Colombia país de las maravillas, primero golpea y después negocia. Una apreciación común en los procesos de negociación, que cuando lo expresamos constructivamente no gusta a ciertos sectores de la sociedad y quieren enclaustrarnos como enemigos del Gobierno, o afines a la izquierda o la derecha.
Consideramos una irresponsabilidad estatal cuando presentaron la mal llamada reforma tributarias a unos cuantos días de un paro nacional, contratan unos ideólogos extranjeros y cavernarios de la economía salvaje para tratar de imponernos gravámenes sin importar las vicisitudes que vive el país, y después de esa tozudez propia de los mandatarios que no son estadistas y actúan por instinto partidista, les toca “recular”, pero siguen con el “gusanito” de no dar el brazo a torcer y a los primeros que llaman a “concertar” es a los menos indicados como es la clase política del país.
Ellos, deberían hacerse una “mea culpa”, apartar sus intereses mezquinos cuando conocen perfectamente donde radica el problema, donde se pueden buscar los dineros para sanear el hueco fiscal y el país se pregunta, ¿Por qué los ideólogos del Estado no se reunieron primero con los partidos, los gremios, sindicatos y pueblo en general? Es necesario que entiendan que en nuestro país existe un desequilibrio impositivo, con el beneplácito de los partidos que a sabiendas de que no había ambiente para la reforma tributaria, seguían su trámite a la espera de sus conveniencias burocráticas y de contratos
Es preocupante e inaceptable que producto de esa “imprudencia” se hayan desatado los actos vandálicos y de violencia, donde sectores extremistas y desadaptados sociales han aprovechado la situación para la práctica de sus bajos instintos criminales, las cuales deben ser castigados con el máximo rigor que nos proporciona la justicia. Según la Defensoría del Pueblo, contabiliza 16 muertos, más de 300 civiles y 600 policías heridos, mientras la Fiscalía estableció que son 11 las muertes violentas, otras organizaciones, como la ONG Temblores, elevan la cifra a 37 fallecidos, situación ésta que reprochamos contundentemente, venga de donde venga.
Pero no todo que da allí, con la retirada de la reforma tributaria y las protestas que conocemos, se destapa una iniciativa todavía mucho más peligrosa e indolente, como es el proyecto de Ley 010 de 2020, de reforma a la salud. Ella lleva el aval del Gobierno con mensaje de urgencia, alegando “preocupación y respuesta del sistema a la crisis por covid-19” y hoy se encuentra en las comisiones VII conjuntas de Senado y Cámara, con un extenso texto de 65 artículos distribuidos en 10 capítulos que seguro será aprobado a pupitrazo limpio.
Analizando varios de sus articulados podemos observar con preocupación mucha letra menuda y oscuros intentos de privatización, copia al estilo neoliberal-salvaje de la era Trump en EE.UU, donde la empresa está por encima de la salud, con dominio de las aseguradoras. En el proyecto, se inventaron el cambio de nombre de las EPS, por “Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)”, entregándoles las responsabilidad en la gestión del riesgo en salud a la Nación y las entidades territoriales que se encargarían de las intervenciones colectivas (?), la regionalización del sistema y la encargada de garantizar, promocionar, prestar servicios, asegurar, crear redes específicas, y estar atentos a los riesgos individuales (?).
Las politizadas ARL se encargarían de los asuntos laborales y las IPS como clínicas y hospitales, tendrán como misión, la práctica, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y la paliación de todas las enfermedades. Lo que llamamos “la letra menuda”, que normalmente nunca se lee, se refiere al modelo de atención que se quiere implantar con el cuento de un enfoque de “salud familiar y comunitaria” y aquí está la parte interesante, donde se le dará ingreso a entidades públicas y privadas como redes integradas e integrales y es el abrebocas para que la salud sea manejada por las aseguradoras y empresas privadas, con sus esquemas diversificado de “que vamos a asegurar y cuánto cuesta cada eslabón”.
Las comorbilidades detectadas no tendrán cabida a sabiendas que “dicha población puede llegar a cerca de 6,8 millones de colombianos, como dijo el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, en el Facebook Live”. Semejante engaño para el pueblo colombiano cuando se nota que la reforma está direccionada solamente en beneficiar a las Entidades Promotoras de Salud -EPS y no a los afiliados y trabajadores.
El ministro Ruiz, cuota política de Cambio Radical, lo dejaron sin respaldo político de parte de Vargas Lleras, por no respaldar contundentemente la defensa de dicha propuesta, a pesar de que en un inicio expresó : “Nosotros no podemos pasar esta página dura y compleja desde el punto de vista sanitario, sin dejar un mensaje al país en el que hemos introducido elementos como es la seguridad sanitaria y creemos que es un proyecto que representa una estructura en la que se puede avanzar las discusiones”. El ministro sabe que es inconstitucional, inoportuna, improcedente y en contra de trabajadores y afiliados.
Lo que el Estado debe proponer es una verdadera reforma a Ley 100 de 1993, y acabar con el negocio de las empresas intermediarias como las EPS que se apoderan de los recursos con su cuenta en balance de “gastos administrativos”, cuando esos dineros deben ser girados a las entidades que prestan los servicios de salud, como hospitales y clínicas.
No podemos permitir la privatización que la reforma a la salud, cuando intentan imponernos una copia mediocre al modelo americano. Todos los estratos sociales están alerta ya que se debe alistar el bolsillo para pagar a las aseguradoras y empresas privadas de salud por enfermedades. Si no tienes la póliza, no te atenderán, si te enfermas y no está contemplada en el seguro, tampoco te atenderán, además, alegaran que “no te cuidas”, y entonces justificaran la no atención con el estribillo, “no te cuidaste…pendejo irresponsable” y deberás pagar por tu imprudencia. Esa es mi Colombia…
