La Fiscalía General de la Nación obtuvo condena de 11 años y 3 meses de prisión contra Edson Emérito Sánchez Moreno, representante legal de varias fundaciones sociales en el departamento de Córdoba, por participar en un entramado de corrupción en el que se desviaron y apropiaron recursos destinados para la atención de la población desplazada.
De acuerdo con el material de prueba, el sentenciado prestó su nombre para quedarse con dos contratos en la Secretaría de Salud de Córdoba, con el propósito de garantizar servicios integrales a las víctimas de desplazamiento forzado y prevención de factores de riesgo para las personas en condición de discapacidad.
Los citados contratos, cuyo valor superaron los $2.800 millones, fueron celebrados entre 2012 y 2013, en medio de múltiples omisiones a las normas vigentes. Adicionalmente, la Fiscalía demostró que el representante de las dos fundaciones firmó facturas, hizo cobros y presentó soportes de consultas, reuniones o entregas de ayudas humanitarias inexistentes.
Para simular que estos y otros servicios se cumplieron, el contratista falsificó informes técnicos y de ejecución, y reportó una nómina de personal que nunca estuvo vinculada. Sin embargo, se reportó que parte de los recursos del contrato fueron destinados al pago de salarios y prestaciones sociales.
Las evidencias dan cuenta de que parte de los recursos para atender a la población desplazada fueron entregados a terceras personas que participaron en las diferentes maniobras ilícitas detectadas.
Ante la contundencia de los elementos obtenidos y los argumentos de la Fiscalía, Edson Emérito Sánchez Moreno aceptó su responsabilidad en los hechos delictivos que se le atribuyen. En ese sentido, un Juez del Circuito Penal Especializado de Montería lo declaró responsable de los delitos de: peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y concierto para delinquir agravado.
El fallo ordenó el traslado del sentenciado a un centro carcelario para que se haga efectiva la condena. Asimismo, impuso multa de 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad de 135 meses para ejercer derechos y funciones públicas. La decisión es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de ley.
