Preguntado por la invasión de la zona de bajamar, ocupaciones ilegales y la certificación de legalidad de una, el hombre dijo: “a mi parecer, no es ilegal debido a que no está talando un bosque (…) como veo que es una construcción en terreno firme, no le veo ningún problema”.
Así contestó al diario El Tiempo el representante legal del Consejo Comunitario de Tierra Baja, Moisés Zabaleta, quien remató “que han certificado entre 200 y 300 inmuebles este año en la zona”. Y tiene razón: no hay bosque porque lo talaron ni agua porque la rellenaron. Pero pese a los peajes para la ceguera, otros sí vimos y denunciamos, y eso explica que, luego de una solicitud de 2019, el capitán de Puerto pida en junio al alcalde William Dau, restituir en el sector un área de 256.000 m2 y 257 ocupaciones indebidas, “que posee las características técnicas de una zona de bajamar”.
En el mundo de la ilegalidad ‘legalizada’ hay trastoque, contradicción de valores y desproporción. El representante del consejo comunitario de una vereda rebasa la Constitución y sin competencia certifica la “legalidad del inmueble”, justifica y viabiliza sobre el bien de la Nación el cambio del uso del suelo validando la traslación de un dominio espurio a “entre 200 a 300 inmuebles en la zona”.
La coartada de legalidad es el viejo método: sobre la escritura de posesión de lo imposeible al construir la casa se da seguridad a la legalidad de lo ilegal.
En zona protegida la escritura notariada contiene lo censurable, la palabra del poseedor y los testigos que usualmente mienten, la violencia contra la naturaleza para “lotearla” y negociar lo intransferible.
Eso pasó con la deforestación de las 51.4 hectáreas de Tierra Baja y Puerto Rey, heridas inocultables así no se vea el bosque y los invasores exhiban escrituras de las Notarías 4a y 7a.
Parar exige, entre otras, que los notarios dejen de dar fe en zonas de bajamar, porque estimulan las invasiones. El artilugio de valores da al desvalido sensación de dueño y al urbanizador pirata “legitimación” del daño.
Tenemos que parar la complicidad de constructores que comercian sus residuos, como el caso del icopor, y no seguir destrozando el ecosistema en Puerto Rey, donde su consejo comunitario pretende que le autoricen la titulación colectiva existiendo ya una tala descomunal que tenemos que reforestar.
El Título Colectivo de Puerto Rey dice: “Esta región debe ser conservada por sus valores, recursos de biodiversidad y genéticos que constituyen bienes públicos en beneficio de la población afrocolombiana, del país y el futuro de la humanidad”. ¡Eso se está incumpliendo! El artículo 6° de la Ley 70/93 dice que no se puede y se está disponiendo del dominio de los bienes de uso público. Es tiempo de un diálogo ambiental franco, aislar y desmantelar las mafias y reencontrar el camino de la sostenibilidad.
