Los habitantes de Colombia nos habíamos habituado a la desigualdad sistemática: no todos los colombianos tenemos acceso a la misma educación, salud, alimentación, vivienda, ingresos, renta o posesión de la tierra. Pero además, quienes tienen menos acceso han sido siempre los mismos, y el acceso a estos recursos-junto con el género, la raza y la cercanía con los grandes centros urbanos-determina nuestras posibilidades de movilidad social. En otras palabras, gracias a un sistema institucionalizado una vasta mayoría de la población colombiana nunca ha tenido oportunidades.
La desigualdad socioeconómica es el verdadero origen de este estallido social que hoy cumple 38 días. Sin embargo, la desigualdad en Colombia, a diferencia de otros países de la región, tiene la particularidad de reflejarse en estratificación residencial.
Los colombianos estamos físicamente segregados según nuestro acceso a los recursos, de manera que las posibilidades de interacción entre personas de distintas clases sociales han sido siempre limitadas. Esto afecta cómo percibimos a ese «otro» que tiene menos oportunidades, pues si no lo vemos, ni lo hemos visto nunca, nuestra capacidad de ponernos en sus zapatos e identificarnos con su condición también se reduce.
En el Norte de Bogotá hay apartamentos en los que la sola administración supera los quince millones mensuales. Esa desigualdad económica es mucho más atroz de lo que parece. De allí proviene la gran división entre nuestras creencias, nuestros ideales y la realidad. Los colombianos de bien de los que tanto se habla últimamente no son sólo una enfermedad, son un síntoma de la normalización de la desigualdad y el rechazo al otro. En un Estado fundado sobre la idea de un enemigo interno y con una oligarquía supremamente servil, los peligros de esa normalización son previsibles.
Ese «otro», que es mayoría, que no tiene oportunidades y ahora protesta en las calles, es hoy el enemigo interno al que el gobierno colombiano intenta combatir con todos los mecanismos posibles de lucha. Hacerles batalla política y darles tratamiento de guerra se ha convertido en una política de Estado. Y cuando la guerra es una política de Estado, la violencia se normaliza. Por una parte, porque se vuelve un aspecto inmutable de nuestra cotidianidad, por otra, porque aceptamos que exponer a los perpetradores ejerciendo violencia contra civiles desarmados no tiene consecuencias reales.
¿De qué otra manera podemos explicar que 800 asesinatos políticos en los últimos 3 años no hayan sido más ruidosos? ¿O que los 3.789 casos de violencia policial documentados por la ONG Temblores entre el 28 de abril y el 31 de mayo aún no hayan tenido consecuencias judiciales?
Este jueves, tras haber recorrido ciudades y comunidades a lo largo y ancho del país entre el 26 de mayo y el 3 de junio, la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de DD.HH. presentó un informe preliminar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia en el marco del paro nacional.
Las denuncias hechas en el informe son de sobra conocidas: asesinatos, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, desapariciones forzosas, violaciones y abusos sexuales, mutilaciones oculares, amenazas a los manifestantes, manifestantes calcinados, tortura, hostigamientos y persecución, limpieza social. La Misión concluye que el Estado Colombiano debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a su propio pueblo y como tal haber implementado prácticas de guerra contra la sociedad civil indefensa.
Esto, sin embargo, tampoco sorprende, pues desde que comenzó el paro nacional, la violencia ha sido la única manera en que el gobierno de Duque se ha relacionado con los colombianos que se manifiestan. Esto lo ha demostrado, entre otras maneras, al no firmar los preacuerdos logrados por autoridades locales y regionales con diversos sectores del paro, incluyendo el acuerdo para desbloquear. Por lo tanto, la violencia pareciera ser una estrategia intencionada del gobierno para obtener los objetivos deseados mediante la aniquilación de los «otros», que se convierten en obstáculos para su reelección.
A través de Duque, el Centro Democrático clama a gritos: «si yo me muero, el país se desangra conmigo». Y con ese último grito han normalizado la negación de la democracia y de los derechos humanos como su único proyecto político.
