria está contratado, remunerado e incluso, asegurado, eso sin contar con los constantes dilemas éticos y situaciones personales a que un médico debe verse enfrentado en medio de esta cruda realidad.
La ley estatutaria en salud en su artículo 18 hace referencia al respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud, expresando de forma literal: “Los trabajadores, y en general el talento humano en salud, estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos, de acuerdo con las necesidades institucionales”.
Sin embargo, eso no corresponde con nuestra realidad. De los casi 100 mil médicos que hay en Colombia, cerca del 80% laboran tercerizados o tienen contratos inestables y carentes de protección laboral. (Cifras de la Federación Médica Colombiana).
Tercerización, ingresos bajos y variables, leyes del mercado sin control, desconocimiento de normas laborales, inexistencia del mérito y la carrera administrativa, falta de educación médica continuada a cargo del empleador, áreas de difícil acceso sin estímulos para laborar, constreñimiento a la autonomía profesional, dificultades en homologación de títulos, servicio social obligatorio sin suficientes cupos ni garantías salariales y prestacionales, limitación y gran costo en la formación en las especialidades, deficiente investigación e innovación, son entre otros algunos de los problemas que acosan al personal de la salud.
Si a la seguridad laboral nos referimos, la ley deja vacíos no resueltos: El Gobierno Nacional emitió el 12 de abril del presente año un decreto a través del cual dicta los requisitos para que el Covid-19 sea incluida por las entidades Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) como enfermedad laboral directa en los trabajadores del sector salud (Decreto 538, 2020). Sin embargo, existe preocupación ante las eventuales decisiones y definiciones de facto si algunas instituciones o ARL postulan que la infección por SARS-CoV-2 puede haber ocurrido en entornos sociales o familiares externos al sitio de trabajo.
Esta pretensión de “causalidad sociofamiliar” prácticamente facultaría a las ARL para exigir una demostración por parte del paciente de la exposición y causalidad laboral de la infección. A la fecha, demostrar dicha causalidad es imposible.
El panorama se torna más preocupante cuando no está bien aclarado el conducto regular del suministro de los elementos de protección personal al personal de salud que tiene diversas formas de contratación con una institución, o las modificaciones y responsabilidades de ese conducto cuando existe una vinculación a varias instituciones simultáneamente.
A todo ello podríamos añadirle la discriminación de la que es víctima hoy en día un médico que como cualquier otro ser humano, tiene derecho a vivir en comunidad sin ser sometido a los vejámenes que hoy nuestra sociedad ha sacado a relucir.
Siendo así, tenemos mucho por hacer. Proteger la base sobre la cual se sostiene la salud en Colombia es una cuestión de supervivencia. Todos somos responsables de todos.
