La Fiscalía General de la Nación emitió resolución de acusación contra tres ex funcionarios de los cuerpos de seguridad e investigación del Estado, que habrían tenido distintos niveles de participación en la muerte del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el concejal de Soacha (Cundinamarca) Julio Cesar Peñaloza Sánchez y el escolta Santiago Cuervo Jiménez; así como en las heridas causadas al señor Pedro Nel Angulo Bonilla, el 8 de agosto de 1989.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró méritos suficientes para señalar que los generales en retiro de la Policía Nacional Argemiro Serna Arias y Óscar Peláez Carmona, y el ex detective de Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Héctor Ernesto Muñoz Hortúa, serían coautores de los delitos de homicidio con fines terroristas y tentativa de homicidio.
Respecto al general (r) Serna Arias, quien ostentaba el grado de teniente coronel para la época de los hechos, la Fiscalía estableció que, en su condición de subcomandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, fue designado por el comandante de esa unidad para coordinar y verificar el servicio policivo que debía garantizar la protección del líder político y de las personas que se congregarían en el parque central de Soacha (Cundinamarca).
En la investigación se estableció que esa orden estaba soportada por directrices de los entonces ministro de Defensa Nacional y director de la Policía Nacional, y tenía que cumplirse de acuerdo con los protocolos institucionales; sin embargo, el material de prueba indica que el subcomandante de la Policía de Cundinamarca, al parecer, no acató la instrucción ni actuó para que se pusieran en marcha las medidas de seguridad necesarias.
Asimismo, se pudo evidenciar que el general (r) Serna Arias tenía a su disposición el personal y los medios logísticos para organizar un esquema adecuado. Contrario a esto, supuestamente, ordenó que un grupo de contraguerrilla de 14 hombres se retirara de Soacha horas antes de que el ex candidato político llegara al punto de concentración, pese a que su presencia era de vital importancia para custodiar el lugar.
De otra parte, el general en retiro Peláez Carmona, desde la dirección de la DIJIN de la Policía Nacional, junto al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Miguel Alfredo Maza Márquez, presuntamente, intentó desviar la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento e impulsó un operativo de captura contra varias personas que, años después, fueron declaradas inocentes.
Con esta actuación el oficial habría protegido a los verdaderos responsables del homicidio y mantuvo ocupado al aparato judicial en una causa que no era verídica.
Finalmente, en la investigación se estableció que el ex detective del DAS, Muñoz Hortúa, al parecer, hizo parte del plan criminal orquestado por la organización de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, para asesinar al líder político.
Es así como, antes y después de ejecutarse la acción ilegal, ventiló detalles desconocidos sobre el cambio de escoltas del dirigente político, la participación de agentes del Estado y otros aspectos.
En la resolución de acusación la fiscal del caso mantuvo la medida no privativa de la libertad bajo caución a los Generales en retiro Argemiro Serna Arias y Óscar Peláez Carmona mientras que Héctor Ernesto Muñoz Hortúa deberá seguir privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
