Una condena ejemplar con medida de aseguramiento intramural solicitó la Fiscalía General de la Nación Seccional Bolívar, contra el concejal del partido de la U, Cesar Augusto Pión González y el ex concejal del partido ASI, Américo Mendoza Quesepp por un caso que cursa contra ellos desde el 2012, y por el cual les imputaron el delito de prevaricato por acción desde el 2015.
De acuerdo con las investigaciones para el año 2012 el concejal Pión González fungiendo como presidente del Concejo Distrital y Mendoza Quesepp como vicepresidente, tenían la potestad para estudiar la solicitud de reajustar los honorarios de concejales y exconcejales por años anteriores, emitiendo 35 resoluciones, una por cada uno, reconociendo salarios, prestaciones y otros honorarios devengados ascendiendo a una suma de $7.609.425.280.
En los documentos de acuerdo al ente investigador señalan que este dinero se pagará con cargo al presupuesto de ese año, 2012, sin que tuviera una asignación presupuestal destinada a tal fin. Además, que hicieron la solicitud a la Alcaldía y posteriormente, con una resolución del 4 de junio del 2012 se pagó lo adeudado a las 35 personas, con cargo a la asignación presupuestal.
El pasado jueves la Fiscalía terminó sus alegatos, y para el próximo 15 de septiembre quedó programada la audiencia de sentido de fallo contra Pión González y Mendoza Quesepp.
El Concejal del Partido de la U, César Augusto Pión González, se refirió a la petición de condena que hizo la Fiscalía General de la Nación y dijo que sobre este caso se expusieron los conceptos y criterios y se debe esperar la decisión del juez, “esto es un delito que no ha sido probado y confiamos en la justicia de nuestro país. Tenemos nuestra conciencia tranquila, somos víctimas de la persecución política constante a la cual hemos sido sometidos por ser controvertidos”.
