A pesar de las medidas gubernamentales para controlar el avance del Covid-19, en los últimos días asistimos a un descontrol ciudadano. Todo este desorden social ha incrementado el número de contagios y muertes con la percepción que la pandemia está fuera de control.
Esta realidad responde a una indisciplina social que obedece a la incapacidad de autorregulación de la ciudadanía en general; es decir, no tener conciencia de sus actos y establecer limites; aunque, viéndolo bien, este autocontrol requiere de un esfuerzo cooperativo, donde el Estado asuma no solo liderazgo, sino responsabilidad social con los sectores más vulnerables.
En situación de crisis, es un imperativo social y moral para poner en práctica principios de justicia y solidaridad. La justicia hace referencia al respeto y reconocimiento de los derechos de los individuos, la solidaridad exige reconocimiento y preocupación por el bienestar de los otros.
En estos momentos de crisis, en que asistimos, no como invitados, sino como víctimas de una forma de exterminio masivo y silencioso, es ineludible poner en práctica estos principios; solo así, seremos participantes de una comunidad que se convierte en ambiente protector de nuestra fragilidad.
Lo anterior, hace referencia a principios de carácter universal, que son válidos en cualquier parte del mundo, estamos viviendo una crisis planetaria que afecta a todos, crisis global que desnuda, no solo las fragilidades humanas y sociales; sino las profundas inequidades acumuladas históricamente; que evidencian el grado de degradación y pauperizacion social.
En este sentido, es necesario generar procesos de aprendizaje alrededor de normas de conducta que hagan posible ponerlo en práctica de manera consciente, sin necesidad de recurrir a la fuerza o la coerción normativa desde lo jurídico y moral.
Recordemos que antropológicamente hablando, la moral se convierte en un dispositivo que protege nuestra vulnerabilidad; vale decir, las normas morales lo que intentan es proteger la vulnerabilidad de las personas que adquieren una identidad y personalidad a través de un proceso de socialización; en consecuencia, están obligadas a solucionar dos problemas: “hacer valer la inviolabilidad de los individuos exigiendo igual respeto por la dignidad de cada uno de ellos, pero, en esa misma medida proteger también las relaciones intersubjetivas de reconocimiento recíproco en virtud de las cuales, los individuos pertenecen a una comunidad”.
Estos dos problemas que pretende solucionar la moral, se realizarán mediante dos principios; justicia y solidaridad. En este sentido, desde la Antropología, la moral se convierte en un dispositivo que protege nuestra vulnerabilidad. La vulnerabilidad humana se crea cuando desconocemos y dejamos de poner en práctica valores como la solidaridad, la fraternidad y la ayuda mutua; que permiten la cohesión humana y el construir comunidad.
Solo así, es posible un orden social que proteja nuestra vulnerabilidad. En los distintos momentos de la historia humana; indepediente de las crisis o fatalidades vividas, se ha necesitado del sentido de lo humano ejercido en términos práctico; lo humano, no como una condición fisiológica, sino como humanidad, la cual se construye y realiza desde una dimensión inmanente; es decir; lo humano y la humanidad son el resultado de nuestros actos.
Es a partir de lo que hacemos y como lo hacemos, lo que determina el resultado de nuestras acciones y comportamientos que se reflejan de manera colectiva. Cuando esto se realiza, la convivencia se armoniza plenamente; contribuyendo al reconocimiento de los derechos y dignidad de las personas que hacen parte de un grupo social, pero, igualmente tenemos que reconocer, que una comunidad requiere en sus procesos de socialización y convivencia, vincular los aspectos de derecho y dignidad, que son necesarios e indispensables; pero, no suficientes.
En cuanto la calidad de la convivencia, esta no se mide solamente por el grado de solidaridad, o por el nivel de bienestar, sino también, atendiendo hasta qué punto los intereses de cada individuo particular se tienen en cuenta por igual. Por ello, necesitamos la acción del Estado y la institucionalidad en función de la inclusión y justicia social. Un país que actúe en función de todos y para todos; independiente de la condición social, económica, política, geográfica, cultural, étnica, religiosa o sexual.
En este contexto tienen sentido los principios de justicia y solidaridad. Es necesario que el Estado vuelque su capacidad tributaria e institucional en función de proteger a los más vulnerables. Se requiere reactivar la economía ampliando los programas sociales, e invirtiendo en proyectos de desarrollo regional que implique la vinculación de fuerza de trabajo que genere empleo y alivie las precarias condiciones de vida de millones de colombianos. Lo anterior, exige justicia social y solidaridad.
