Colombia debe superar el estado de pasividad en los programas de conservación ambiental y avanzar hacia la creación de un sistema robusto que garantice la recuperación y mantenimiento de ecosistemas perdidos y amenazados. Las entidades y corporaciones ambientales y comerciales del Estado han sido incapaces de garantizar una estructura de crecimiento económico sostenible con el medio ambiente. Casos como el de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (Córdoba), que está siendo apropiada y desecada ante los ojos de cientos de personas que diariamente transitan la vía hacia el municipio de Lorica, hacen cuestionar el compromiso y la autoridad de las entidades encargadas de la protección medio ambiental.
El sector de la construcción ha venido creciendo estos últimos años en el país, pero a excepción de algunas obras nacionales de gran envergadura, parte de ellas y los proyectos locales aún requieren mayor compromiso para ser obras amigables con el medio ambiente. En el Atlántico, los cangrejos azules de la Ciénaga de Mallorquín sufren una odisea para llegar a sus destinos de apareamiento, puesto que el progreso en la infraestructura de Barranquilla hizo que se construyera una vía entre el barrio Las Flores y el corregimiento La Playa, la cual ha interferido en el curso natural de estos animales y los ha obligado a tener que lidiar con el tráfico vehicular, factor que viene impactando esta especie, en cuanto muchos de ellos nunca llegan a su lugar de destino y otros jamás pueden regresar. Además, esta obra los ha dejado más expuestos a la sobre explotación de quienes buscan cazarlos, en un ejemplo que ilustra la negligencia de los constructores y la falta de control de los órganos reguladores.
Por otra parte, la agricultura y la ganadería son actividades esenciales para garantizar el suministro de las despensas alimenticias del país, pero son pocos los terratenientes que se encuentran comprometidos con la conservación ambiental. Gran parte de ellos tiene desinterés por reducir el impacto que su actividad económica genera al ecosistema y se encuentran reacios a usar una porción de su terreno para reconocerle un espacio a la fauna y especies silvestres. Personas con extensiones que superan las mil o dos mil hectáreas de terreno y que son incapaces de dejarle a la naturaleza un lugar para que los animales desplazados puedan reubicarse.
En cuanto a la actividad minera, históricamente se ha incurrido en el error de exigir a las compañías extractivas, únicamente el pago de una suma de dinero como compensación a las comunidades afectadas por los proyectos de intervención ambiental. Los recursos han caído en manos de la corrupción política y esto ha llevado interposición de demandas contra dichas compañías, razón por la cual, las empresas mineras han optado por realizar directamente obras dentro de los pueblos afectados. Sin embargo, en materia ambiental los avances son escasos, pues sólo se presentan obras de compensación cuando hay presión comunitaria. Para ilustrar este escenario, puede analizarse el caso de la mina de Cerro Matoso (Córdoba), en la que los pobladores de algunas comunidades del San Jorge presentaron quejas, debido a que la actividad minera los había dejado sin “pan coger”, hecho que llevó a la compañía a construir un corredor ambiental como reserva en la que ellos podrían cazar y tomar recursos frutales. No obstante, esto nada garantiza la conservación de especies animales, toda vez que estas, luego de ser desplazadas y diezmadas por la actividad minera, ahora quedaron amenazadas por los cazadores de la zona.
Para hacer frente a lo anterior, el Gobierno nacional debe promover la creación de un requisito de conservación ambiental dentro de las licencias que se otorgan en el marco de las actividades descritas. Es necesario crear un registro nacional de desarrollo sostenible, en el que se encuentren inscritos quienes garanticen la realización obras de conservación de ecosistemas, a través de reservas y programas que hayan sido avalados previamente por un equipo técnico vinculado a la autoridad medio ambiental. Esto, sin afectar la recuperación de zonas naturales que fueron destruidas y que son necesarias para revitalizar el ecosistema de una zona específica.
El registro nacional de desarrollo sostenible sería un mecanismo estratégico para cubrir el déficit causado por la falta de autoridad de las corporaciones y entidades medio ambientales y comerciales del Estado. A través de esta herramienta se podrá ejercer presión directa sobre constructores, terratenientes e industriales de la minería, para garantizar unos mínimos en la protección de especies silvestres.
