“El agente Néstor Julio Rodríguez Rúa es “responsable del delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual”, sentenció la Juez 18 Penal de Conocimiento de Bogotá quien lo condenó a 17 años de prisión y lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena.
“Se terminó con la vida de una persona de corta edad, quien hasta ahora estaba formándose como un ciudadano para el efectivo goce de sus derechos. El ilícito se cometió con un arma que no estaba destinada a terminar con la vida de las personas”, explicó la jueza del caso.
- El manual del arma indica que bajo ninguna circunstancia puede dispararse de manera frontal, como lo hizo el agente. Debe hacerse de manera parabólica y con el objetivo de disuadir los protestantes, “su uso es dispersar la turba, nunca causar daños a la integridad personal o a la vida», agregó la Juez.
La sentencia señala que el acusado pasó por alto, no solo la instrucción dada en la Escuela donde fue formado para integrar la Fuerza Pública, si no las consignas esgrimidas cuando disparó el truflay en línea recta, en dirección a la turba.
La condena se conoce 16 años después del pedido de la justicia y en momentos en los que el país vuelve a vivir agitadas jornadas de protestas, esta vez en contra del proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno del presidente Iván Duque.
De acuerdo con las pruebas presentadas, el agente Néstor Julio Rodríguez Rúa le disparó una granada de gas lacrimógeno al menor de edad el 1 de mayo del 2005 en medios de protestas en conmemoración del día del trabajo. “Los peritajes de balística y los dictámenes médico-forenses evidenciaron que desconoció los protocolos de uso dispuestos para este tipo de artefactos, y lo disparó de forma lineal y directa”.
El caso de Nicolás Neira es uno de los tantos por los que organizaciones de derechos humanos en el país han pedido a las autoridades una reforma estructural del Esmad, cuyos abusos han motivado múltiples manifestaciones en los últimos años.
El Esmad es también responsable de la muerte del joven Dilan Cruz, quien murió por un proyectil disparado por uno de los agentes en el paro nacional de noviembre del 2019.
La Corte Suprema de Justicia dijo en septiembre pasado que la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones es “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” y ordenó al Gobierno “adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica“.
