“El Distrito de Cartagena de Indias junto a la Contraloría Distrital toda la vida han hecho convenios marco de fortalecimiento. Se hacen porque nosotros somos una subcuenta del presupuesto del Distrito, es decir, quien crea la Personería es el Alcalde, que tiene facultades para crear, cuando la ley en su debido momento lo obligó; entonces se crea la Contraloría y esta no tiene personería jurídica, su representación jurídica la tiene el Distrito. Esos convenios se hacen porque el mobiliario que maneja la Contraloría y sus recursos provienen del Distrito”, explicó el Contralor Distrital, Freddys Quintero, haciendo frente a unas denuncias de Dau Chamat, relacionadas con el contrato de arrendamiento del inmueble donde funciona el ente de control ubicado en el barrio El Bosque.
Dau, señaló que Quintero tendría una persecución política contra su administración y que las razones serían las denuncias que ha hecho contra este y el haberse negado a pagar los conceptos por arriendo de las oficinas de la Contraloría
El Contralor aseguró que en el Secop está el contrato del que habla Dau, y que este no solo comprende el canon de arriendo, sino mobiliario y adecuaciones al inmueble donde funciona la Contraloría.
“En el 2019 el Distrito suscribió con la Contraloría un convenio marco de fortalecimiento del control fiscal, en el que la entidad territorial se comprometió a apoyar con la vigilancia de los bienes muebles del Distrito que están en la Contraloría. También nos iba a apoyar con estrategias de participación ciudadana y comunicación en las instituciones educativas para el proyecto ‘Contralores estudiantiles’, nos iba a apoyar con el arriendo de la nueva sede de la Contraloría –la de El Bosque– y con la adecuación y mobiliario de la misma. Con ocasión de ese convenio, en el 2019 el Distrito hace un contrato que es de arriendo con mobiliario”, explicó.
Dijo que además del arriendo, se iba a incluir el nuevo mobiliario, que era el que utilizarían los funcionarios y se hizo una adecuación de la sede de la Contraloría.
Señaló que con relación a las circunstancias de la contratación, que fue una relación que tuvo el Distrito con un contratista que desconoce, “yo no intervine ni en la etapa precontractual ni contractual, sino que solamente con ocasión al convenio marco recibí unos muebles y un inmueble para el funcionamiento de la Contraloría Distrital”.
Manifestó que en el Secop hay evidencias de un contrato firmado por la señora Jaqueline Ortega, donde se hace un arriendo con mobiliario y aparecen unas obligaciones donde el arriendo, según reporta la inmobiliaria con la que contrataron, pagaba para el 2019 unos $38 millones; lo demás incluía el mobiliario que se entregó. Y estamos hablando de que la Contraloría hoy es la entidad, después del Distrito, que tiene más funcionarios de planta, tiene 99 de carrera administrativa. Y el edificio que se contrata es de 4 pisos con cubierta o azotea con baños incluidos; cada piso tiene 270 metros cuadrados, donde se hicieron unas divisiones de oficina, y donde se hizo mobiliario que comprometía acometida eléctrica y aires acondicionados. El valor que se pagaba por arriendo era de $38 millones, lo demás tenía el valor que se daba por el arrendamiento de esos muebles a favor, un contrato como el que celebra esta administración del alcalde Dau y celebraron las demás administraciones con el edificio Porto”.
Asegura que desde que asumió este contrato, consiguió un menor precio del arriendo. “En el 2020 vuelve y contrata el Distrito –el arriendo–, en la administración de Dau, por $45 millones, un valor superior al que había contratado la administración anterior. Y adicional, en el 2020, cuando ya se termina el convenio del Distrito con la Contraloría y asume de manera directa la Contraloría con el presupuesto insuficiente que tenemos logramos, teniendo en cuenta la pandemia, conseguir el arriendo por $25 millones. Por eso digo que el señor Dau falta a la verdad al momento de señalar que se pagaban 105 millones en arriendo. Eso nunca se pagó en arriendo, y no lo señalo yo, es una evidencia que se puede ver en un contrato suscrito entre el Distrito y Rosario Hernández. Las cifras lo evidencian, el 2020 fue el año donde más se pagó en arriendo en plena pandemia”, advirtió el funcionario.
