La propiedad y el manejo privado de los recursos naturales y los servicios públicos es uno de los asuntos más controvertidos en gobernanza ambiental contemporánea. En América Latina, los cambios sociales actuales están estrechamente relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales. Por ser ésta una región rica en recursos, la relación entre la sociedad y la naturaleza es clave para lograr un desarrollo más justo y sostenible.
A comienzos de los años 80s, el manejo privado de los servicios públicos no era común. En América Latina se difundió la idea de que las empresas públicas eran económicamente inviables, políticamente corruptas y que prestaban servicios ineficientes, generando crisis en el erario. Estas falencias fueron utilizadas como argumentos en pro de la privatización de los servicios públicos, como gas, electricidad, telecomunicaciones, agua potable, aseo y alcantarillado.
Asimismo, se generó la opinión de que la privatización aumentaría la calidad de los servicios y que de esta manera reduciría la pobreza. De hecho, «proveer agua para todos» fue el mantra de desarrollo de las empresas privadas que monopolizaron el abastecimiento de agua en los países en vía de desarrollo.
En los años noventa, como parte de la reestructuración neoliberal que experimentaron los países de América Latina, la participación del sector privado en el manejo de servicios públicos incrementó significativamente. Por ejemplo, hoy se estima que un 10% de la población mundial se abastece de agua a través de operadores privados.
En Colombia, el proceso de privatización comenzó con el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y continúo en el de César Gaviria (1990-1994), quien permitió la entrada del capital transnacional, favoreciendo la consolidación de conglomerados nacionales para la producción de los servicios públicos, incluyendo educación, salud y pensiones. Las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, FMI, BID) promovieron la privatización e incluso condicionaron la refinanciación de la deuda externa y de los nuevos créditos a la ejecución de los procesos de privatización.
Las privatizaciones tenían como supuesto objetivo estimular la competencia y la eficiencia. Se partía de la idea de que ampliando la oferta y creando una mejor infraestructura, con inversiones privadas, aumentaría la calidad de los servicios. Al mismo tiempo, se decía que al generar competencia se eliminaría el monopolio, pues las empresas mejorarían sus servicios para competir mejor, y se acabaría con la corrupción política al interior de las empresas públicas.
Sin embargo, la realidad de hoy es muy distinta. Los monopolios públicos fueron sustituidos por monopolios privados. No hay competencia. La calidad y la eficiencia de los servicios tampoco ha mejorado, pues los operadores privados sólo se han preocupado por la rentabilidad financiera de sus empresas, que prestan servicios públicos sin ninguna supervisión estatal, salvo para solventar financieramente a las empresas, utilizando fondos públicos, cuando estas se declaran en crisis.
Si bien estos programas de privatización se proponían «modernizar» la Administración Pública en Colombia, para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida, lo que hicieron fue cederle al sector privado un capital económico público, que se consolidó durante años de inversión social con nuestros impuestos. En la práctica, la privatización de nuestros servicios públicos solo favoreció intereses del sector privado y político. Las malas condiciones de la infraestructura, la burocracia, el clientelismo político, la poca eficiencia de las empresas y la mala calidad del servicio se mantienen, eso sí con aumentos significativos en las tarifas y altos costos fiscales.
Entre el 20 y el 26 de febrero de 2021 en el barrio Granadillo, en el Norte de Barranquilla, ha habido interrupciones en el abastecimiento de agua tres veces. La primera vez (20 de febrero) la interrupción en el servicio duró 20 horas; la segunda vez (25 de febrero) duró tres; la tercera vez (26 de febrero) duró una. El resto del tiempo el flujo de agua ha sido escaso. A pesar de que los vecinos del sector realizaron múltiples reclamos y reportaron la falla en el servicio en varias ocasiones, la respuesta de la Triple AAA ha sido lenta y negligente. El domingo 21 de febrero, cerca de las 4:00 pm, arreglaron un daño que fue reportado el sábado 20 poco después del mediodía. Al preguntarles por un reporte de fuga de agua realizado el 24 de febrero, dijeron haber arreglado esa fuga el 21 de febrero.
La privatización del manejo de un recurso natural no renovable, que es esencial para la vida y para la salud pública, no ha producido ni producirá nunca bienestar social. Una ciudad en la que el acceso al agua y la electricidad son un lujo, que además se paga bien caro, incluso muy por encima de lo que cuesta en otras ciudades más grandes, no es el mejor vividero del mundo.
VIVIANA GOELKEL
