Cada año que sigue sin reglamentarse la práctica del aborto se efectúan unos 400.000 (Allan Guttmacher Institute) en una Colombia conservadora donde el 70 por ciento de la población se considera católica.
La persistente falta de acceso al sistema de salud para el aborto seguro, impulsada por la penalización de la práctica y la falta de educación, sumado al universo causal y de consecuencias del fenómeno que el legislador ha evadido analizar, revelan una peligrosa carencia del Estado colombiano que configura una clara violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son derechos fundamentales (Declaración de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, 1994).
Una situación es la penalización de la práctica según cada sistema judicial y otra es garantizar la atención médica y sicológica a quien la ejerce que, como cualquier otro procedimiento, demanda cuidados específicos. Más aún, la prevención del aborto como un eje de la política de salud sexual y reproductiva es un tema etéreo, poco presente en los planes de desarrollo, sobre todo territoriales, pese a que los abortos inseguros constituyen la cuarta causa de discapacidad, morbilidad y mortalidad materna en el país (Minsalud).
La escasa regulación comprueba que las inequidades de género se mimetizan por debajo de las aguas y están lejos de subsanarse en el país, justo cuando se publicita con bombos la paridad de género en instituciones, cuerpos colegiados y tarjetones electorales. La ineficacia de la educación moral y religiosa para promover una sexualidad saludable que disminuya embarazos no deseados y abortos entre sus seguidores ha sido igual a la de una política de salud sexual y reproductiva laica que no llega a los lugares donde más se le necesita.
La tardía acción del legislador evidencia que el tema no está en la agenda prioritaria y sugiere posiciones conservaduristas convenientes para los congresistas porque mantiene al país religioso y votante en calma. Vulnera derechos fundamentales como el de la salud; la opción de una vida digna porque muchas niñas crecen en ambientes en los que la educación y acceso a los servicios sanitarios y preventivos son tan precarios que no les permiten formarse mental y sicológicamente para tomar decisiones sanas y conscientes sobre sus cuerpos y mentes y optan por el aborto inseguro, y a la confidencialidad para no ser sometidas a revictimización o estigma, incluso, por agentes del Estado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) explica una realidad que revela maromas de un estado hipócrita: “cuando se interpretan de forma liberal leyes restrictivas, las mujeres pueden recibir atención segura en determinados contextos; por el contrario, cuando se aplican de forma deficiente leyes liberales, las mujeres a veces abortan con retraso y en condiciones peligrosas”.
Esto se comprueba en el país donde a pesar de las tres excepciones de despenalización del aborto aprobadas por la Sentencia C- 355 de 2006 de la Corte Constitucional (cuando la madre está en peligro, cuando es producto de violación o incesto y cuando la malformación del feto le impediría vivir tiempo luego de nacer) los obstáculos para acceder a la atención persisten. Muchas mujeres que cumplen esas condiciones se enfrentan a la solicitud de documentos diferentes a los contemplados en la Sentencia, objeciones de consciencia institucionales o colectivas y dilación en la prestación (Ministerio de Salud y Protección Social / Fondo de Población de las Naciones Unidas).
El aborto es la interrupción del embarazo y puede ser espontáneo o inducido (OMS). No es un problema moral, sino un fenómeno intrínsecamente relacionado a los determinantes sociales de la salud, como el acceso a educación sexual y de planificación familiar, la oferta de oportunidades económicas y de emancipación de la mujer, la violencia, la prevalencia del machismo y las creencias culturales y religiosas sobre la práctica, lo que influye en la incidencia por grupo poblacional. Así lo entendió la Cámara baja argentina que aprobó recientemente despenalizar el aborto hasta la semana 14, esperándose solo la decisión del Senado.
El aborto provee riesgos que aumentan en virtud de las patologías de base, la situación sicológica y emocional, el número de semanas de gestación y las condiciones sanitarias del sitio donde se practique y en Colombia la mayor parte de mujeres lo hacen de forma insegura y pertenecen a sectores vulnerables. El panorama es grave porque 93.000 mujeres cada año deben recibir tratamiento post aborto por una mala práctica y la tasa de aborto va en incremento.
Hasta este año, son más de 5.800 las mujeres denunciadas por abortar (Fiscalía), la mayoría viven en condiciones de vulnerabilidad y muchas de ellas habían denunciado violencia intrafamiliar y delitos sexuales, pero ahora se enfrentan a una pena de 1 a 3 años si lo practican (Art. 122 Código Penal).
No es en estrados judiciales, en iglesias, en las condenas morales que buscan controlar el cuerpo de la mujer, en los grupos pro aborto que pretenden normalizarlo o que sea adoptado como un método anticonceptivo convencional, en hospitales o en cárceles donde se soluciona la problemática sino en los espacios que la sociedad dispuso para que sus representantes debatan, pero el paradigma conservador ha logrado imponerse con tácticas santas y otras no tanto y no solo lesiona a sus seguidores sino a comunidades enteras.
Hace unos años, fui testigo de un caso que recrea los inconvenientes que influenciaron a una joven, de 17 años, a abortar. Nació en un corregimiento de Sucre y su infancia estuvo rodeada de las inequidades educativas, formativas y económicas propias de esas zonas, además de violencia intrafamiliar, hacinamiento y pobreza.
Mientras trabajaba en una casa, una tarde los dolores en el vientre le hicieron pedir ayuda a gritos. La señora de la casa le levantó la falta y descubrió la coronación. Llegaron rápido al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal, la ingresaron por urgencias y a la hora ya podía recibir visitas. La señora la encontró postrada, en letargo, con la vista perdida y a los pocos metros, la caneca de desechos biológicos abierta con un feto sanguinolento de tres meses adentro. La médica que la atendió, que ya la conocía, se olvidó de su ética, le hizo confesar cuántas de misoprostol se había tomado y en un impulso de rabia le mostró la pequeña figura inerte. La chica rogó infructuosamente que se la metieran de nuevo. La figura menuda soportó el ataque físico, pero la mente y el espíritu se doblegaron. Era el segundo embarazo de un amor adolescente y enfermizo al que se entregaba en matorrales, pues el primer hijo sí alcanzó a nacer. Hoy se ve, a los cuarenta, con un rostro demacrado. Volvió a la casa de sus padres a cuidar a su otro hijo, autista, producto de su segundo matrimonio. Desde aquel suceso buscó a Dios para calmar su vida. Los buscó en todos los confesionarios, en todas las iglesias y en todos los cultos.
Columnista invitada: Beatriz E. Diegó Solano / Comunicadora Social y Periodista de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, con 20 años de experiencia en medios escritos, y Comunicación Organizacional. Asesora de entidades públicas y privadas. Formación académica de posgrado en la rama de la salud como especialista en Gestión de la Promoción en Salud y candidata a Magister en Salud Pública, con inclinación personal al estudio de la promoción de la salud con énfasis en asuntos de género, Atención Primaria en Salud y medio ambiente.
