Las centrales obreras, organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y sindicales de Manizales, Caldas exigieron este martes garantías necesarias para ejercer el derecho fundamental a la protesta y reclamaron la presencia activa de la Personería y la Defensoría del Pueblo, organismos encargados de salvaguardar la integridad y vida de las personas, y velar por el respeto a los Derechos Humanos.
Resaltan el descontento popular con el gobierno Duque ante el paquetazo de reformas, el desconocer los acuerdos con los estudiantes universitarios y el magisterio oficial, la negativa de negociar el pliego de emergencia que propone soluciones realistas a la crisis, estigmatizar y hacer caso omiso a las denuncias por amenazas y asesinatos de líderes sociales y al desatar una represión brutal contra los manifestantes.
Manifiestan que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, faltando a la verdad, señala a algunos líderes del movimiento social, que han convocado expresamente a manifestaciones pacíficas, como los causantes de los desmanes y hechos violentos en la ciudad.
“En la situación reinante, esta estigmatización pone en riesgo inminente la integridad física y moral de quienes han asumido la tarea y ejercido el derecho de denunciar las injusticias y hacer propuestas para construir un mejor país para todos. Rechazamos las actuaciones del Esmad, que, como se constata en innumerables videos, usa fuerza desproporcionada, lanza granadas y balas de caucho poniendo en peligro la vida de los manifestantes, golpea a personas ya detenidas y esconden el paradero de los detenidos, todo en contravía de los protocolos y convenios de Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario e inclusive de nuestro ordenamiento jurídico. Por su desbocado actuar, sin medir consecuencias, lanzan proyectiles de forma indiscriminada, como el que explotó en una buseta de servicio público, cuyos ocupantes eran ajenos a las protestas y que, paradójicamente, hoy son acusados por el Alcalde, por hacer lo que la emergencia reclamaba, como fue romper los vidrios para evacuar los pasajeros, entre quienes había menores y de la tercera edad”, señalan en un comunicado a la opinión pública.
Aseguran que también es condenable la actitud de las fuerzas del orden al impedir el trabajo de los defensores de Derechos Humanos, adscritos a diferentes plataformas, a quienes insultan, desalojan e incluso retienen. En el comunicado exigen al alcalde Carlos Mario Marín, se retracte inmediatamente de sus señalamientos y siga el ejemplo de los mandatarios que han repudiado la presencia del ejército.
