La suerte está echada, lo anunciado el 7 de febrero de 2020 por el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, será una realidad. Los municipios de Coveñas, San Onofre, Lorica, Toluviejo, San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos y Palmito en Sucre y Córdoba, tendrán las obras prometidas, donde beneficiarán a unos 400.000 habitantes de los municipios citados.
Esta vez no tuvimos el placer de ver al presidente, pero bajo el inclemente sol playero y el confort del aula máxima de la Base de Entrenamiento de la Infantería de Marina en Coveñas, la jefe de Gabinete presidencial, María Paula Correa, quien por esos avatares de la política, tuvo su primer aparición en público, conjuntamente con el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, anunciaron la nueva buena…“las obras del pacto territorial del golfo del golfo de Morrosquillo ya tienen aval fiscal por parte del Consejo de Política Económica y Fiscal (Confis)”.
Para el Golfo, la región y el país, es una noticia de impacto social-económico de trascendencia, cuando el turismo es uno de los pilares que generan desarrollo por el ingreso de divisas, el reordenamiento de la renta, el mejoramiento de la balanza de pagos, la disminución del desempleo, el mejoramiento del PIB, mejor estándar de vida de la región, para un real aumento del recaudo de los impuestos que tanto se requiere para disminuir el persistente “hueco fiscal” que agobia al país año tras año.
La gerente de Pactos Territoriales, María Isabel Campos expresó que algunas obras serán entregadas en diciembre del 2021, y tienen una ejecución del 55,6%, específicamente en “la construcción del hospital regional, una marina, un megacolegio, un malecón, un centro Sacúdete y la estación de bomberos”. Para antes del 2025 se tiene planeado “el mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico, así como de la infraestructura de vías terciarias y aeroportuaria, el fortalecimiento de la sede del SENA, obras para la mitigación de la erosión costera y el mejoramiento de la conectividad digital”.
Lo aprobado en el aval fiscal para las obras anteriormente mencionadas corresponde a la suma de 1,1 billones de pesos. Ya en el 2020 el Gobierno había asignado recursos por $42.000 millones para mejorar 13,3 kilómetros de la vía entre San Antonio de Palmito y Santiago de Tolú en Sucre,108 kilómetros al corredor vial entre Santa Lucía y Moñitos, en Córdoba y 74,5 kilómetros para mejorar vías secundarias y terciarias de la región en Córdoba y Sucre.
Esas inversiones, si se hacen con trasparencia serán factores positivos para el impulso del país, en concordancia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) (antes objetivos del milenio), y mejorar los indicadores de los 17 grandes propósitos sociales que el gobierno y la ODS firmaron en marzo de 2018 conjuntamente con 193 países, tales como: “…protección de los recursos naturales, del medio ambiente y el patrimonio cultural, del uso sustentable de océanos y recursos marinos, erradicar la pobreza, la salud, impulsar la educación, igualdad de género, trabajo, infraestructura, cambio climático y justicia, entre otros. Todos ellos, planificados hasta el año 2030.
La importancia del sector lo define muy bien la Organización Mundial del Turismo y lo expresa de la siguiente manera: «El turismo tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas».
Pero, “todo no es color de rosa”, hay cosas que preocupan a las comunidades de bien y es el factor corrupción que tanto ha aporreado a los departamentos de Sucre y Córdoba, en especial a esos municipios que serán parte del desarrollo, cuando la historia ha demostrado que producto de inversiones anteriores en obras no realizadas o inconclusas, tenemos gobernantes, alcaldes, funcionarios, políticos involucrados en actos de corrupción y de seguro estarán al acecho de esos dineros para quedarse con una buena tajada. Es bueno que quede claro, que los corruptos no son solamente provincianos, sino, ideado por del desaforado centralismo corrupto y más cuando estamos a ad-portas de nuevas elecciones parlamentarias y de presidente de la República.
Uno de los tantos compromisos del gobierno estaba direccionado hacia la ampliación y dotación del aeropuerto de Tolú, sin embargo, su millonaria inversión no está contemplado en el aval, ya que el proyecto se encuentra en estudios y diseños, así como tampoco la reubicación del peaje “La Caimanera”, que es verdaderamente el principal obstáculo para el desarrollo de la región que actualmente está causado protestas de los Indígenas, autoridades locales, empresarios del sector y de la sociedad en general. Sería interesante una veeduría internacional a esos recursos.
