La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza que congresistas y sectores políticos y empresariales amenacen con utilizar los recursos de publicidad oficial con el propósito de controlar la narrativa de los medios de comunicación.
Esta práctica de instrumentalización de dineros públicos para controlar el debate y favorecer discursos es un chantaje claro y directo que evidencia un comportamiento antidemocrático y representa un ataque a la independencia periodística.
El 12 de mayo, El Espectador publicó una denuncia contra los congresistas Alejandro Corrales y Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, del Centro Democrático, quienes participaron en una reunión donde hablaron, entre varios temas relacionados con las manifestaciones sociales, sobre la posibilidad de presionar a los medios de comunicación a través de pauta para que moderaran su narrativa.
En particular, nos preocupa que los congresistas reconozcan la posibilidad de manipular la pauta oficial con fines inconstitucionales. Este tipo de comentarios revelan estrategias que integrantes del partido de gobierno toman como válidas para atajar a la prensa, aprovechándose de la crisis financiera del sector agravada por la pandemia.
Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno Duque destina recursos para controlar la narrativa frente a las protestas. Durante el paro nacional del 2019, el gobierno destinó más de 840 millones de pesos en campañas y contratos publicitarios que buscaban desincentivar las marchas y el paro nacional.
Una de esas campañas tenía como propósito que “el colombiano del común, que trabaja, que se esfuerza, que quiere salir adelante, cuestione la actitud de hacer paros y la transforme”.
De esta estrategia nacieron varios vídeos con el eslogan “Colombia no para”, la elaboración de un programa de televisión llamado “Conéctate con Duque”, y el desarrollo de un micrositio web con el objeto de combatir lo que a ojos del gobierno eran los mitos del paro nacional.
Adicional a esto, el gobierno también firmó un contrato de publicidad oficial, por 220 millones de pesos, con el único objetivo de mitigar los impactos de las movilizaciones.
El contrato fue celebrado con la empresa Alotrópicos, la misma con la que el Ministerio de Defensa firmó en abril del 2021 un contrato de más de 800 millones para fortalecer la imagen de la entidad.
Las obligaciones de dicho contrato buscaban posicionar la estrategia de la conversación nacional, mantener un relacionamiento con los medios de comunicación y la gestión de publicaciones en los mismos.
Varios de los eslóganes de campañas que nacieron de este contrato —como “Colombia quiere más propuestas menos movilizaciones”, “Avanzaremos sólo si: pasamos de la protesta a la propuesta” o “Conversar para avanzar, si uno para no avanza”— tuvieron eco y fueron replicados en diferentes medios de comunicación.
La FLIP advierte el riesgo de que el Estado controle y utilice la gestión de recursos públicos como premio o castigo. Corresponde al Estado garantizar el acceso a estos recursos sin discriminación alguna, de manera que se fomente la imparcialidad informativa.
Una prensa crítica e independiente puede reflejar desde distintas ópticas las narrativas de las violaciones de derechos humanos durante las jornadas de protesta. Así mismo, permite dejar un registro para que se pueda esclarecer lo sucedido y mostrar las distintas voces y versiones.
La FLIP ya ha declarado anteriormente un riesgo de captura estatal del debate público en el que la expectativa de simple amplificación de la voz oficial por parte los gobiernos nacional y locales, sumada a una reducción operacional de los medios debido a la crisis financiera que atraviesan, deriva en un ambiente muy limitado de escrutinio social a las políticas públicas en curso.
Resulta indispensable, en aras de fortalecer la democracia, que si el partido del Centro Democrático respeta el valor de una prensa libre e independiente rechace los mensajes emitidos por los representantes de su partido y tome acciones al respecto.
